Por Paula Angarita*
aún no contamos con una normativa que exija comercializar vehículos y motos con los estándares de seguridad exigidos por Europa o Estados Unidos. | Dejusticia con imagen de EFE
Esta semana se celebra la sexta edición de la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud que nació en el año 2005, como una propuesta para abordar la problemática de siniestralidad en las vías. La cual afecta de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos, quienes registran el 93 % de las muertes por el tránsito en el mundo.
“Calles para la Vida” es el tema para esta versión de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, que hará un llamado global a que se establezca el límite de 30 km/h para las calles del mundo. Y es que la movilidad es un elemento esencial en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, por lo que garantizar la seguridad en las vías y facilitar un transporte sostenible a velocidades adecuadas desempeña un papel importante en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en el acceso al empleo y a la educación, la equidad de género, así como en la mitigación del impacto del cambio climático.
A pesar de lo anterior, muchos países siguen tolerando las lesiones y las muertes por siniestros de tránsito como un precio inevitable del transporte, incluso cuando son la principal causa de muerte de niños, niños y jóvenes entre 5 y 29 años. Nuestro país no es ajeno a esta problemática, pues la siniestralidad vial ha estado dentro de las 10 primeras causas de muerte durante los últimos 14 años. Y al menos el 50 % de los siniestros registrados en los últimos 12 años han involucrado al menos una persona lesionada o fallecida. De los cuales, los usuarios de motocicletas entre 20 y 25 años son los que más fallecen.
Por ello, es a través de estas iniciativas como la Semana Mundial y la inclusión de la seguridad vial en la Agenda 2030 que se aborda esta problemática mundial, pues es claro que se requiere un mayor compromiso y colaboración por parte de los Estados, dado que los esfuerzos actuales son insuficientes. Por lo que, la seguridad vial tiene el mismo nivel de importancia de otras cuestiones internacionales como el cambio climático en tanto que es una de las amenazas más graves para el desarrollo sostenible de los países.
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Para ello, todavía es necesario contar con voluntad política y buena gobernanza, algo con lo que en Colombia nos hace falta. De acuerdo con las cifras de la OMS, en dos décadas únicamente nos hemos enfocado en trabajar en dos de los cinco factores de riesgo de seguridad vial: conducción bajo los efectos del alcohol y uso del cinturón de seguridad. Y se han rezagado otros factores que influyen en las vías y que al momento de un siniestro propenden por la vida y la salud de las personas, como el exceso de velocidad, el uso adecuado de cascos para motocicletas y la incorporación de estándares de seguridad para nuestros vehículos y motos.
Tan solo por dar un ejemplo, únicamente Bogotá y Cali cuentan con una regulación sobre los límites de velocidad. Y aún no contamos con una normativa que exija comercializar vehículos y motos con los estándares de seguridad exigidos por Europa o Estados Unidos. Lo que significa que nos seguimos transportando a altas velocidades sin los elementos de seguridad necesarios, como los las sillas de retención para proteger a los niñas y niños.
Por lo que es momento de emprender acciones destinadas a reducir el riesgo de fallecer o resultar lesionado en un siniestro. A nivel mundial, los acuerdos y estándares internacionales que se han venido desarrollando han sido un avance clave, pero aún quedan muchos retos por enfrentar para motivar los cambios necesarios a nivel nacional. No hay que olvidar que detrás de cada siniestro vial hay una muerte o una lesión que puede ser evitada.
Mediante esta columna queremos rendirle un homenaje a las miles de personas que en nuestro país pierden la vida en un siniestro vial y en especial a un miembro de nuestro equipo, Jako Jajoy Juagibioy, quien falleció el pasado domingo, en el municipio de Santiago, Putumayo, mientras conducía su moto. Jako era comunero indígena de los pueblos Inga y Kamentsá del Valle de Sibundoy y estudiante de derecho en la Universidad de Nariño. Lamentamos esta pérdida y acompañamos a su familia.
* Investigadora de Dejusticia