Tan cuestionable como polémica resultó ser la propuesta de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que por medio de una carta dirigida a Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, sugirió retomar su viejo proyecto de Ley para dar carácter obligatorio al servicio militar para las mujeres. El plato está servido.
Es muy discutible, no porque las mujeres no tengamos las mismas capacidades físicas y mentales para llevar a cabo labores de guerra que impliquen actos de fuerza y coraje, como alguna vez lo mencionó la Procuraduría General de la Nación en el año 2016 (no hace falta mencionar el titular del cargo capaz de afirmar semejante cosa), sino porque sigue latente la idea de infundir mentalidades guerreristas en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres, eso sí “sin importar la clase social”, como ella misma lo asegura en la mencionada misiva. Pero bien sabemos quiénes son los que se ponen las botas para defender la patria.
Como un dato curioso, les cuento que en ocho ocasiones ha sido demandado el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 por considerarse que existe una restricción constitucional de ciertas actividades desarrolladas por la mujer en el servicio militar voluntario frente a la igualdad entre hombres y mujeres y, me permito citar el artículo con el fin de resaltar que la mencionada propuesta nada tiene que ver con una solución estructural de la desigualdad de género en las instituciones:
“Artículo 10. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad. || PARÁGRAFO. La mujer colombiana prestará el servicio militar voluntario, y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo determine, en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país y tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley no importando la modalidad en que se preste el servicio.” (Subrayado fuera de texto).
La mandataria no está defendiendo precisamente la paridad en las funciones dentro de las fuerzas militares o que la construcción de capital social esté a cargo de todos; si fuera así exigiría más nombramientos de altos cargos en las filas del ejército de mujeres que seguramente son igual de capaces que los hombres. Para las cifras, por lo menos en el Ejército, solo ha sido nombrada en el año 2013 como brigadier general la señora Paulina Leguizamón-después de 200 años-. Por ahora y según la normativa vigente, las mujeres serían reclutadas para labores administrativas o tareas de apoyo logístico, es decir, continuaría la exclusión histórica de las tareas en las mujeres, y la dominación de un género sobre el otro.
Ahora, la discusión no se centra en si las mujeres deberían prestar de manera obligatoria o no el servicio militar. El fondo del debate está precisamente en que la sociedad en su gran porcentaje no está de acuerdo con su la militarización y que cierto nicho de la población sea el que siempre escape a las excepciones a este reclutamiento, o porque no tienen cómo pagar la libreta o porque no lograron acceder a la educación superior.
Entonces, una vez más, la propuesta de la señora Vicepresidenta está dirigida a alimentar un modelo que fuerza a una parte de los ciudadanos en poner en riesgo su vida, más que evitar o frenar abusos sexuales de una institución militar hacia la comunidad que jura defender. Lejos estamos de una Colombia que prefiera invertir en la educación de los recién graduados porque en su política militar aún predomina la lógica de retenerlos en sus filas combativas en su edad más productiva.
@Lore_Castaneda