Las circunstancias en ocasiones modelan lo que se ha escrito en este blog, y esta semana no es la excepción. Ante el anuncio hecho el día lunes por parte de FECODE sobre el inicio de un paro indefinido de docentes que inicia el día de hoy, considero necesario comentar los puntos que la Federación Colombiana de Educadores ha demandado. En aras de la claridad informativa, quiero dejar en claro que desde el año 2010, estoy asociado a la organización sindical de los docentes de Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores – ADE.

Los puntos que demanda FECODE en su conciliación con el gobierno son tres: Una revisión de los aumentos salariales, una reforma al regimen de salud de los docentes, y una modificación de los mecanismos de ascenso docente, relacionados con la idea de las evaluaciones por competencias y desempeño. 

Los dos primeros puntos son reivindicaciones que los docentes han reclamado durante una cantidad considerable de tiempo y, si bien son reivindicaciones válidas, hay algo en la manera que se están haciendo que resulta problemático. Tomando en cuenta que hay una interrelación entre los puntos 1 y 3 de la negociación, abordaré el segundo punto, el cual, a pesar de su validez, obedece, esencialmente a una discusión de mayor envergadura que tiene que ver con una reforma al sistema general de salud en el país, una reforma la cual, en principio, está siendo llevada a cabo por el ministro Alejandro Gaviria y cuyos efectos aun estamos por ver.

El tercer punto, y que se encuentra relacionado con el primero, es el que resulta mas problemático de todos. La evaluación por competencias se ha establecido como el mecanismo para el ascenso de los docentes en el escalafón, tal y como lo concibe el decreto 1278 de 2002, y la evaluación anual de desempeño, contemplada en el mismo decreto es el mecanismo que se ha diseñado como un mecanismo para asegurar el mejoramiento en las prácticas de los docentes que se encuentran regulados bajo este estatuto. El martes de la semana pasada, durante una asamblea sindical, tuve ocasión de oír afirmaciones tan escandalosas como ‘Los docentes ya sabemos todo entonces no nos tienen que evaluar’, y en términos generales, una actitud displicente frente a la noción de una evaluación para los docentes, que no es vista como una oportunidad de mejoramiento, sino que es politizada y vendida como un mecanismo asociado a políticas neoliberales, y que se asocia al primer punto de las demandas por cuanto al demandar una suspensión de la evaluación y un aumento significativo de los ajustes salariales, busca volver a un estado de cosas como el del decreto 2277 en el que el avance en el escalafón docente está mediado por el tiempo de servicio, no la formación y que quiere convertir a la profesión docente en una vaca que da leche sin mucho esfuerzo, afectando de firma significativa la búsqueda de calidad en la misma.