En el curso de tres días (Martes, miércoles y jueves), la situación con la Fundación Universitaria San Martín alcanzó su masa critica y estalló. El ministerio de educación terminó por intervenir el centro de estudios mientras que la familia Alvear, fundadores y cabezas visibles de la misma, no aparecen por ningún lado. En este caso, todo el escenario plantea muchas observaciones, tanto por si mismo, como por los precedentes que sienta ante el manejo de situaciones similares.

Cabe anotar que la intervención del ministerio trata de atender las dificultades de la universidad a nivel académico pero ante todo administrativo, especialmente cuando de alguna manera, son las segundas las que han determinado la aparición de las primeras. Los manejos de la familia Alvear, fundadora del centro universitario son en el mejor de los casos sospechosos y en el peor de los casos, ilegales, con sospechosos movimientos de fondos entre una serie de empresas que proveen los servicios para la universidad que son propiedad de los Alvear, o utilidades que han venido a parar en restaurantes como Burger Market, y que han resultado en la FUSM convertida en una suerte de cascarón vacío financieramente hablando, incapaz de responder por sus obligaciones salariales y prestacionales con el personal a su cargo.

Este manejo administrativo obviamente ha tenido repercusiones en el funcionamiento académico de la fundación universitaria; el hecho de tener tres sedes cerradas y cuatro funcionando parcialmente es, claramente, un impedimento al normal desarrollo de las actividades académicas de la FUSM y que se suma al hecho que algunos de sus docentes se han rehusado a dar clase; así mismo, la actual situación de la San Martín ha resultado en dificultades para los estudiantes de carreras como medicina, que ven como las opciones para completar sus años rurales se reducen debido a los centros de salud que, con razón, se rehusan a admitir estudiantes de una facultad de medicina cuya misma existencia está en veremos. No resulta descabellado pensar como, a largo plazo, veremos como los graduados de la FUSM, al salir al mercado laboral, afrontarán un estigma por parte de potenciales empleadores, especialmente si tomamos en cuenta que la cancelación de los registros académicos de las carreras resulta un voto de no confianza a la calidad académica de los programas ofrecidos por la FUSM.

La situación actual pone de manifiesto la necesidad del control y supervisión a las actividades de las casas de estudios superiores en el país. La malinterpretación de la autonomía universitaria ha dado pie al surgimiento de las universidades de garaje, de las cuales, la FUSM hace parte aunque sus estudiantes se nieguen a admitirlo; independientemente de la ubicación de sus sedes o del costo de sus programas, la San Martín no difiere de las muchísimas ‘Fundaciones universitarias’ que ocupan los pisos de un edificio de oficinas y ofrecen formación de dudosa calidad a sus estudiantes. Una eventual superintendencia de universidades (o como se quiera llamar) debe realizar un control desde lo académico y desde lo administrativo a las universidades colombianas, de tal manera que su funcionamiento y prestación de un servicio educativo de calidad sea garantizado, sin que se interfiera con el ethos de cada establecimiento.

La pregunta que hay que hacer y que cierra esta reflexión es ¿Quién debiera estar facultado para abrir una universidad? Ante la necesidad de garantizar cobertura, quizá se le dio la facultad a mas personas de las que debieran haberla recibido, llevándonos a la situación en la que nos encontramos actualmente. De acuerdo a lo que sugiere la ministra Parody, la FUSM es solo la primera en una lista de instituciones bajo la lupa del ministerio, y si estas investigaciones destapan mas irregularidades, estaremos ante una situación en la que las consecuencias de ‘La cobertura a cualquier costo’ expresada en los estudiantes fantasma de los colegios del país se trasladen a la esfera de la educación superior.