Sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia

 

Sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia

(Culpabilidad de Uribe en Agregados 1, 3 y 4)

La premisa de la política contemporánea es el conocimiento social y de la ley. El conocimiento es dominio de la ciencia y no puede ser extraño a la ciencia política.

La radiografía de la reacción a la decisión de la  Corte Internacional de Justicia (CIJ) nos muestra claramente los hechos de lo político y lo ‘politiquero’ de esta situación.
 
Cuando Nicaragua presentó su alegato a la CIJ el 6 de diciembre del 2001 lo hizo porque sabía perfectamente que tenía todas las de ganar. El gobierno liberal nicaragüense de Arnoldo Alemán y el conservador colombiano de Andrés Pastrana no pudieron lograr un acuerdo mutuo y Pastrana enfocado en un fin a los diálogos del Caguán, la implementación del Plan Colombia, el desarrollo de unas gigantescas fuerzas armadas y demás cimientos de una Seguridad Democrática consideró que el siguiente gobierno podría ocuparse con mayor tiempo y recursos a la disputa con Nicaragua.
 
Lo que estaba sobre la mesa para Colombia era, prioritariamente, negociar otro acuerdo bilateral como el que favorablemente había logrado en 1928 para evitar que la CIJ tomara una decisión que necesariamente sería a favor de Nicaragua.
 
Colombia perdería porque su archipiélago estaba localizado en la plataforma continental de 200 millas náuticas de otro país y porque el derecho de Nicaragua a su plataforma continental es innegable.
 
Como es frecuente en los casos internacionales primero se quita lo obvio del camino, para luego concentrarse en la materia de disputa. El reconocimiento de la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del 2007, cumplía la función de quitarse de encima la soberanía obvia de Colombia.
 
Al mismo tiempo que sentaba el principio de que el interés colombiano era el territorial mientras que el interés nicaragüense era fundamentalmente la plataforma continental, que desde el principio quería incluir al territorial, pero cuyo objetivo nunca cambió de ser como primero y final las aguas territoriales.
 
Entendiendo el derecho internacional esta parcial victoria de Colombia en realidad era el principio de su derrota.
 
Uribe, con su bombardeo de un país vecino, sin declaración de guerra demostró su poco conocimiento del derecho internacional. Ignoró que, en ese preciso momento del 2007, era cuando su gobierno tenía la obligación urgente de ajustar su estrategia legal como su litigio al ahora imparable objetivo de aguas territoriales de Nicaragua o buscar un acuerdo bilateral con Nicaragua que salvara mayores aguas territoriales para Colombia*.
 
Uribe, enterado de la ventajosa posición de Nicaragua por los abogados de la Cancillería, se negó con su acostumbrada terquedad a dialogar con los «terroristas» de Nicaragua. Obligándole a Colombia perder la única probabilidad que tenía de retener una mejor porción de las aguas territoriales. Ahora, en el caso de negarle 75 mil Km2 que le pertenezcan a Nicaragua dentro de su nueva plataforma territorial, hoy, significaría robárselos.
 
Con clara irresponsabilidad, Uribe se hizo el de las gafas frente a la desventajosa posición de Colombia y no invocó el Pacto de Bogotá de 1948 ¿sabía que existía? que en su artículo sexto establece que los acuerdos limítrofes anteriores se respetan, por el contrario contra los intereses de Colombia Uribe se alejó del problema pavoneándose con la falsa idea de que había sumado otro triunfo a su carrera política. Esta posición de orgullo personal, y codicia política de Uribe, condenó a Colombia a continuar el caso ante la CIJ hacia la victoria de Nicaragua.
 
Cuando Santos toma el poder, reúne a asesores nacionales e internacionales  que estudian la difícil y desventajosa situación legal en la que el gobierno de Uribe había dejado a Colombia en esa disputa con Nicaragua. El poder dado a abogados estadounidenses buscaba fortalecer la posición de litigio y autoridad colombiana y, así, disminuir al máximo cualquier daño a los intereses colombianos.
 
Santos debería ser felicitado porque, de no haber sido por él, los cayos pudieron ser incluidos dentro de las aguas territoriales de Nicaragua y en consecuencia haber terminado recibiendo una mínima plataforma marítima para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 
Esta es la realidad a la luz del derecho internacional.
 
