¿Reformar la política de drogas en la casa de la prohibición?

La semana pasada tuvo lugar la Sesión No. 66 Comisión de Estupefacientes (CND, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. El espacio multilateral en el que se discute la aplicación del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, fijado en las tres Convenciones de Drogas. La CND es una instancia dentro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) que sesiona en Viena, y que hasta hace una década vivía aislada de las demás instituciones que integran la ONU, lo que se ve reflejado en una incoherencia entre las obligaciones que tienen los Estados respecto de los derechos humanos y las convenciones de drogas. Pueden ver un balance detallado de esta sesión en la nota en nuestra página web.

Desde 2012, pasando por la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS 2016), varios países, incluyendo Colombia, han presionado reformas al régimen internacional como implementación de alternativas al encarcelamiento, el reconocimiento de los servicios de reducción de riesgos y daños como parte de las políticas a implementar, el desarrollo alternativo y la inclusión de los derechos humanos en la implementación misma de la política de drogas.

Incluso, países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos (22 estados), dieron un paso más “atrevido” al avanzar con  la regulación del uso adulto del cannabis en sus territorios, con diferentes argumentos de cómo eso interactúa con las obligaciones de los tratados. Lo que sin duda se ha considerado como una “violación” de los tratados por parte de países que se niegan a flexibilizar sus estrategias antidrogas, y también de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Esta instancia está encargada de observar el cumplimiento de los tratados, y en dicho informe cuestiona que la regulación del cannabis esté alineada con los derechos humanos, y muestra de manera selectiva y sesgada los reportes y balances negativos sobre los experimentos de regulación.

Estas grietas, cada vez más profundas, en el sistema internacional de fiscalización entre los países que desean mantener el statu quo y quienes quieren hacer grandes reformas, está rompiendo el sistema, en medio de una crisis del multilateralismo. Esto puede tener dos desenlaces: el colapso o la irrelevancia. El colapso se refleja en que cada día más países tomen caminos distintos, generando rupturas tan grandes al Consenso de Viena, que se trata de negociaciones tensas y sin puntos en común. Algo de eso se vio en esta CND. El otro escenario, es que una plataforma multilateral donde cada quien toma caminos distintos, se vuelve irrelevante para los países. Cada vez importará menos qué se decide en Viena, porque las maneras de aplicar los tratados son tan diversas, y la sordera del aparato mismo de la prohibición es tan grande, que la CND se vuelve obsoleta.

El problema con un mundo donde los Estados ejercen simplemente su soberanía en materia de política de drogas es que unos pueden regular el cannabis, mientras que otros pueden  aplicar la pena de muerte a las personas que cometen delitos de drogas sin que exista un lugar de intermediación y de coordinación de las políticas globales. 

Por su parte, la intervención de Laura Gil le permitió al país recuperar relevancia después de cuatro años de pasar como uno más de la prohibición. Colombia volvió a la escena internacional como un país reformista. Con esto retomó la idea de que el país está en el derecho de exigir cambios en la política de drogas de las Naciones Unidas, pues no sólo ha sido el más aplicado al momento de implementar las medidas de mano dura, sino que actualmente es uno de los Estados con problemas más graves en términos de violación a los derechos humanos producto tanto de la política de drogas como de los actores del narcotráfico. En uno de los apartados más importantes de su discurso, la exvicecanciller dijo que la CND seguía siendo importante para llevar a cabo las reformas. A esto agregaríamos que las Naciones Unidas siguen siendo relevantes para poner fin a la prohibición y avanzar en la regulación de las sustancias. ¿Pero qué hacer si las cosas no avanzan en Viena? 

Los países que avanzan de alguna u otra manera hacia la reforma pueden y deben generar mecanismos de cooperación para que lo que sea que ganemos en Viena no implique mayor debilitamiento del multilateralismo. Algunas ideas pueden venir del proceso mismo de la UNGASS 2016, cuando Colombia lideró, junto a otros países afines, la estrategia diplomática de la negociación. Para eso, hay que tener una idea clara de cuál es la meta y qué se propone este gobierno, si es que se trata de abrir de nuevo la posibilidad de reformar los tratados, dentro de Viena misma, o si se trata de generar apoyo desde el aparato de la prohibición —la JIFE, por ejemplo— a documentar, basados en la evidencia, el balance de los experimentos de regulación. O si por el contrario se va a hacer presión sobre el sistema de Naciones Unidas para llamar a la coherencia entre las obligaciones de derechos humanos y las Convenciones de Drogas. 

Colombia debe liderar con su propia regulación del cannabis y la hoja de coca, y con su propia respuesta jurídica y política ante los inevitables cuestionamientos en la CND. Hay respuestas para esas tensiones. Por mencionar algunas, se puede argumentar, como hizo Uruguay, que las obligaciones de derechos humanos son prevalentes y que la regulación es una mejor manera de protegerlos, o acudir, como hizo Bolivia, a la denuncia y re adhesión a las Convenciones en lo que respecta a la hoja de coca. O Colombia, por su trayectoria particular con la prohibición, puede formular la propia. Lo cierto es que para avanzar con un liderazgo como el que se espera del país, hay que ir mucho más allá de decir que esta guerra ha fracasado.

Al final, lo que pasó en Viena demuestra que hay un interés serio de conquistar un liderazgo reformista que se perdió, pero es necesario dar respuestas concretas y mejorar la estrategia diplomática para aumentar los efectos de la incidencia de la delegación nacional. Las intervenciones de Colombia fueron sólidas, pero siguen ancladas en el núcleo mismo de la prohibición y no ponen sobre la mesa conversaciones innovadoras que respondan a los retos que supone la fractura y estancamiento de este espacio. Si, como dijo la exviceministra, esta Comisión es un espacio político que seguirá siendo relevante, tenemos que poder contestar para qué lo será. 

 

* Investigadoras de Dejusticia.