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Por: Jorge Iván cárdenas
Ya sabemos lo mucho que duele cuando nos meten la mano al bolsillo, y es que difícil dejar de hablar de la Ley 1819 del 2016, ósea la última reforma tributaria, que se gestó por la necesidad de mejorar la cuenta fiscal y los balances del Gobierno, con el objetivo al comienzo de que esta reforma debería ser estructural para poder dar buena imagen a los mercados internacionales, el acceso a la OCDE, mantener las calificaciones de riesgo, combatir la evasión fiscal y hacer un sistema tributario más eficiente.
Para febrero del 2015 se crea la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, ósea los encargados de formular y asesorar al Gobierno sobre la reforma tributaria que se adoptaría para sanear las cuentas fiscales, y financiar los programas de lucha contra la pobreza y el posconflicto, además brindaba competencia mediante la dinámica productiva de darle solvencia a las empresas para que ellas mismas invirtieran en mano de obra y capital.
Y es aquí donde en teoría debería generar alegría a los empresarios, pues la reforma tributaria del 2014 recaudaba el 5.1% del PIB mediante los impuestos del Imporrenta, CREE y la Sobretasa CREE que sumaban aproximadamente 40% sobre la renta de las empresas. Y en la actual reforma tributaria se le entrego beneficios a las empresas bajándoles la sumatoria de los impuestos a 37% para el 2018 y 33% desde el 2019 en adelante. Y eso estuvo bien, pero el problema aquí fue que la Comisión de Expertos solicitó que se les bajaran las tasas impositivas a los empresarios a un 30 y 35 por ciento, lo que quiere decir es que la Comisión recomendó una mayor reducción a las tasas impositivas, con el ánimo de que las empresas tuvieran mayor flujo de capital y pudieran contratar más personas. Pero ¡NO! el Congreso decidió que no, que había que mantenerles tasas altas a los empresarios y no permitir que se crearan más puesto de trabajo.
Ah, pero cuando se trató de modificar la Tasa de Tributación Efectiva de las personas naturales, si hicieron lo posible para aumentar el recaudo a 1.8% del PIB, cuando en la Ley 1607 de 2012 el recaudo venía siendo del 1.2% del PIB, siendo el Gobierno y el Congreso muy juiciosos al hacer caso al pie de la letra de lo que recomendó la Comisión de expertos; al igual que con el tema del IVA, la Comisión de Expertos recomendó subir el IVA al 19% y efectivamente el Gobierno y el Congreso lo hicieron. Siendo en síntesis que a todos nos pusieron en cintura en materia de impuestos, pues a las empresas no se les dio la posibilidad de crear flujos de caja y a las personas naturales nos aumentaron la tasa tributaria.
Por otro lado, la reforma tributaria buscaba tener mayor eficiencia en el recaudo de impuestos y para eso la Comisión de Expertos recomendó: 1) Eliminación y limitación de privilegios como por ejemplo gravar los dividendos de acciones, cosa que no se dio. 2) Regular las inversiones en paraísos fiscales, como ejemplo las empresas Offshore, cosa que no se dio. 3) Gravar las Entidades Sin Ánimo de Lucro, cosa que se dio, pero de forma oculta, dado que le pusieron impuestos, pero le quitaron parafiscales. Y 4) Mejorar la eficiencia administrativa, cosa que realmente preocupa, porque, aunque ya existan penas privativas de la libertad para quienes no paguen impuestos, si es realmente preocúpate que la DIAN hasta ahora este incorporando la factura electrónica, y que no haya capital humano suficiente y horrando para la administración de esta entidad -Sin generalizar-, pues hasta donde tengo entendido, los puestos de la DIAN son los más apetecidos dado que tienen la administración de los puertos y ya ustedes se imaginaran por dónde entra la mayoría de contrabando.
Pero bueno la reforma tributaria ya está en marcha y no hay por qué llorar sobre leche derramada. Lo que quería hacerle caer en cuenta con los párrafos anteriores, es que una serie de recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos no fue escuchada, y las que escucharon las ejecutaron a medias, o las ejecutaron a favor del mismo Congreso o Gobierno en defensa de unos intereses. ¿Usted me quiere decir porque no aprobaron el impuesto a las gaseosas? ó ¿Porque fueron tan flexibles con el impuesto al alcohol y los cigarrillos?
Pues bueno…eso lo responderá usted. Lo que realmente si me preocupa a mí, es que ahora los vientos en el país son con el objetivo de mejorar el gasto y la eficiencia fiscal, para reacomodarlo a las nuevas necesidades del país, como el posconflicto y la reducción de la pobreza. ¿Y adivinen? El miércoles pasado el Ministro Mauricio Cárdenas, Fedesarrollo y la Anif llegaron a la conclusión de “que existe la necesidad de crear una nueva Comisión de Expertos para la Eficiencia en el Gasto Publico”. Y yo me pregunto – bajo el supuesto de que esa nueva Comisión sabrá repartir la torta del gasto público en materia de eficiencia – si ¿El Gobierno y el Congreso van a escuchar a esa comisión y van a seguirlas al pie de la letra las recomendaciones? o ¿Si se van a hacer los de oídos sordos para ejecutar las recomendaciones a medias o peor aún no ejecutarlas? Porque no podemos desperdiciar 10 meses que tendrá de plazo la nueva Comisión para entregar las recomendaciones, respecto a la eficiencia y austeridad del gasto público, para al final hacer lo que se les dé la gana, y que el Gobierno y el Congreso sigan protegiendo la torta del gasto público para financiar las campañas del próximo año.
Y es que esta Comisión para la Eficiencia del Gasto Publico puede tardar 2 meses en crearse y 10 meses en dar respuesta sobre las recomendaciones, ósea que por allá en febrero o marzo del 2018 habrá un proyecto de Ley que diga “hay que disminuir el gasto público” y al mismo tiempo el Gobierno y el Congreso necesiten aumentar el Gasto Publico para andar en Comisión y Comisión con el objetivo de seguir en el poder.