En la polítiquería folclórica pre-decimonónica de los uribistas fanáticos se desconoce el derecho internacional del siglo XIX, del siglo XX y sin ninguna sorpresa el del siglo XXI. Consecuentemente, sin conocimiento de la ley a la que los uribistas se han caracterizado por darle ninguna importancia o por pasársela por la faja, han llegado con inocultable desfachatez al colmo de aseverar que la decisión de darle la plataforma continental que le corresponde a Nicaragua es una decisión de Santos y no de la CIJ.
 
Santos no tiene ni arte ni parte en nada de lo decidido por la Corte Internacional.
¿Es Santos miembro de la Corte Internacional? ¿Tiene Santos voz y voto en esa Corte?
 
Los supuestos errores de la decisión de la CIJ no tienen suficiente solidez y, si Colombia insiste en quejarse, puede exponerse a sanciones y desprestigio que no debe buscar**. Nicaragua garantiza la sobrevivencia de los pescadores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Colombia debe iniciar acuerdos comerciales bilaterales al respecto. Fuera de las 12 millas de agua territorial de cada una de las islas e islotes, los pescadores colombianos cuentan con las aguas colombianas entre el archipiélago y la costa atlántica continental de Colombia.

La minoría fanática uribista, por pura politiquería, busca desesperadamente debilitar la posición del presidente Santos y, por ende, la unidad de Colombia en la coyuntura que necesita lograr máxima unidad nacional y respaldo total al presidente de los colombianos, sobre todo si se quiere plantear un desacuerdo con la decisión de la CIJ.

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• Agregado 1

Miércoles 21 de noviembre, 2012:

Si ahora Uribe plantea que se desobedezca la decisión de la CIJ demuestra que no es un hombre de palabra, no sería la primera vez que lo demuestra, pero sobre todo que es una persona sin verdaderos principios y, peor, sin respeto a los principios. La Justicia es un principio fundamental que Uribe siempre ha manipulado a la conveniencia de sus intereses políticos, como en este momento lo hace para el oportunismo de posar de líder.

Las leyes pueden ser equivocadas, pero hay que obedecerlas. Porque hasta en la carencia de apelación se cuenta con los recursos de revisión y corrección.

Para un país conocido mundialmente por décadas de poder del narcotráfico, que ha permeado hasta las instituciones del estado, no conviene decir que la Armada Nacional no saldrá de los antiguos límites con Nicaragua (una implícita declaración de guerra) ni que el Estado indirectamente se opone a cumplir la orden de la Corte Internacional de Justicia. Que un individuo como Uribe haga esas proposiciones que lo asocian directamente con la cultura del narcotráfico, caracterizada por el desacato a la ley, no tiene ninguna importancia nacional, es algo que solo lo delata a él, pero que el gobierno colombiano caiga en semejantes hábitos de abrazar la ilegalidad trae consecuencias serias contra Colombia.

Una de ellas es que Nicaragua tiene el derecho de obtener indemnización del gobierno colombiano por cada segundo que la obstaculice o le impida el disfrute de su territorio otorgado por la ley. Colombia, si no lo ha hecho, debe retirase inmediatamente de las aguas territoriales de Nicaragua. Si una corrección o revisión de la sentencia le reconoce parte de esas aguas territoriales, entonces Colombia puede legalmente volver a tomar posesión de ellas. Mientras tanto está actuando ilegalmente.

• Agregado 2

Jueves 22 de noviembre, 2012:

** El argumento nicaragüense del derecho a su plataforma continental es irrefutable. Nicaragua no disfruta del derecho a sus 200 millas náuticas que le corresponde porque un archipiélago colombiano le resta ese derecho. Poner en tela de juicio lo otorgado a Nicaragua también pone automáticamente en tela de juicio lo otorgado a Colombia. Nicaragua tendría ahora la oportunidad de argüir que los cayos no tienen ninguna explotación comercial o industrial por parte de Colombia y que son inhabitados. Al igual que hacer notar que el principal comercio del archipiélago está en manos de extranjeros no de colombianos y solicitar que los cayos pasen a ser parte de las aguas territoriales de Nicaragua al no presentar ninguna interrupción económica ni tener ningún efecto social.

