La noticia fue cubierta por medios como el Huffington Post y Associated Press. Un grupo de docentes en un colegio de Atlanta, Georgia fueron apresados, y afrontan una fuerte condena. Su delito: Adulterar las respuestas de sus estudiantes en los exámenes estandarizados que deben presentar los colegios del estado del sur de EEUU, un caso que, aunque en principio lejano, plantea dilemas inquietantes en estos días de replanteamiento de la evaluación docente en Colombia.

Si bien no es la primera vez que algo así es descubierto, llama la atención como ha sido castigado. El grupo de docentes y directivos fue acusado utilizando la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), el acto legislativo que le permite al gobierno federal perseguir a los carteles de la mafia en Estados Unidos, un hecho que, tomando en cuenta que son en su mayoría educadores de raza negra que trabajan en colegios de mayorías negras, resulta particularmente inquietante, en estos días de Ferguson y ‘Black Lives Matter’; si bien la discusión alrededor de este hecho es particularmente fuerte, la presente discusión se enfoca en otras implicaciones de estos casos de fraude. Situaciones como la de la academia Deerwood o la escuela Parks deben ser tenidas en cuenta dentro del contexto de las evaluaciones impuestas por la ley No Child Left Behind (Ningún niño se queda atrás) impulsada por el gobierno de George W. Bush a comienzos del presente siglo. Esta ley convirtió a las pruebas estandarizadas administradas en cada estado de la unión americana en uno de los principales indicadores de desempeño de los colegios públicos; los resultados en estas pruebas se convierten en los determinantes para acceder a beneficios presupuestales o materiales, al mismo tiempo que pueden determinar el cierre de un centro educativo si los estudiantes de la misma presentan desempeños no satisfactorios durante un periodo determinado de tiempo.

La idea de las pruebas estandarizadas como principal indicador de la calidad educativa y del desempeño institucional parte de una perspectiva la cual es técnicamente apropiada, a fin de cuentas, la objetividad de estos instrumentos de evaluación debería proveer una imagen cercana a la realidad del nivel de las prácticas educativas de una institución determinada. Sin embargo, esta suposición termina cayendo dentro de la ley de Campbell, desarrollada por el psicólogo Donald Campbell y que establece que cuando se le da un valor considerable a un indicador cuantitativo como los resultados de pruebas, es cada vez mas probable que se encuentren métodos para adulterar estos indicadores. Casos como los de Georgia y similares en Philadelphia y Washington sugieren que, ante la posibilidad de perder el acceso a recursos o el cierre, algunas escuelas han adoptado de forma abierta una cultura del fraude impulsada, muchas veces, por los mismos directivos de los centros educativos, quienes usan su poder de intimidación para coercionar a los docentes a que practiquen dichos fraudes, quienes, en muchos casos, terminan racionalizando estas prácticas bajo el argumento que de esta manera, le están dando una oportunidad a estudiantes que si bien la merecen, usualmente no podrían acceder a ella.

En estos días en los que se discuten iniciativas para la mejora de la calidad educativa en el país, la evaluación de docentes y centros educativos empieza a ser tenida en cuenta como uno de los puntos a trabajar dentro del proceso. Casos como este, que prueban el fracaso de recurrir exclusivamente a los modelos de valor agregado en la evaluación docente por cuanto además de no proveer una imagen adecuada de la calidad de las prácticas de un educador, terminan por convertirse en el caldo de cultivo de prácticas ilegales donde los principales perjudicados son los estudiantes, que ven como no reciben una valoración adecuada de sus procesos y terminan implicados en prácticas ilegales.