Como lo hemos comentado en este blog, hasta hace poco tiempo la hepatitis C era una enfermedad incurable. Afortunadamente hoy no lo es pues gracias a esfuerzos investigativos realizados por determinados gobiernos y laboratorios farmacéuticos, el mercado cuenta con unos medicamentos, denominados “antivirales de acción directa” (AAD), que tienen el poder de curar la enfermedad en un 94% de los casos.

El problema es que, debido a sus precios exorbitantes, que en Colombia llegan hasta $100 millones de pesos el tratamiento de 12 semanas, los AAD sólo están al alcance de un pequeño porcentaje de las 60.000 personas que de acuerdo con el Ministerio de Salud los requerirán entre 2018 y 2030, con el riesgo para los demás de que la infección degenere en cirrosis o cáncer hepático, dos agravantes mortales.

Frente a esta realidad, el 28 de octubre de 2015 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Ministerio de Salud declarar los AAD de interés público, requisito necesario para que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgue a uno o más laboratorios licencia para producir y comercializar versiones genéricas con precios asequibles. La experiencia internacional ha demostrado que este tipo de licencias, denominadas “licencias obligatorias”, al abrir las puertas a la competencia de los genéricos reducen los precios de los tratamientos hasta un 98%, lo que salvaría la vida de miles de infectados por el virus.

En el caso de los AAD una caída de precios de esta magnitud es factible, ya que el costo de producción del tratamiento que aquí se vende en $100 millones, es de únicamente 76 dólares, o sea aproximadamente $200.000 pesos. Por eso en Egipto, India y otros países los genéricos tienen un precio promedio de 200 dólares el tratamiento de 12 semanas. Médicos Sin Fronteras consiguió el año pasado para sus programas de ayuda humanitaria un precio de 120 dólares.

Infortunadamente, este beneficio no se ha materializado aún en Colombia porque la solicitud de la sociedad civil avanza a paso de tortuga. En efecto, el Ministerio de Salud disponía de un término de 90 días para decidir si adelantaba o no la actuación administrativa correspondiente y se tomó 783. Es más: sólo procedió después de que lo requirió la Corte Constitucional (auto del 9.02.2016) y se lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fallo del 24.10.2017). Y aunque la actuación administrativa se inició hace 4 meses, esta es la hora en que ni siquiera se ha creado plenamente el Comité Técnico encargado de estudiar el caso y recomendar o no la declaratoria de interés público, ni se han decretado pruebas.

Utilizando una expresión de origen griego, diríase que la solicitud en cuestión “duerme el sueño de los justos”. Es decir, según el Diccionario Abierto Español, “está trancada, dejada de lado, durmiendo en el cajón o el escritorio de alguien”.

Ojalá despierte ya, sin más dilaciones, porque de ella dependen la vida de miles de colombianos que no tendrán acceso a los AAD contra la hepatitis C sino cuando ingresen al mercado las versiones genéricas con precios asequibles. Cuando gracias a los genéricos los precios de estos tratamientos se acerquen a los niveles de India y Egipto y al importe pagado por Médicos Sin Fronteras.

Por si acaso, no sobra recordar (1) a los amigos del monopolio farmacéutico que la salud y la vida de las personas están por encima de los intereses comerciales, por cuantiosos que éstos sean y (2) a la Superintendencia de Industria y Comercio que lo que importa no es la cantidad sino la calidad de las patentes, y que, si en AAD se hubieran negado las de mala calidad, por esta vía también hubiéramos podido tener más pronto genéricos con precios justos. Justamente esta semana en EEUU la Corte Suprema reafirmó la importancia de asegurar que el sistema de patentes funcione responsablemente mediante la concesión de patentes que cumplan estrictamente los requisitos necesarios para obtener el privilegio del monopolio.