La redistribución de la tierra ha sido y sigue siendo una de las banderas de los políticos de izquierda en toda América Latina. La causa de esto se fundamenta en el argumento marxista denominado como la “acumulación originaria de capital”, un proceso histórico que definió Karl Marx como etapa previa al capitalismo, en el cual un grupo se convierte en propietario mediante un proceso de concentración y acumulación de riqueza, resultando en la expulsión de los campesinos de sus tierras y forzándolos a vender su fuerza de trabajo como medio de subsistencia. Sin embargo, esta interpretación de lo que fue el feudalismo europeo y el surgimiento del latifundio en América Latina, solo alimenta el concepto de “lucha de clases” pero no ofrece ninguna solución para los problemas agrarios del siglo XXI.
Este marxismo político latinoamericano ha intentado de diversas formas ejecutar como medida populista una Reforma Agraria, fracasando reiterativamente a causa de una planificación ideológica que desconoce las condiciones y realidades productivas del campo. Así, la propiedad de la tierra es la obsesión de los gobiernos de izquierda, pero no se detienen a solucionar la necesidad de modernización de las estructuras productivas agrarias. Lo anterior, se traduce simplemente en la reducción de los costos de producción del campo (insumos, concentrados, suplementos, etc…), y además la revisión y planificación eficiente de las cadenas de comercialización para mejorar los ingresos del productor y ofrecer un precio accesible al consumidor final. Sin estos cambios de fondo, los pequeños campesinos propietarios e incluso los medianos productores, se verán continuamente forzados a vender sus tierras, agobiados por las deudas, los créditos, el alto costo de la mano de obra y de los insumos agrarios necesarios para la producción agropecuaria.
Varios experimentos de reformas agrarias produjeron en los países socialistas de Europa del Este y en Cuba, el fracaso y el derrumbe de la producción agraria interna, obligando a la población a consumir los productos básicos mediante las nefastas “cartillas de racionamiento”. Más catastrófico fue el caso de la China comunista de Mao, durante el llamado “Gran Salto Adelante”, donde el fracaso de la política agraria produjo una hambruna cuyas cifras aún son desconocidas, pero que se estiman en un máximo de 50 millones de personas, la población actual de todo el territorio colombiano. Por otro lado, si en las ciudades el trabajador urbano no es dueño de la empresa, con el pesar de los políticos de izquierda que sueñan con la colectivización de las grandes industrias al mejor estilo soviético, donde el Estado es el dueño de todo. En términos generales, las condiciones de vida del trabajador urbano han mejorado con respecto al contexto laboral de hace un siglo; esto no sucede en el campo, donde las condiciones de vida del campesino han cambiado muy poco en el mismo periodo de tiempo. Así mismo, el trabajador rural no necesariamente debe tener una propiedad agraria dedicada a la producción de excedentes para los mercados, salvo la que le garantice las condiciones básicas de vida para la vivienda y una pequeña parcela para atender su consumo diario. Esto sonara chocante al lector, pero ¿Si todos los trabajadores rurales son propietarios de unidades productivas?, ¿quién las va a trabajar? ¿Si todos los obreros de una fábrica son dueños de la empresa?, ¿quién va a operar las maquinas?
El reto del gobierno debe ser el de mejorar las condiciones de vida del campo, garantizando el acceso a los servicios públicos con una mayor cobertura de salud y educación; y por supuesto, el mejoramiento de la red vial que le permita comercializar sus productos con mayor facilidad y a menor costo. La realidad agraria de Colombia es muy diversa, extensas propiedades en el Caribe y los Llanos, y una mayor presencia de pequeñas parcelas en las regiones de las cordilleras y el altiplano. La situación del campo colombiano es sumamente compleja, y no se soluciona mediante proyectos ideológicos que anuncian reformas agrarias o la obligación del propietario de vender al mejor postor el trabajo de toda de su vida, a razón de que no cumple las imposiciones tributarias que anuncia el nuevo gobierno.
El productor agrario colombiano se enfrenta nuevamente a otra oportunidad perdida de mejorar sus condiciones de vida y aprovechar el potencial de la tierra en Colombia.