Por Santiago Carvajal Casas*
No olvidar a Sergio, a su madre, seguir condenando los actos de discriminación y sus autores será la manera de reivindicar el nombre de Sergio Urrego y de proteger a niñas, niños y adolescentes LGBT en ambientes escolares de la homofobia y la transfobia. | Foto tomada de Colombia Diversa
El 4 de agosto de 2014 la homofobia empujó a Sergio Urrego Reyes al vacío. La discriminación provino de la institución que debía protegerlo, su colegio. Casi siete años después la justicia colombiana está a punto de empujar a Alba Reyes, la madre de Sergio, al abismo de la injusticia. El proceso penal que se adelanta contra Amanda Azucena Castillo, exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, por los delitos de falsa denuncia y ocultamiento de elemento material probatorio —que se ha extendido por más de seis años y que ha sido aplazado en más de 15 oportunidades— terminará este mes probablemente bajo la figura jurídica de la prescripción de la acción penal.
Dicha figura es una sanción al Estado ante la mora de concluir diligente y adecuadamente el proceso penal, una garantía para las personas procesadas y una forma de racionalizar la acción penal; que se ha convertido en este caso en una estrategia de la defensa para dilatar el normal desarrollo del proceso. La administración de justicia debe tomar medidas para evitar que la prescripción sea usada de forma abusiva, pues son las víctimas quienes más pierden con esta tramposa práctica. También pierde el Estado al romper la promesa de ofrecer un juicio justo en donde las partes sean escuchadas y se castigue a quienes violan las normas. Con esta incapacidad del Estado se refuerza la sensación ciudadana de vivir en un país en el que la impunidad es la regla. Al final toda la sociedad es la que pierde.
Para que el proceso penal no sea —como lo es en algunos casos— un ritual inane que conduzca al costoso fenómeno de la prescripción se requiere una mejor educación judicial para que todos los jueces, sin excepción, asuman verdaderamente su rol de directores del proceso y usen las medidas coercitivas para impedir dilaciones: que hagan llamados de atención, que nombren defensores de oficio de ser el caso, que impongan multas y que compulsen copias. Estas medidas tomadas oportunamente garantizan que el proceso siga su curso y se evite la sensación de impunidad. Para hacerse algunas ideas, en Colombia la confianza que tiene la ciudadanía en el sistema judicial está por debajo del promedio latinoamericano, y el Índice General de Impunidad para el año 2020 ubicó el país en el extremo superior del rango de países con impunidad media, muy cerca al límite de países con impunidad alta.
Mientras se corrigen esas asimetrías en la implementación del proceso penal ¿qué hacer en el caso de Alba Reyes? La prescripción está a la vuelta de la esquina y con ella la impunidad de la justicia formal. Si el juez no logra cumplir su papel, entonces, que sí lo haga la memoria colectiva. No olvidar a Sergio, a su madre, seguir condenando los actos de discriminación y sus autores será la manera de reivindicar el nombre de Sergio Urrego y de proteger a niñas, niños y adolescentes LGBT en ambientes escolares de la homofobia y la transfobia.
Una manera de alcanzar ese propósito es exigir al Estado Colombiano que se termine la inconclusa implementación de la sentencia T-478/15. El Ministerio de Educación debe cumplir a cabalidad las órdenes dadas por la Corte Constitucional. Por un lado, debe continuar con la revisión de los manuales de convivencia para que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, promuevan el respeto y no discriminación para que los colegios sean territorios seguros para todos los estudiantes. Por otro, se implemente efectivamente el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para que se pueda erradicar y prevenir el bullying o cualquier otro tipo de violencia en las aulas de clase.
Como lo dice la Corte en la placa que ordenó instalar en el Gimnasio Castillo Campestre en memoria de Sergio Urrego, garantizar que todos los colegios sean lugares seguros para el aprendizaje sólo será posible si entendemos que “una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respetar a los demás”.
En memoria de Sergio David Urrego Reyes. 1997-2014.
* Investigador de Dejusticia