Cordillera Fest: barreras policiales a la reducción de riesgos y daños

Por Luis Felipe Cruz* y Daniela Alejandra Castillo**.

Impedir el acceso a Échele Cabeza en el Festival Cordillera es una muestra de que la Policía es un obstáculo para promover la reducción de riesgos y daños, así como que la persecución a usuarios de sustancias y sus derechos no cesa.

El pasado 24 de septiembre, Échele Cabeza reportó en su cuenta de Twitter que debido a la decisión de la Policía Metropolitana de Bogotá no tendría participación en el Festival Cordillera, realizado en el Parque Simón Bolívar los días 24 y 25 de septiembre. Cerca de 60.000 personas se pudieron haber beneficiado de los servicios de análisis de sustancias,zonas de recuperación y otras medidas de reducción de riesgos y daños (RRD) promovidas por el proyecto. No es la primera vez que la Policía afecta negativamente la RRD, y no hay forma de evitar que la institución tenga funciones en espacios públicos que impacten los programas. Aunque existen apuestas para dar un enfoque policial a la RRD, la Policía no debería ser la primera autoridad en encargarse de temas relacionados con el uso de drogas.

Desde el 2007 el enfoque de RRD se ha promovido desde organizaciones como Acción Técnica Social y su proyecto Échele Cabeza. La RRD es un enfoque de política pública que acepta el hecho de que las personas usan drogas a pesar de su ilegalidad. Esta apuesta por gestionar el placer para evitar daños tiene un amplio espectro de acción. Promueve desde la disposición de agua en las fiestas hasta el intercambio de jeringas para personas que se inyectan las sustancias en las calles. La premisa es que cuando una persona decide usar drogas el clásico modelo de “prevención del uso” ya no funciona, entonces el Estado debe activar la fase de la gestión responsable del placer y RRD.

El abanico de las medidas de RRD es variado, pero descansa en el acceso a un espacio seguro e informado, libre de persecución y estigma por el uso de sustancias como pilares fundamentales. Esta situación es curiosa, pues la persecución policial que está instalada en los barrios y parques de la ciudad sobre personas determinadas (mujeres que ejercer el trabajo sexual, miembros de subculturas urbanas, parches cannábicos, etc.), en este caso se desplazó a un evento privado, en el que Échele Cabeza contaba con los permisos necesarios para estar allí. Los argumentos de la Policía Metropolitana de Bogotá para tomar esta decisión no son claros. A decir verdad, no es la primera vez que la Policía lo hace. Lo que pasó en el Festival Cordillera es solo la continuidad de ciertas prácticas realizadas por los miembros de la institución que atentan contra los derechos de los usuarios de sustancias y entorpecen la aplicación del enfoque de RRD.

En 2014, un estudio realizado por Mateu-Gelabert et al. en Medellín y Pereira, encontró que “al 55% de los participantes, usuarios de heroína, la Policía les había confiscado sus jeringas en los últimos seis meses” ¿Cuántas personas habrán adquirido alguna enfermedad transmisible por esta confiscación de jeringas? No lo sabemos, esperamos que pocas. Lo que sí sabemos es que existe una legitimidad social (y jurídica) que le permite a la Policía perseguir las drogas, sigue implicando una discriminación en contra de las personas que las usan.

La guerra contra las drogas persiste en el mal orientado Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, debido a que la Policía está llamada a actuar, pero desconoce la RDD. En el código hay 16 conductas, en 12 artículos, relacionadas con el uso y porte de drogas. Normas que tienen un efecto práctico: facilitan la discrecionalidad de los agentes de Policía en la toma de decisiones sobre el uso de drogas de las personas. Tanto en las requisas como en la imposición de comparendos, se aplica la premisa de que el uso y porte de drogas amenaza la seguridad pública, la convivencia, la tranquilidad ciudadana y el goce adecuado del espacio público.

La negativa que dio la Policía a la participación de Échele cabeza en el Festival Cordillera da cuenta de un componente estructural de la institución que entra en contradicción con el propio sentido de la RRD. La Policía no debería ejercer como si fuera una autoridad de salud. Mucho menos perpetuar la lógica de la prohibición al uso de drogas, que ya debería ser modificada debido a los avances en la discusión en el Congreso para impulsar la reducción de daños o el contexto de regulación del cannabis. El problema es que, en vez de apoyar estas iniciativas para hablar de autocuidado y consumo responsable, en ciertas ocasiones la Policía resulta un obstáculo mayor para este enfoque y simplemente sabotea los procesos, aludiendo a sus facultades discrecionales (que terminan más bien siendo arbitrarias).

Hasta el momento, la prohibición ha puesto a la Policía en enfrentamiento con las personas que usan drogas, lo cierto es que no basta sólo con cambiar la formación a sus miembros en temas relacionados con el uso de drogas, que es una labor importante, sino que se les deben otorgar criterios legales con respecto a los programas de RRD e imponer controles más estrictos para prevenir el abuso contra las personas que usan drogas. Por ejemplo, dejar claro que los agentes de Policía deben respetar los mecanismos de distribución de jeringas, así como a sus usuarios. O que no deben entorpecer la habilitación de sitios para el testeo de sustancias. Tampoco deben afectar los entornos comunitarios que facilitan la generación de servicio de fácil acceso (o dispositivos de atención de bajo umbral) para los habitantes de calles.

Seamos honestas: buscamos drogarnos con marihuana, alcohol, tabaco y otras sustancias porque nos gusta mucho o porque a veces nos ayudan para enfrentar ciertas realidades que oprimen. Sin embargo, ningún uso de drogas, sin importar el contexto en el que se haga, debería hacerse por fuera del autocuidado y el enfoque de RRD. El llamado al Estado es abandonar el estigma, crear respuestas de salud pública más allá de la prevención y educar/controlar a los agentes de Policía para que no entorpezcan las labores de la sociedad civil por impulsar la RRD. La RRD implica tender puentes entre las autoridades de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Salud, los diferentes colectivos de usuarios de sustancias y la Policía para evitar que se afecte la prestación de estos servicios, donde sean necesarios.

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* Investigador de Dejusticia – @lfcruzo

** Pasante de Dejusticia. – @vidakrud4