Un caso exitoso en la región que demuestra que el etiquetado claro y eficaz de los productos puede influir positivamente en los hábitos alimenticios de los consumidores.

Por: Carolina Mila y Diana Guarnizo*

En julio de este año se discutió en el Congreso un proyecto de ley conocido como Ley de la comida chatarra que buscaba volver obligatorio el etiquetado claro y frontal de los productos alimenticios y no le hacía mucha gracia a la industria. El gremio hizo tanta presión que la ley fue modificada hasta quedarse sin dientes: el etiquetado en este proyecto de ley que quedó como obligatorio fue el GDA, un etiquetado confuso, de difícil lectura y comprensión que actualmente la industria utiliza en el país de manera voluntaria y según su propio criterio.

Foto: Etiquetado GDA

Hace un mes varios congresistas presentaron un nuevo proyecto de ley de etiquetado (PL 124 de 2018 que insistía en necesidad de un etiquetado de advertencia frontal, claro y eficaz, como el utilizado en Chile, por el derecho al acceso a la información de los consumidores –pero que no tuvo ningún debate este año–.

Foto: Etiquetado frontal de advertencia

Sobre el tema hablamos con la Dra. Lorena Rodríguez, la médico pediatra chilena, que dirigió el Departamento de alimentación y nutrición del Ministerio de Salud en Chile, cuando se creó la Ley de Etiquetado en ese país: una ley pionera en América Latina, no solo en temas de etiquetado sino de publicidad de alimentos dirigida a menores de edad.

En Chile, según la Dra. Rodríguez, a penas dos años después de implementado el etiquetado oblitagorio de sellos de advertencia en alimentos altos en azúcar, sodio y grasa, estudios realizados por el Minsiterio de Salud demuestran que apenas del 75 al 80% de la población se guía por esta convención, lo cual, “demuestra el éxito de la medida”.

¿Cómo se crea la Ley de Etiquetado en Chile?

Cuando se empezó a plantear esta estrategia en Chile la situación epidemiológica nutricional era –y sigue siendo– muy grave: más del 25% de los niños en etapa escolar sufrían de obesidad y más del 50% de exceso de peso, y más del 70% de los adultos sufrían de obesidad o sobrepeso. Estos porcentajes ligados a las complicaciones relacionadas con obesidad como la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes, los infartos agudos al miocardio, los ataques cerebrovasculares y los distintos tipos de cánceres que están vinculados a la dieta, hacían necesario que el Estado interviniera con políticas públicas más estructurales, de índole regulatoria y legislativa, para combatir esta epidemia.

¿En qué consiste esta ley?

Esta ley tiene tres ejes: uno de ellos es el etiquetado frontal de advertencia, que son los ya conocidos octágonos negros con letras blancas que advierten el alto contenido de calorías, de grasas saturadas, de sodio y de azúcares. El segundo eje es la prohibición de la publicidad dirigida niños de cualquier alimento que tenga estos octágonos, o que supere los límites aceptables que estableció el Ministerio de Salud para calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares. Y un tercer eje que prohíbe la venta, publicidad y entrega de cualquiera de estos alimentos en los establecimientos de educación prebásica, básica y media.

¿No fueron suficientes los programas pedagógicos al respecto?

En Chile teníamos una experiencia de más de 15 años con políticas de promoción de la salud a través de estrategias educativas como seminarios, talleres, e intervenciones comunitarias esporádicas, pero nos dimos cuenta de que todo este trabajo no había tenido ningún impacto en las cifras de obesidad o enfermedades relacionadas y que, por el contrario, estas cifras habían seguido incrementando. La evaluación de estas estrategias de promoción demostró que eran ineficaces o insuficientes. Entonces nos dimos cuenta de que era muy necesario potenciar las políticas más estructurales para cambiar el ambiente, el entorno. Era necesario que los consumidores tuvieran una información más clara sobre los alimentos, y que el estímulo para los niños disminuyera en términos de marketing en sus casas y en sus colegios.

