Junto al grado 12, otro término que ha aparecido con más y más frecuencia en la discusión reciente sobre políticas educativas en el país es el relacionado con la jornada completa, que al igual que el grado 12, es exactamente lo que sugiere su nombre. En este aspecto, se ha ido pasando de la palabra a la acción en los últimos días, siendo un buen momento para preguntarse sobre la idoneidad del proyecto.

Las acciones han salido desde el nivel nacional, a través del proyecto lanzado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación para llevar a cabo un pilotaje de dicha jornada en 550 colegios de regiones seleccionadas del país, lo que involucra a unos 5400 estudiantes de los grados noveno a once. En el papel, el principal argumento para la implementación de la jornada completa en las instituciones públicas del país ha sido el incremento de la calidad educativa al tener más horas de instrucción, pero, como lo sugiere Julián de Zubiría, rector del Instituto Alberto Merani, esta no es una correlación 1:1.

A fin de cuentas, Finlandia tiene a sus estudiantes en los colegios 6 horas al día, media hora más que las 5.5 de los estudiantes colombianos. De la misma manera que creemos que el oficinista promedio es mas productivo al estar en la oficina desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, asumimos que más horas en el salón de clases va a hacer que los aprendizajes mejoren y los resultados de las pruebas estandarizadas se disparen, cuando en realidad esos resultados son producto de la interacción de muchas variables.

En el caso colombiano, la jornada completa tiene una razón que va más allá de lo puramente académico, y tiene que ver con la concepción de la escuela como algo distinto a un espacio de formación académica y ciudadana. Ante las cifras de menores de edad involucrados en actos delictivos, y una infraestructura legal y correccional que no responde de manera adecuada ante las necesidades de corrección y castigo de los menores infractores, la jornada completa se convierte en un mecanismo que tiene a los menores de edad contenidos en un espacio donde pueden ser supervisados, y que reduce sus posibilidades de convertirse en fuerza laboral para la criminalidad. Independientemente de lo que se ha dicho al respecto sobre las motivaciones para instituir la jornada completa, es claro que la posibilidad de controlar a los jóvenes está relacionada con la iniciativa y, ante este escenario, resulta claro que la iniciativa no puede tener un buen curso o incluso, dar los resultados esperados.

Además de lo anteriormente mencionado, hay una serie de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta… La infraestructura de los colegios públicos de Colombia, durante los últimos 30 años ha sido construida pensando en dos jornadas, por lo que la inversión significativa en la construcción de nuevas instituciones también debe tener en cuenta los tiempos de ejecución, y la manera en la que se va a implementar dicha jornada mientras se tienen listas las instalaciones, algo necesario si tomamos en cuenta las ambiciosas metas en calidad educativa presentadas por el gobierno Santos. Así mismo, es necesario tomar en cuenta el tema salarial, a fin de cuentas, y con razón, es poco probable que los maestros colombianos estén dispuestos a asumir una jornada completa ante la escala salarial que se les presenta, especialmente cuando el discurso de organizaciones como FECODE o la ADE reduce los temas de las condiciones laborales de los docentes al número de horas en la institución, haciéndole un gran perjuicio a la dignificación de la profesión docente en el país. 

¿Significa esto que debiera eliminarse el proyecto? No necesariamente si se convierte en un espacio para proveer currículos relevantes y apropiados para las necesidades y metas relacionadas con la calidad educativa que busca el gobierno. Sin embargo, tal y como están las cosas, resulta claro que parece ser una iniciativa que tiene su origen en las razones equivocadas, y si bien está lo que bien termina, mal está lo que mal empieza.