Por: Vanessa Forero Zambrano*
FOTO: Wkimedia Commons**
Cansancio, dificultad para respirar, tos, presión en el pecho, sangre. Estos son apenas algunos de los síntomas del cáncer de pulmón, una de las enfermedades relacionadas con la exposición regular a un material comúnmente denominado “asbesto”.
El asbesto está en todos lados. Se trata de una fibra que encontramos en productos como tejas, tanques de agua, tubos de cemento y pastillas de freno. Su fuerza, flexibilidad y resistencia hacen del asbesto un material único; sin embargo, también lo hacen un material mortal. Una vez se inhala o se ingiere difícilmente puede ser expulsado por el organismo, causando a largo plazo enfermedades como asbestosis y diferentes tipos de cáncer como cáncer de pulmón, ovario, laringe, mesotelioma, entre otros.
Cada año mueren en el mundo alrededor de 107.000 personas por enfermedades relacionadas con el asbesto y en Colombia se estima que anualmente fallecen 350 personas de cáncer de pulmón relacionado a la exposición a este material.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y múltiples investigaciones científicas han advertido que todos los tipos de asbesto son cancerígenos y han recomendado suspender su uso. Desde la década de los ochenta más de 60 países han ido implementando políticas de prohibición, sin embargo, Colombia logró entrar a esta lista hasta apenas el mes pasado con la aprobación y sanción de la Ley 1968 de 2019.
Pero con tanta evidencia de que el asbesto es un agente altamente cancerígeno ¿por qué no se había prohibido antes? ¿qué motivos impedían legislar sobre la restricción del material?
La discusión llegó tarde al país. En el 2007 se presentó un primer proyecto de ley que intentó implementar la prohibición, pero fueron necesarias 6 iniciativas legislativas más para que 12 años después se lograra su aprobación en el Congreso. Algunos de los proyectos fueron retirados por su autor, mientras que otros fueron archivados en debate; sin embargo, causa desconcierto la larga espera que se tuvo que soportar para que la prohibición lograra materializarse.
El sector empresarial jugó un papel importante en la discusión debido a su grado de influencia en la contienda legislativa. En los debates siempre hubo congresistas que mostraron su preocupación por las industrias que se verían afectadas. Manifestaron incredulidad respecto a los estudios científicos y recomendaciones internacionales, y acudieron a argumentos justificativos como el “uso seguro del asbesto”.
El lobby o cabildeo es una práctica común en la labor legislativa que se da en el Congreso y lastimosamente en Colombia no está regulado. El problema radica en que el sector empresarial por su capacidad económica, social y política, cuenta con amplia representación mientras que otras colectividades como las organizaciones de víctimas, no cuentan con un staff de lobbistas que aboguen por sus intereses. Esto genera desigualdades y rupturas frente a la influencia que se puede tener a la hora de incidir en la toma de decisiones.
En el caso de la prohibición del asbesto, víctimas y ONGs se mostraron inconformes respecto al constante cabildeo que la industria estaba llevando a cabo en el Congreso. Un ejemplo de estos señalamientos fue la carta que el presidente ejecutivo de Ascolfibras envió al presidente del Senado en abril de 2018 solicitándole la realización de audiencias públicas regionales.
Esta no es la primera vez que el lobby de las industrias ha logrado obstruir la actividad legislativa, especialmente en cuestiones de salud pública. Existen otros ejemplos como la ausencia de un impuesto específico a las bebidas azucaradas en la Ley de Financiamiento y el reciente hundimiento del proyecto de ley sobre la regulación del etiquetado de alimentos.
Ahora bien, con tantas dificultades en el Congreso, ¿cómo pudo la ley anti-asbesto finalmente salir adelante?
A pesar de que varios proyectos de ley fueron archivados, la Ley Ana Cecilia Niño (como se le denomina en honor a una de sus víctimas) vio la luz, entre otras cosas, gracias al activismo de víctimas, ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, lideraron exigencias al Congreso para que aprobara la iniciativa mediante marchas, plantones y peticiones online; y por otro, recurrieron a alternativas distintas a la legislativa para ejercer presión.
La primera de estas alternativas fue la vía judicial, mediante una acción popular interpuesta ante el Tribunal de Cundinamarca, acción que hace poco fue fallada favorablemente en primera instancia. La segunda medida alternativa fue la prohibición del uso del asbesto a nivel municipal (El Colegio, Chivatá, Tibasosa, y Samacá) y departamental (Boyacá).
La prohibición del asbesto en Colombia ha sorteado inmensos obstáculos durante más de diez años. En este proceso el lobby de la industria ha sido determinante, propiciando la dilación de la medida prohibitiva. Sin embargo, el desenlace tardío pero favorable de este caso probablemente se debe al activismo y demanda ciudadana, que finalmente lograron calar en el accionar del legislador. Ya que en Colombia no se ha regulado el lobbismo, la balanza seguramente permanecerá a favor de actores que detenten poder, es por esto que sigue siendo necesaria una movilización ciudadana firme, robusta y valiente; que exija a los congresistas una representación justa, que abogue por el bienestar común y no por intereses particulares.
* Investigadora de Dejusticia – @vanessaforeroz
** Foto: Harald Weber [CC BY-SA 3.0], vía Wikimedia Commons