¿Y cuál ha sido el impacto en términos generales?

Esta norma entró en vigencia en junio del año 2016 y las primeras evaluaciones fueron a los seis meses y luego al año. Y ahora, probablemente va a haber una nueva evaluación al año y medio, a los 18 meses. Pero en todas estas evaluaciones, tanto del Ministerio de Salud como del mundo académico estatal o independiente, incluso algunas empresas privadas, se ha visto es que un porcentaje muy alto de la población apoya esta ley que protege a los niños y niñas. Cerca de la mitad de la población dice utilizar el sistema de sellos para guiar su compra, y cerca del 80% ha disminuido la compra de los alimentos con muchos sellos. Solo un 20-25% de la población dice no utilizar los sellos, y eso también es un derecho, pero en términos generales creemos que los indicadores son buenos.

A dos años de la medida aún no tenemos evaluaciones de consumo, ni de cambio de prevalencia de obesidad porque estos son procesos lentos que a veces necesitan generaciones. Pero logramos un sistema de etiquetado que toda la población entiende, incluso los que no lo utilizan, y eso fue un eje central de la decisión de estos sellos.

Si el cambio real en la alimentación y la curva de obesidad puede durar hasta una generación ¿cuál es la importancia de estas medidas?

Cuando uno mira las curvas de incremento de enfermedades no transmisibles, incluida la obesidad, se ve que los últimos 20 años han aumentado sistemáticamente sin poder controlarlas. El hecho de haber partido con estas estrategias significa que en 10 años podríamos quebrar esa tendencia y mejorar la calidad de vida de nuestra población.

De todas maneras, habrá distintas fases que se irán evaluando. Primero la implementación, que ya está funcionando en Chile, segundo que la gente cambie su decisión de compra, tercero que cambie el consumo y luego, finalmente que cambie la prevalencia de la situación nutricional.

¿Esto puede ser más difícil para los adultos?

Sí, para los adultos, incluso algunos adultos jóvenes. Puede que en muchos casos no cambien sus patrones.

Y ¿para los niños?

Bueno, los niños son el principal objetivo de esta ley. Cuando uno cambia el entorno alimentario, los nuevos niños que están naciendo bajo esta ley, van a tener una exposición a un mundo de mejor calidad nutricional. En sus escuelas, no van a haber alimentos que hacen daño a la salud y la publicidad que en televisión o en cine o en las calles, o en Internet, incluso, no los va estar tentando a consumir alimentos dañinos. Y sus familias van a estar más conscientes de los alimentos compran porque van a tener acceso a una mayor información. Sin duda estos niños, sin necesidad de haber hecho un curso de nutrición van a tener un hábito mucho más saludable.

En Colombia estamos pasando por un proceso parecido pero no ha sido fácil. ¿Cómo lo ve desde afuera?

Yo veo que toda Latinoamérica se está movilizando. Incluso podría decir que el mundo entero se está movilizando por los problemas de exceso de peso. Entonces, creo que todo lo que nos demoramos en Chile en avanzar, que fue alrededor de 10 años, no tiene que pasar en el resto de países porque hay mucha más evidencia, y más antecedentes. Entonces ya no es una política tan innovadora.

Creo que el proceso en Colombia va por buen camino porque la sociedad civil está organizada y eso llama más a las autoridades a movilizarse.

Es cierto que los intereses económicos son importantes en los países, pero no hay que olvidar que el costo de la obesidad es muy alto y que no solo hay que mirar cuánto vamos a gastar en poner un nuevo sello o en eliminar una publicidad, sino que hay que pensar cuántas muertes vamos a evitar y cuánto va a aumentar la productividad por efecto de disminución de licencias o ausentismo laboral y escolar. Así que espero que en Colombia muy pronto salga a la luz su ley y su reglamento.

*Carolina Mila es periodista y Diana Guarnizo, investigadora en Dejusticia.