Por Paula Angarita Tovar *
Es probable que algunos de nosotros recordemos la campaña publicitaria “estrellas negras”, que en su momento lanzó el Fondo de Prevención Vial con el objetivo de reducir al máximo los fallecimientos en las vías. La idea era pintar una estrella negra en el lugar donde una persona hubiera perdido la vida como consecuencia de un accidente de tránsito, con su nombre y edad. Con el tiempo, las calles de las principales ciudades del país se fueron llenando de estrellas negras y, aunque el número de fallecidos no disminuyó, la campaña logró poner de presente que los siniestros viales son una de las principales causas de pérdida de vida en nuestro país.
En el mundo, alrededor de 3.500 personas fallecen diariamente en las carreteras. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por abordar esta problemática, el número de muertes en las vías se ha mantenido constante desde 2007. Lo que subraya la necesidad de encontrar formas de fortalecer la normativa a nivel mundial en seguridad vial y poner en el centro de la problemática la protección de la vida y salud de los usuarios en las vías.
Ante esta situación debemos preguntarnos si las acciones que se han tomado para garantizar prevenir y disminuir los riesgos de muerte o de lesión en las vías han tenido como propósito trabajar en esta problemática, que es una de las pandemias desatendidas y ocultas de nuestros tiempos y ocasiona que en promedio 7.000 personas al año pierdan la vida en las calles, en su mayoría jóvenes.
En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por primera vez la Década de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020). Sin embargo, luego de más de una década nuestro país no logró avanzar de manera significativa en el objetivo que se comprometió a cumplir (una reducción del 50 % de las víctimas fatales) y aún sigue enfrentando grandes retos en esta materia. Sin duda, el principal reto es hacer que el sistema vial sea seguro en su conjunto, para lo cual son indispensables los ajustes en la normatividad que están pendientes en la agenda política desde hace varios años y tienen como propósito adelantar todas las acciones necesarias para trabajar en la reducción de los siniestros viales.
En Colombia, el Plan Nacional de Seguridad Vial – PNSV 2011–2021 reconoció que nuestro país tenía un atraso significativo respecto de la normativa internacional en seguridad vial y que existía la necesidad de adherirse al Foro Mundial de Armonización de la Reglamentación de Vehículos de las Naciones Unidas (WP 29), para que en nuestro país circulen vehículos con los mismos niveles de seguridad que en los países del norte global. Con lo anterior, se pretendía reducir las muertes y lesiones graves causadas por los siniestros de tránsito en un 26 %. Esto implicaba una reducción de al menos 4.224 personas fallecidas para el año 2021.
Sin embargo, cifras publicadas por la Agencia Nacional en Seguridad Vial (ANSV), para 2018-2019, muestran que nuestro país no ha logrado reducir el número de personas que pierden su vida a causa de los siniestros vehiculares. Por el contrario, estas cifras han aumentado con los años e, incluso, en el año 2020 se reportaron preliminarmente 5.458 fallecidos a pesar de la restricción de movilidad decretada en el país a causa de la pandemia.
Una explicación de lo anterior es que durante los últimos 10 años el Gobierno no sumó los esfuerzos necesarios para actualizar la normativa en seguridad vial que tiene un atraso de 20 años, ni tampoco llegó a ser parte de los acuerdos internacionales en seguridad vehicular. El propósito de estas acciones era proteger y asegurar la vida y la salud de los usuarios a través de vías y vehículos más seguros.
Adicional al anterior panorama, en Colombia cada 76 minutos siguen ocurriendo siniestros viales y, desafortunadamente, se continúa argumentando que su principal causa es el error humano. La realidad es que las causas que generan los siniestros vehiculares en su mayoría no se encuentran identificadas de acuerdo con los informes de la ANSV. Esto ocurre en parte porque las causas son múltiples y están relacionadas con diversas fallas de un sistema vial que no es seguro y no está hecho para proteger la vida.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió renovar el mandato y declarar la Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial (2021-2030), como consecuencia del poco avance mundial en las metas planteadas en 2010. Se espera que los países sigan uniendo esfuerzos para trabajar en la reducción de las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito, por lo menos en un 50 % para el 2030. Para ello esperamos que con el inicio de una nueva década el Gobierno ponga en la agenda política la protección de los usuarios en las vías como un tema prioritario.
¡La pérdida de vidas humanas en las carreteras es evitable y es responsabilidad del Estado detenerlas!
* Investigadora de la línea de justicia económica de Dejusticia