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Por Santiago Carvajal Casas*

Política LGBT

¿De nuevo tendrá que intervenir la Corte Constitucional para que finalmente se implemente la política pública? | Foto: Sergey Dolzhenko

Ante la histórica desidia del Congreso Colombiano en temas LGBT, la Corte Constitucional ordenó la creación de la política pública LGBT. 10 años después de esa orden la política pública aún no arranca. La historia es así:

Mediante la Sentencia T-314 de 2011 la Corte Constitucional estudió el caso de Pamela, una mujer trans que fue discriminada al intentar ingresar a una fiesta a la que ya había pagado su entrada. Frente a este reprochable acto, la Corte no sólo protegió los derechos fundamentales de Pamela sino que ordenó la creación de la Política Pública Nacional LGBT para que casos como este no volvieran a presentarse. Luego de un largo y disputado proceso de construcción, el Gobierno Nacional —del entonces presidente Juan Manuel Santos— expidió el Decreto 762 de 2018 o Política Pública Nacional LGBT. Sin embargo, para que dicha política fuera una realidad era necesario un Plan de Acción que le diera vida a ese instrumento.

La organización GAAT interpuso en 2020 una acción de tutela exigiendo al Gobierno Nacional —ahora en cabeza del presidente Ivan Duque— la implementación de la política a través de la creación del Plan de Acción. La jueza octava administrativa de Bogotá le dio la razón a la organización y ordenó la construcción del plan. En un esfuerzo de control político los Representantes a la Cámara ​​Mauricio Toro y Jorge Alberto Gómez citaron al Ministerio del Interior a una audiencia pública para que rindiera cuentas. En la audiencia, los funcionarios del Ministerio reconocieron su responsabilidad y se comprometieron a crear el Plan de Acción. El instrumento, adelantado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, finalmente vio la luz en noviembre del año pasado luego de un cuestionado proceso que no contó con una amplia participación de sectores LGBT que pudiera recoger sus diversas necesidades, en especial en las regiones. Lo cierto es que más allá de este drama burocrático, la política pública y su plan de acción siguen engavetados.

Tal vez en un intento de enmendar la deuda histórica del legislativo con la población LGBT, el congresista Mauricio Toro emprendió la tarea de construir un proyecto de ley que recoja las necesidades de la población LGBT en el país. Durante dos jornadas del mes de agosto se escucharon las preocupaciones y propuestas de las organizaciones y activistas LGBT. Luego de presentar las iniciativas y preocupaciones en la audiencia pública, parece cada vez más claro que la población LGBT es de todo menos homogénea. Por eso es que el reto de una ley LGBT es enorme pues debe propender por superar las violencias estructurales que sufren las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que están enraizadas en la sociedad colombiana.

Al igual que para el Decreto 762 y su plan de acción, el panorama no es optimista para un eventual proyecto de ley. El destino de otros proyectos de ley relacionados con personas LGBT en el pasado han mostrado que el debate en el Congreso ha sido pobre y prejuicioso. Además, es poco probable que un eventual proyecto alcance las mayorías necesarias para transformarse en una ley. ¿Cómo piensa Toro sortear esa dificultad? El tiempo dirá si ese foro de la democracia seguirá siendo un terreno esteril en donde las necesidades de los ciudadanos LGBT seguirán siendo ignoradas; o si por el contrario, en algún momento, el Congreso debatirá con respeto las necesidades de esta población históricamente discriminada.

¿De nuevo tendrá que intervenir la Corte Constitucional para que finalmente se implemente la política pública? Mientras se resuelve el destino de las acciones del Gobierno Nacional para atender los derechos de las personas sexualmente diversas del país ¿qué más se puede hacer? Hay tres caminos en los que vale la pena seguir insistiendo: el primero es el fortalecimiento de las políticas públicas locales LGBT que hoy existen y que están en cabeza de alcaldías y gobernaciones; el segundo, solicitar la intervención de los jueces cuando existan vulneraciones de derechos de personas LGBT; por ejemplo, el incumplimiento de las Políticas Públicas; y el tercero, preguntar, en los debates electorales que están por empezar, a los candidatos presidenciales sobre medidas concretas que tomarán en este tema. Espero que no deba pasar otra década para que el Gobierno Nacional cumpla su deber con las personas sexualmente diversas.

 

Investigador de Dejusticia.

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