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Para un amplio sector de la opinión pública, las Fuerzas Militares y la Policía son una fuerza represiva, responsable de crímenes contra la población civil, siendo estigmatizados por los llamados “falsos positivos” que efectivamente generaron miles de muertes y cuyos responsables han sido en múltiples casos condenados, incluso antes de la existencia de la Jurisdicción Especial de Paz, ya que muchos de ellos, detenidos en cárceles, han acudido a este espacio debido a los incentivos de libertad y reducción de penas (paradójicamente los mismos incentivos de los integrantes de las FARC-EP) pero sin los beneficios políticos y económicos que gozan ampliamente los exguerrilleros.

Mientras que el nuevo gobierno debate sobre la reestructuración de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para convertirlas en fuerzas de paz, la historia del conflicto armado nos muestra los cientos de miles de muertos que los militares y policías han entregado en el cumplimiento honesto de su labor en más de medio siglo de violencia en Colombia, y que en el presente siguen siendo invisibilizados debido a la actuación criminal de algunas “mazanas podridas” dentro de estas instituciones, y principalmente a la manipulación histórica que realizan los sectores de la izquierda y el progresismo, en su afán de reescribir la verdad del conflicto y justificar los crímenes de las guerrillas bajo un manto ideológico.

El dolor de estas familias es indescriptible, sumado al olvido de la sociedad civil y al abandono del Estado ante las dificultades económicas de quienes perdieron a sus familiares por el hecho de portar un uniforme. Con mucha tristeza tuve que ser testigo del rechazo que reciben los padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas de aquellos militares asesinados por una mina, durante el inhumano secuestro o aquellos que fueron ejecutados a sangre fría por llevar a cabo el cumplimiento de su deber constitucional. Son innumerables las organizaciones de víctimas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones de cooperación internacional que discriminan en todo el territorio nacional, a quienes lloran y exigen el mismo trato de víctimas, para aquellos militares y policías asesinados por grupos criminales. Incluso desde el Estado colombiano, instituciones como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se niega a reconocer como víctimas del conflicto a miles de familias de miembros de la Fuerza Pública, en donde al parecer la prioridad y todos los recursos se enfocan a las víctimas de los denominados “crímenes de Estado” en el afán de blindar políticamente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC-EP.

Recientemente, hemos visto las noticias de policías asesinados por el “Clan del Golfo” y las disidencias de las FARC-EP, pero la recopilación de crimines atroces contra militares y policías es extensa y vale la pena recordar alguno de ellos para crear conciencia de que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, aunque algunos de sus miembros fueron victimarios en masacres, han sido las victimas históricas de un conflicto armado promovido por grupos guerrilleros de izquierda que pretendieron mediante una horrible violencia y luego con su alianza y participación en el negocio del narcotráfico, llegar al poder político mediante la llamada combinación de “todas las formas de lucha”, convirtiéndose en los principales responsables de la interminable cosecha de muerte y destrucción que ha sufrido Colombia en más de medio siglo.

El olvido de estas víctimas inicia desde la propia “Comisión de la Verdad”, que no incluyó en su informe los testimonios de las familias de los 38 militares asesinados por las FARC-EP el 8 de julio de 1999 en el municipio de Gutiérrez, departamento de Cundinamarca. Los militares, que en su mayoría tenían entre 19 y 20 años, una vez capturados tras el ataque de aproximadamente 500 guerrilleros al mando de Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, fueron amarrados, cruelmente torturados y asesinados por los guerrilleros de las FARC-EP, mientras que algunos militares sobrevivientes que lograron ocultarse escuchaban la celebración y la sevicia con la que sus amigos y compañeros de servicio eran uno a uno asesinados. Sobre este caso, donde se cometió una de las masacres más horribles de la historia del conflicto armado colombiano, los comisionados y el padre Francisco de Roux guardaron y permanecen en silencio. Esto es sólo un ejemplo de los cientos de casos que han sido invisibilizados por la “Comisión de la Verdad” y otras instituciones como por ejemplo el “Centro Nacional de Memoria Histórica”, que tan solo en los últimos años, abrió un espacio más amplio de reconocimiento a estas víctimas y sus familias.

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Historiador y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Historia de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla - España. Cuento con algo más de 20 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos, papers y otros documentos. Entre mi experiencia profesional se encuentra mi trabajo por cinco años en proyectos de memoria histórica para las Fuerzas Militares, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el IGAC.

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