• Agregado 3

Viernes 23 de noviembre, 2012:

El meridiano 82 como límite marítimo entre Colombia y Nicaragua fue puesto en cuestión por la CIJ en el 2007 y quedó explícito en la sentencia parcial de la soberanía territorial de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El hecho de que la soberanía otorgada a Colombia era exclusivamente territorial excluyendo explícitamente la definición de la zona marítima de esas islas era suficiente motivo y razón para que Uribe de inmediato exigiera la inclusión de los derechos marítimos de esas islas y asegurarse que se extendieran hasta el meridiano 82 en el oeste.

¿Por qué Uribe no exigió esas aguas territoriales de Colombia en el momento en que estaban siendo puestas en duda?

¿Por qué Uribe no fue capaz de defender los intereses de Colombia?

Ocho años de abandono de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de nunca haber sacado la cara por el archipiélago no se tapan con trasladar su campaña política a San Andrés y con demagogia aumentar el engaño y las mentiras con los cuáles los isleños y raizales nunca han ganado nada.

En lugar del oportunismo político y destructivo contra el gobierno colombiano y de su afán imparable de dividir a los colombianos, Uribe debería darse cuenta que con sus baratos actos patrioteros y con su demagógica palabrería está  cada día desmoronando más su ya poca credibilidad y aumentando su creciente desprestigio político.

Ante la incapacidad de admitir sus culpas Uribe está acostumbrado a echarles la culpa de sus errores a los demás para mantener su egolátrica imagen de «santo» e «inmaculado» que ya solo le creen los pocos que todavía no son ex uribistas.

El presidente Pastrana tenía que aceptar la demanda de Nicaragua porque los tratados son válidos mientras no se conviertan en sí mismos en conflicto y si el Tratado Esguerra-Bárcenas del 24 de marzo de 1928  era un nuevo conflicto limítrofe de acuerdo al Derecho Internacional del Mar Colombia no podía negarlo ni desconocerlo y tampoco podría rechazar la jurisdicción de la CIJ porque ambas cosas serían darle política y legalmente una fuerza internacional al argumento de Nicaragua.

Solo en el desarrollo de las argumentaciones y de las deliberaciones se podría encontrar el panorama claro para una estrategia legal que salvara los intereses colombianos. Los dos años iniciales no ofrecieron material suficiente para definir esa estrategia.

Este litigio limítrofe entre Nicaragua y Colombia pertenece a los dos gobiernos de Uribe. Ocho años completos.

Si Uribe fue incapaz de entender la posición de Pastrana, que preveía que solo el siguiente gobierno podría obtener los elementos de juicio para el diseño de la mejor estrategia de Colombia, y Uribe no dedicó ninguna atención a este hecho, entonces, cuando en el 2007 se define que cambiaría la limitación marítima era cuando Uribe tuvo en sus manos y en bandeja de plata los suficientes y necesitados elementos de juicio para definir la estrategia de Colombia, si no la tenía antes, y defender los intereses colombianos. Esa oportunidad, que no pudo tener Pastrana, no se iba a presentar dos veces.

Uribe jamás reclamó los derechos marítimos de Colombia cuando tenía que reclamarlos, Uribe jamás alegó que Colombia no aceptaría ninguna soberanía territorial incompleta cuando tenía que alegarlo, Uribe jamás exigió que la soberanía incluyera la correspondiente soberanía marítima hasta el meridiano 82 cuando tenía que exigirlo.

¡Qué payasada la de Uribe, hoy muy orondo con su acostumbrada bravuconería y patrioterismo, cuando nunca hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo!

Uribe no tiene la entereza de decir ‘Colombia perdió sus aguas territoriales del archipiélago por mi negligencia, desinterés por la diplomacia e ignorancia culpable del derecho internacional y de sus procedimientos jurídicos’.

Si se usara el sentido de la jerga paisa machista, que tanto enorgullece a Uribe, se podría decir que fuera de su ignorancia de estos ajetreos internacionales, Uribe no tuvo cojones, no fue un varón y como todo un cobarde sin pantalones entregó los intereses de Colombia a cambio de mantener su imagen «bonita».

En el fondo, el daño a Colombia lo hizo Uribe por negligencia, ignorancia y por el apasionado amor a su ego que siempre ha puesto por encima del servicio a los colombianos.

