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Por Sebastián Zapata Callejas
Hace un par de días se volvieron a movilizar varios colectivos en pro de una causa que representa amores y odios, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Y, como pasó hace un par de meses con la marcha contra el terrorismo, las opiniones sobre esta acción ciudadana no estuvieron exentas al debate y la polémica.
Recordemos que el día jueves 17 de enero, de manera frívola y siniestra, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) adelantó un acto terrorista contra Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Allí murieron más de 20 jóvenes que querían entrar a formar parte de la Policía Nacional y otros más resultaron heridos.
Tal atentado causo un enorme repudio y rechazo en la esfera pública – solo algunos pocos esquizofrénicos insinuaron que había sido un autoatentado por parte del gobierno-, por lo cual varios sectores, especialmente de derecha, vieron allí una ventana de oportunidad para manifestar su inconformismo con algunos grupos ilegales y rápidamente convocaron una marcha a nivel nacional contra el terrorismo.
Casi de inmediato los sectores de izquierda a ultranza estigmatizaron la marcha y comenzaron a desprestigiarla, de diversas maneras, como se pudo observar en algunas redes sociales. No en vano varios líderes de opinión e influenciadores de esa esquina ideológica promovieron reprochables tendencias como: #NoMarchoConElUribismo, dejando invisibilizado el fin último de esa manifestación: la condena al terrorismo.
Por su parte, el domingo 10 de marzo, el presidente Iván Duque, como muchos lo esperaban, objetó parcialmente la Ley Estatutaria la Jurisdicción Especial para la Paz. En medio de una alocución presidencial le dijo al país que dichas objeciones se enmarcaron en 6 de los 159 artículos que contempla la ley. Esto para muchos no fue más que una acción innecesaria que no respondía a asuntos de fondo de la propia norma, sino que representó, quizá, una respuesta a las demandas políticas de ciertos grupos que siempre han estado en desacuerdo con la implementación del proceso de paz con las Farc.
Y es que problema en sí mismo no fue que el presidente haya mostrado su inconformismo con el texto de la JEP- de hecho, está en todo su derecho de hacerlo-, sino lo que pueda pasar en el futuro con esa la ley estatutaria, debido a que la misma puede dilatarse o tergiversarse en el Congreso de la República. Escenario que generaría un riesgo altamente grave para lo que se pactó en La Habana entre el gobierno y los integrantes FARC.
Por ello muchos sectores, casi todos de centro izquierda, decidieron salir el pasado 18 de marzo a las calles a defender lo que denominan “la columna vertebral del proceso de paz”; es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia, de esta marcha resultaron también una serie de posiciones radicales y antagónicas, pero ya desde la esquina ideológica de la extrema derecha. Por ejemplo, en las redes se veían cuestionables tendencias como: #YoNoMarchoPorVioladores, olvidando en esta ocasión lo relevante que ha representado para los colombianos el proceso de paz que adelantó el gobierno anterior.
Ahora bien, tal vez las respuestas a esas dos marchas evidenciaron algo, y fue la politización desmedida de las causas colectivas y los altos grados de estigmatización que tienen ciertos sectores hacia sus contendores ideológicos. Todo esto es bastante complejo porque lleva a que los extremos radicalicen las causas ciudadanas, dejando de lado el consenso y la capacidad de razonar y movilizarse en la dirección de lo que Álvaro Gómez llamó en su momento “lo fundamental”.
Finalmente, y como ciudadano de a pie, invito a que todos miremos las prioridades nacionales, en aras de asumir posiciones en defensa de lo común. Con ello se le podría bajar un poco al sentir de las pasiones para pasar a preocuparse por lo que verdaderamente le afecta a Colombia.
@sebastianzc
