Por: Lucía Ramírez Bolívar* y Sara Castro Zaldúa**
Desde septiembre de 2019 el perfil de las personas migrantes provenientes de Venezuela ha venido cambiando. Antes, se trataba principalmente de hombres solos o parejas adultas. De acuerdo con datos de la OIM, recientemente se ha visto un incremento en la llegada de mujeres en estado de embarazo o cabeza de familia con niños pequeños. En la misma línea, según cifras de Migración Colombia a junio de 2019, el 48 % de las personas migrantes venezolanas eran mujeres. Es probable que esta cifra haya aumentado, pero desde esa fecha esta institución no presenta datos diferenciados por género.
La feminización de la migración evidencia un ciclo de violencias interminable, que tiene sus raíces en la discriminación histórica y estructural que sufren las mujeres. En muchos casos, las razones que las obligan a migrar están relacionadas con la pobreza extrema y la desnutrición, pero también con la violencia doméstica, la violencia sexual y el feminicidio. A pesar de la falta de datos oficiales, organizaciones sociales han documentado un aumento de los feminicidios desde 2017 y ya van 103 registrados para abril de este año.
Luego, durante el proceso migratorio las mujeres y las niñas se convierten en el blanco principal de la trata y tráfico de personas y de la violencia sexual, especialmente si se ven obligadas a atravesar por pasos clandestinos – controlados por actores armados ilegales – debido a la falta de documentación. Una vez logran atravesar ese tortuoso camino y llegar a su lugar de destino, se enfrentan a una serie de barreras para acceder a derechos, ligadas a las dificultades para adquirir un estatus migratorio regular.
En el caso de la salud, por ejemplo, las personas indocumentadas solo pueden acceder a atención de urgencias. Para las mujeres migrantes en situación irregular, esto implica limitaciones para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva como anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo, controles prenatales, atención de partos y la atención médica y psicológica requerida en casos de violencia sexual. Aunque la Corte Constitucional llamó la atención del Estado para que provea a las personas migrantes “no sólo la atención en urgencias, sino la atención en salud preventiva con un enérgico enfoque de salud pública”, y en particular reconoció la necesidad de que se incluyan los controles prenatales dentro de los servicios de urgencia, las autoridades territoriales y los servicios de salud siguen inaplicando estas directrices y negando el acceso a estos servicios.
Durante la pandemia, los riesgos de sufrir violencias de género aumentan. Como bien lo explicaron las panelistas del seminario virtual “Mujeres en la cuarentena: violencia intrafamiliar, cuidado y trabajos feminizados”, organizado por Dejusticia, durante estos tiempos se evidencia un aumento de la violencia doméstica y del trabajo de cuidado, que ya de por sí es desproporcionado.
Las mujeres migrantes comparten estos riesgos, y en su caso se agravan ante la ausencia de un estatus regular, lo que puede generarles temor de acercarse a las autoridades para denunciar. Muchas de ellas son trabajadoras domésticas o de salones de belleza -empleos en los que las condiciones ya eran muy difíciles antes de la pandemia- y, han perdido sus ingresos debido a las medidas de aislamiento. Un reciente informe de la Corporación Sisma Mujer señala el riesgo de que puedan verse obligadas a recurrir a la prostitución ante la falta de recursos para sobrevivir, se enfrenten a la indigencia, y la explotación laboral y sexual. Adicionalmente, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva podría verse aún más restringido pues por la cuarentena las organizaciones que los estaban facilitando también han tenido que limitar sus actividades.
¿Qué hacer ante esta situación? La guía para proteger los derechos de las mujeres y niñas durante la pandemia de covid-19, promovida por Women’s Link, Amnistía Internacional y Planned Parenthood, pone a disposición de los Estados de la región una hoja de ruta para garantizar los derechos de esta población durante la pandemia. Algunas de las medidas propuestas están enfocadas a la protección de las mujeres y niñas migrantes.
Así, se propone reforzar la activación de protocolos de identificación y atención a mujeres y niñas víctimas de trata; incluir dentro de los servicios de atención previstos como esenciales durante la cuarentena, la atención a víctimas de violencias – incluyendo la violencia sexual-, la interrupción voluntaria del embarazo, las emergencias obstétricas, la atención pre y postnatal, sin importar el estatus migratorio. Adicionalmente, es clave que las estadísticas oficiales incluyan información diferenciada por género para poder entender mejor las circunstancias de esta población.
La vulnerabilidad agravada en estos casos es causada por la discriminación que genera: ser mujer, ser migrante —en muchos casos indocumentada— y ser pobre. Esta intersección permite entender la desigualdad que sufren estas mujeres. No se enfrentará a los mismos riesgos una mujer blanca, de clase media, con un estatus migratorio regular; que una mujer pobre, indígena o afro, trans e indocumentada.
Las políticas migratorias y de atención a la pandemia deben entender esta suma de vulnerabilidades, incorporar el enfoque de género y tomar medidas efectivas para prevenir y atacar las violencias que se derivan de esta triple condición. Esperemos que los gobiernos se pongan las pilas y actúen para responder a los retos de ser mujer migrante en época de pandemia.
* Investigadora de Dejusticia / @aydalucia
** Pasante de Dejusticia durante 2019 /@saracastroz