Por: Gustavo Vega Villamil
Presidente de ACH COLOMBIA
El sector financiero está inmerso en una tendencia irreversible de digitalización, las entidades financieras están invirtiendo millonarias sumas de dinero en nuevas tecnologías para sumarse al tren de la transformación digital. Estas innovaciones han demostrado grandes beneficios para las entidades y sus clientes, aprovechando tendencias como analítica, Blockchain, procesamiento en la nube e inteligencia artificial, y ofreciendo servicios como pagos con código QR, transferencias inmediatas y pagos sin contacto.
De igual forma, bajo la actual coyuntura mundial, la seguridad ha cobrado mayor importancia en la medida en que los servicios digitales financieros están siendo más utilizados. Cada día son más el número de compañías y usuarios que utilizan las diferentes plataformas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras.
Sin embargo, la otra cara de la moneda evidencia también un amplio y rápido crecimiento de los delitos informáticos, y si bien la ciberdelincuencia puede atacar la infraestructura de una empresa, publicar información falsa o tomar datos de sus clientes, los costos de estos escenarios no solo se limitan al reemplazo de los servicios o artefactos afectados, sino también al pago de multas de alto valor y al incalculable impacto reputacional para las empresas impactadas.
La mayoría de estos intentos de ciberataques, que se conocen como exploits, son programas o códigos que aprovechan las debilidades de las aplicaciones o de los sistemas para que estas sean controladas por los atacantes. Los exploits en sí no constituyen un código malicioso, pero sí son la llave para que los cibercriminales accedan a los sistemas y puedan tener información muy valiosa de los usuarios.
De acuerdo con el informe titulado: “Tendencias Cibercrimen Colombia 2019-2020”, presentado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT, el delito informático más denunciado en Colombia es el hurto por medios informáticos con un total de 31.058 casos. Así mismo, datos del Centro Cibernético de la Policía Nacional concluyen que, durante la temporada de aislamiento obligatorio, la actividad maliciosa en internet se ha incrementado en un 150 %, detectándose alrededor de 200 páginas web con contenido malicioso que buscan realizar todo tipo de delitos a través de este medio.
Desde hace varios años, el Gobierno Nacional viene trabajando en el diseño y la implementación de una estrategia de ciberseguridad nacional integral. De hecho, en 2011 se aprobó el CONPES 3701 que definió una política pública orientada a fortalecer las capacidades del Estado en esta materia y, a la vez, establecer espacios y mecanismos de articulación de las diferentes instituciones estatales y privadas en este sentido. Así mismo, la Superintendencia Financiera ha emitido varias normas tendientes a reforzar la seguridad y la ciberseguridad en las entidades vigiladas, buscando garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de sus clientes.
De igual forma, frente a esta inevitable situación, los diferentes jugadores del sector financiero trabajan incansablemente en estrategias corporativas y tecnológicas y realizan importantes inversiones en infraestructura que les permitan blindarse ante estos ataques.
Las autoridades competentes y los actores del sector deben seguir trabajando en conjunto para brindarles a los ciudadanos la tranquilidad suficiente para que continúen utilizando los diferentes servicios y plataformas que el ecosistema les provee, y que así se siga aportando al desarrollo económico y social del país.
Sin embargo, el éxito para mitigar los ciberataques depende de todos. Es importante que las personas también tomen conciencia de la importancia de proteger sus datos, de hacer uso de plataformas confiables, de no brindar información confidencial en sitios o a personas desconocidas y tener la mayor precaución posible con el uso de sus servicios financieros para poder disfrutar de sus beneficios, sin correr riesgo alguno.