La valiente denuncia de la periodista María Alexandra Cabrera sobre su experiencia laboral en ‘Los informantes’, un programa de análisis y opinión que cuenta historias a través de crónicas, perfiles y entrevistas, no solo causó controversia en las redes sociales, fue terapéutico para otras personas que han vivido en carne propia el acoso laboral.

En su publicación “Los abusos del trabajo”, María Alexandra revela el maltrato que recibió por parte de la directora de este programa de Caracol TV, María Elvira Arango, y cómo detrás de cámaras se camufló un juego psicológico entre los mismos compañeros de trabajo; la descalificación profesional, el abuso de poder, que convirtieron su labor periodística en un calvario.

El acoso laboral es un mal silencioso que sin lugar a dudas incide en los altos índices de depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia que tenemos en Colombia y se da tanto en empresas públicas como privadas. Juanita Restrepo, una psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana, decidió seguir el ejemplo de María Alexandra y hablar sin temor sobre una experiencia que la dejó marcada de por vida.

Juana, como le dicen sus amigas, relata que los primeros años en la Superintendencia de Sociedades fueron gratificantes, pero con el tiempo se convirtió en su peor pesadilla, por eso no duda en decir: “estas entidades son atrapa sueños, si bien te pagan a tiempo, tienen buenos beneficios, primas, bonificaciones, etc, el ambiente laboral es muy nocivo. Recuerdo que en mi escritorio siempre tenía la foto con la nevera de mi casa, para recordar que estaba allí, para llevarle de comer a mis tres hijos”.

Como Coordinadora del Grupo Administrativo pudo demostrar su capacidad profesional al implementar el registro con huella digital para todos los funcionarios y la creación del código de barras para el inventario del almacén de la entidad. A sus muchos logros se sumó un programa especial para que los jóvenes de servicios generales terminaran su bachillerato, sin saber que algún día ellos serían sus compañeros de puesto.

Respirando profundamente la psicóloga dice: “cuando mis jefes sintieron que no les era útil empezaron a aburrirme a tal punto que con un memorando me mandaron a recoger unos guantes de carnaza, una careta y una bata, porque había sido traslada al archivo de la entidad, de ahí me pasaron a realizar llamadas en el call center de Atención al Ciudadano. Muchos me decían que debía estar agradecida con la Super porque todavía tenía trabajo, pero como he sido siempre contestona les decía: no me están regalando nada, me pagan por mi trabajo, porque soy una profesional calificada”.

Con el tiempo Juanita sintió que su autoestima, honra e imagen profesional se fueron deteriorando mientras era víctima de la exclusión por parte de sus propios compañeros de trabajo y acusada injustamente por detrimento patrimonial ante la Procuraduría por haber implementado el código de barras. Su stress aumentó y su tensión arterial estaba descontrolada, hasta que un día colapsó.

Apretando sus labios narra: “quedé tirada en el piso por dos horas pues no había oxígeno, ni servicio de ambulancia en la Super y nadie se atrevía a trasladarme. Tuve un accidente cerebro vascular causado por todo ese maltrato emocional. El doctor que me atendió me dijo que mis secuelas eran porque me auxiliaron demasiado tarde. Hice mis terapias juiciosas, pero regresé al trabajo vuelta una miseria, ellos me declararon insubsistente. Entonces demandé a Supersociedades, quería que se hiciera justicia y tuvieron que reintegrarme. Al poco tiempo renuncié”.

Hoy Juanita vive con sus limitaciones, no se dio por vencida y está en un trabajo libre de este ambiente toxico. Sin embargo, cada vez que pasa por la calle 26 se le acelera el corazón y no puede evitar pensar en todos esos compañeros de la Super que son pacientes de la clínica de psiquiatría La Inmaculada por sus continuas crisis de depresión y ansiedad. Lo más triste es que la entidad no escatima recursos para medir el clima laboral, pero de nada sirven las quejas ni las denuncias, porque es un círculo vicioso, por eso concluye diciendo: “llené la nevera, alimenté mis hijos, pero perdí mi calidad de vida, tengo unas secuelas que no tienen cura. No les dé miedo enfrentar el acoso”.

El acoso es un delito


Desde Barcelona, Ana Lombard, terapeuta francesa experta en gestión del estrés y las emociones, autora del libro ‘#PositiveStress’, fundadora de iDSTRESS mobile App declara con firmeza: “que quede muy claro: el acoso es un delito. La persona que lo sufre no es culpable de nada, usted es la víctima y no es quien va a ser juzgada.”

Sin conocer los casos de María Alexandra o Juanita en Colombia, la terapeuta francesa se apresta a decir que el acoso puede ser físico, pero también mental o emocional y explica: “María, una de mis pacientes, es una joven atractiva, con ambiciones laborales, pero esto no da poder a nadie de hacerle chantaje, amenazar su dignidad o lanzarle cualquier amenaza profesional, por eso comencé mi sesión con ella explicándole por qué el acoso es un delito”.

