Mucho se ha escrito sobre la implementación de los acuerdos, como que a los primeros cien días de la primera etapa del proceso, las zonas veredales no han sido terminadas estructuralmente, el proceso de desarme va lento, el listado de los hombres y mujeres integrantes de las FARC aún no está completo y no hay agilidad en el trámite de las amnistías. Es notable una falta de compromiso de las partes.

Sin embargo, vale la pena hablar de la creciente organización de la sociedad civil por volcarse a proteger los sistemas naturales que también fueron víctimas del conflicto armado o que en la mayoría de las ocasiones estaban bajo la guardia de las FARC.

Y es que este hecho merece ser resaltado por el valor ecológico que fomenta en la sociedad. Por ejemplo, las familias sobrevivientes de la guerra en Brasilar en los Montes de María (Bolívar) están aprendiendo a proteger las fuentes hídricas, a reforestar los nacederos de agua y ayudar a conservar la biodiversidad de la región. También en San Jacinto se han comprometido a desarrollar la agricultura de una manera sostenible y amigable con el ambiente.

A su vez, un grupo de jóvenes universitarios, entre ellos una antropóloga, un literato, cuatro ecólogos, una bióloga, dos periodistas, una socióloga y una enfermera, emprendieron  una expedición a lo largo del Guaviare, territorio que por más de treinta años estuvo bajo el dominio y las reglas de las FARC. Su objetivo, además de ser científico e investigativo, también es conocer la reacción de los insurgentes que se encuentran en la zona de transición de Charras respecto de la tarea que ellos adelantan en la zona.

Además un hecho reciente, como el resultado de la consulta popular en Cajamarca (Tolima), en el que el “no a la minería” triunfó, demuestra que la ciudadanía está tomando conciencia de asuntos que antes carecían de relevancia o que no eran prioridad, como lo son la preservación de los recursos naturales sobre la explotación desmedida de esta locomotora.

Lo anterior refleja la necesidad apremiante de un acto de reconciliación con la naturaleza, en el que nos sensibilicemos a favor de los ecosistemas. Defender el patrimonio natural colombiano a través de acciones enfocadas a preservar el derecho colectivo a un ambiente sano y a resguardar la fauna y la flora nativa es la revolución con la que nos debemos movilizar y a la que debemos invitar a las nuevas generaciones.

De esta manera, Helena Durán (Investigadora de DeJusticia), mediante su libro “La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo”, sugiere una serie de oportunidades que nacen a partir de la cesación del conflicto armado como lo son el ecoturismo, el biocomercio y el fortalecimiento de la investigación científica y social alrededor de la academia. Buscando básicamente evitar la degradación ambiental y generando un incentivo social para que los ciudadanos se comprometan desde la individualidad a defender las riquezas naturales.

Sin más, la invitación es a apropiarnos de mecanismos que ayuden a conservar nuestros recursos naturales, desde la adopción de una cultura de reciclaje, el ahorro de agua y el respeto por los demás seres vivos que conviven con nosotros en el planeta. Todo porque desde siempre ésta tuvo que ser la prioridad (además de la educación) en vez de ocuparnos tanto tiempo en la guerra.

@Lore_Castaneda