Hace unas semanas, el ciclo noticioso colombiano, que le debe mucho de su combustible a la indignación popular, se ha concentrado en el estado de la alimentación escolar. Desde la publicación de las imágenes de los desayunos escolares en Aguachica (Cesar), donde los niños tenían que rotar un plato para posar con él y dar la impresión que se estaba cumpliendo, hasta el round entre la procuradora Ilva Myriam Hoyos y la ministra Gina Parody, han aparecido múltiples opiniones al respecto, y es poco lo que se ha avanzado. ¿Que se puede hacer al respecto? ¿Que se debiera hacer al respecto? ¿Son la misma cosa?
En los últimos años, Colombia ha convertido al espacio de la escuela en un hub (por usar un término) el cual centraliza los esfuerzos en política social en distintos frentes. Un ejemplo claro de esto es el programa Salud al Colegio que se ha implantado en Bogotá con relativo éxito a lo largo de los últimos años (aunque claro, al ser un programa de ese coco que Peñalosa ve en la Izquierda, cabe preguntarse qué pasará con él). Siguiendo ese razonamiento, y teniendo en cuenta los índices de necesidades básicas insatisfechas en la población que es atendida por el sistema educativo oficial, es apenas natural que se piense en la escuela como un espacio que puede resolver las necesidades nutricionales de los niños a través del programa de alimentación escolar – PAE (no en vano se dice en el Chocó que los niños pasan hambre cuando salen a vacaciones).
Si bien la escuela no debiera estar pendiente de si los niños pasan hambre o no, las circunstancias hacen que en Colombia esto sea así y hay que vivir con esa realidad. En ese caso entonces, la pregunta es ¿quién debería hacerse responsable del programa? La descentralización, de la que ha sido objeto el programa, ha terminado por ponerlo a la merced de las condiciones políticas de cada departamento y región en la que es implementado. Si bien en regiones como Antioquia, Cali o Caldas el grado de presencia institucional garantiza un funcionamiento relativamente apropiado del programa, en regiones que tienen un historial de gamonales y patronaje la cosa quizá no funcione tan bien, como es el caso de Aguachica, el detonante de la actual coyuntura.
Por otro lado, la centralización del programa puede tener un efecto perjudicial en su capacidad de respuesta y su contacto con las realidades regionales; hace unos días, el senador Antonio Navarro Wolff proponía vía Twitter un esquema en el que la gerencia del programa quedaba en manos de los rectores de las instituciones educativas y las comunidades atendidas por estas mismas, una idea que, si bien pareciera estar encaminada en la dirección correcta, pone a estos actores a la merced de las mafias regionales, como lo señaló Roberto Angulo (y yo, con muchísima menos elocuencia que Roberto).
Sumada a esa situación, debemos tener en cuenta el hecho que tanto el Ministerio de Educación Nacional, como las secretarías de educación del orden departamental y municipal están pobremente preparadas para manejar las particularidades de un tema como la alimentación de los niños en edad escolar. No solo desde el aspecto administrativo, sino desde el aspecto técnico. Tomando en cuenta los índices de desnutrición infantil de Colombia (que en cualquier país del mundo son escandalosos pero en uno con la oferta alimentaria de Colombia lo son más), el Programa de Alimentación Escolar debe ir más allá de garantizar una comida caliente al día para los niños que son beneficiarios del mismo; debe alcanzar unos estándares de nutrición lo suficientemente altos para cumplir con estas necesidades, y al mismo tiempo, debe tener en cuenta las distintas ofertas alimentarias de cada región para lograr esto de la manera mas eficiente.
Una situación como esta requiere la participación de varios actores sin que por ello se cree un organigrama de innecesaria complejidad. Usando los espacios institucionales que son propiedad del ministerio y las secretarías de educación, el ICBF puede utilizar su conocimiento técnico en temas nutricionales para crear menús nutritivos y provechosos, los cuales son llevados a cabo por el DPS, por ejemplo. Contrario a lo que cree la ministra Parody, un problema en el que el dinero es malgastado y robado por gamonales, no se resuelve arrojando mas dinero para que engorden sus botines.