Para Lombard, una persona que vive esta situación puede sentirse frágil y hasta «fracasada», tan humillada que poco a poco siente que la vergüenza y la culpabilidad la invaden y explica: “María me dijo que lo peor era sentirse impotente por no poder auto-defenderse, lo cual le causaba además mucha rabia hacia ella misma. Como terapeuta, mi consejo siempre es buscar ayuda y no esperar mucho tiempo. No debes dejarte criticar de manera injusta o humillante cuando estés sola o en público; no aceptes ninguna agresividad física ni verbal. Si vives en el estrés de ir a trabajar pide una cita a tu médico, terapeuta o psicólogo; ellos te pueden ayudar. Pero sobretodo no te dejes desbordar por ningún sentimiento de culpabilidad o de inferioridad”.

En su libro ‘#PositiveStress’, Ana habla de dos tipos de egos: uno es el negativo, lo que sería el egocéntrico, pero el otro es el existencial. El ego que nos salva porque nos transmite que todos tenemos los mismos derechos: a la dignidad y al respecto. Por último, ella aconseja: “confíe en usted mismo, porque es una buena persona”.

El viacrucis legal

Una tercera voz se une al rechazo de este fenómeno, es Mónica Fernanda  Morales Jiménez , quien era Jefe de alimentos de una multinacional, pero fue despedida  por visibilizar el maltrato laboral por parte de dos gerentes, incluyendo uno del área de Recursos Humanos. Fue tal la persecución que, de 14 miembros del staff entre jefes y líderes, todos fueron despedidos y el 60% eran mujeres.

Mónica Fernanda demandó, pero a pesar de tener sus testigos y pruebas físicas, el juez decidió darle la razón a la multinacional. Con pesar agrega: “sentía que la pelea estaba perdida, me sentí decepcionada, quedas aburrida, ojalá acaben o modifiquen la ley porque protege más los intereses de los poderosos. Después de mi salida supe que la gerente de R.H fue despedida por persecución laboral y la otra persona fue trasladada a Cali.

La abogada de Mónica Fernanda, Carolina Guevara Larrota, especialista en derecho laboral y seguridad social, explica que el acoso laboral en Colombia está regulado por la ley 1010 del año 2006 y que ha sido sin duda una herramienta para que los trabajadores, subordinados o contratistas puedan acceder a dirimir conflictos que se generen en virtud de relaciones de trabajo abusivas. Sin embargo, la ley no implica una efectividad o un camino fácil, por el contrario, cuando un trabajador, empleado o contratista decide irse por el camino legal, debe afrontar varios desafíos.

El primero es que la modalidad de acoso sea explicita, pública y pueda ser probada, de tal forma que el juez pueda, sin duda, proteger los derechos. Lo presente tiene un paso tortuoso para el trabajador, pues la modalidad de acoso o maltrato laboral debe ser evidente, situación difícil en varias ocasiones, pues los empleadores o agentes generadores se cuidan de no dejar evidencia, y el maltrato se vuelve privado e íntimo, casi imperceptible.

Por otra parte, la caducidad de la acción judicial es de 6 meses, por lo que el paso del tiempo y los actos acontecidos con anterioridad, la gran mayoría de operadores judiciales, ni siquiera lo tienen en cuenta. Situación que evidentemente requiere una atención y una pericia de la defensa jurídica en demostrar que el maltrato o acoso laboral, en cualquiera de sus modalidades, fue sistemático y reiterativo.

El tercer gran escollo procesal de acuerdo con Guevara Larrota es sin duda que la defensa jurídica es quien debe probar el acoso y además rebosar, e ir más allá de la sana crítica y el libre convencimiento del operador judicial, pues muchos de estos definen o acogen las pretensiones de la acción legal a favor del trabajador cuando solamente existe certeza sin lugar a duda. Es decir, la duda en este caso jamás favorece al trabajador que demanda. De hecho, solo el 20% de los fallos de acoso laboral acogen las pretensiones de los demandantes, situación que para Carolina sería un muy buen estudio de investigación.

Asimismo, la abogada explica: “ la prueba testimonial se constituye en el único mecanismo viable, idóneo y efectivo para poder probar el acoso laboral en todo sus modalidades: maltrato, persecución, discriminación laboral, inequidad laboral, entorpecimiento laboral y desprotección laboral»; situación que es difícil toda vez que los compañeros de trabajo igualmente subordinados se abstienen muchas veces de dar testimonio frente a la autoridades administrativas y judiciales laborales por miedo a la retaliación, que si bien es cierto también es castigada, es la camisa de fuerza para no avanzar en investigaciones o descubrimiento de hechos.

Para concluir, Carolina Guevara Larrota sostiene: “muchos de los operadores, jueces, magistrados y funcionarios del Ministerio de Trabajo deben ser educados y capacitados frente al tema. En el caso particular de Makro, en el cual fui abogada defensora, el operador resultó diciendo: “si bien se pudo evidenciar un ambiente hostil a nivel laboral, no constituye ninguna modalidad de acoso, se evidencia solamente desavenencias entre funcionarias y su jefe inmediato”. Así las cosas, si no se cambia la mentalidad de los operadores judiciales difícilmente se puede transitar a relaciones laborales basadas en el respeto, la buena fe y el equilibrio contractual.

@NataliaGnecco