Ahora, al presidente Santos le toca enfrentar esa avalancha contra Colombia que desde el 2002 Uribe nunca fue capaz de detener y que por el contrario le dio vía libre con su inoperancia, que oculta con arrogancia.

• Agregado 4

Sábado 24 de noviembre, 2012:

Colombia no tiene caso ante el juzgamiento final de la CIJ.

Colombia no puede volver a puntos ya discutidos y consolidados en el proceso previo al juzgamiento final.

La estrategia de Nicaragua fue comprensiva: que la CIJ produjera una forma de delimitación dentro de los marcos geográficos y legales constituidos por las costas de Nicaragua y Colombia  porque ambas forman parte de la misma plataforma continental y que la área superpuesta sea dividida en partes iguales.

La posición de Colombia, ya que no se puede definir ninguna estrategia, se limitaba a alegar que el meridiano 82 era su límite con Nicaragua sin tener en cuenta que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, exclusivamente territorial, ni en el Acta de canje del Tratado de 1930, que limita marítimamente las islas, en ningún momento definían los límites entre los dos países y prueba de ello es que no existe en ninguno de ellos coordenadas u otra información verificable que haga relevante y válido un límite. Tratado y Acta que no defina los límites deja a las partes sin límites.

Los argumentos usados por Colombia fueron secundarios e ingenuos. Uno era mostrar la actividad que Colombia ejercía aún al oeste del meridiano 82 lo cual dejaba sobre la mesa que Colombia tomaba posesión a priori y a la fuerza de unos límites indefinidos. Y otro que tanto Honduras como Costa Rica y Panamá eran «testigos» de la soberanía de Colombia, lo que mostraba que Colombia no entendía que los límites se definen por criterios geográficos y de derecho internacional pertinentes únicamente a los países en litigio.

La táctica de Nicaragua fue plantear la anulación de la soberanía de Colombia sobre sus territorios en aguas continentales de Nicaragua y en caso de otorgársele esa soberanía a Colombia entonces lograr el encerramiento de esas islas en 12 millas náuticas de agua territorial y a los cayos en 3 millas náuticas. La discusión de Nicaragua sobre Quitasueño es la ilustración más clara de esa táctica.

La CIJ rechazó más del 90% de las exigencias de Nicaragua en la misma medida que aceptaba más del 90% de las exigencias de Colombia. Todo sobre el tema territorial. Sin embargo, los puntos de límites marítimos de la estrategia de Nicaragua prevalecieron y se impusieron.

Colombia debe saber que toda esta posición en el litigio fue la obra de nadie más y nadie menos que Álvaro Uribe Vélez. Y que ningún otro gobierno antes y después del de Uribe tuvo en sus manos el destino de este litigio.

El presidente Andrés Pastrana, por membresía de Colombia a las Naciones Unidas y por ser adscrita a la Corte Internacional de Justicia y al Pacto de Bogotá de 1948 y al reformado de 1968, tenía la obligación de reconocer el litigio de Nicaragua so pena de ser condenada en ausencia.

El litigio de Colombia comienza y se desarrolla durante los gobiernos de Uribe:
La primera y fundamental presentación de la posición de Colombia la establece la CIJ para el 28 de junio, 2004. Desde el 28 de abril de 2003 Uribe y su Cancillería tuvieron en sus manos todas las exigencias de Nicaragua, con lapso de un año y dos meses.

Uribe mostró su primer patatús el 21 de julio de 2003 cuando, Colombia siendo parte del caso y contestando el memorial de Nicaragua, objeta la jurisdicción de la CIJ. En consecuencia, esta objeción sin mérito solo produce que la respuesta de Nicaragua a las objeciones de Colombia se posponga para enero 26 de 2004.

La primera audiencia que fundamentalmente iba a definir la dirección del caso la establece la CIJ del 4 al 8 de junio de 2007.   Es aquí en esta audiencia dónde Uribe mete todas las patas.  Y el juzgamiento del 13 de diciembre del 2007 deja en claro las principales pretensiones territoriales de Colombia y deja por definir la petición de Nicaragua sobre la delimitación marítima, pero por encima de todo la CIJ demuestra su jurisdicción legal sobre el litigio.
H.J. Hisashi Owada, H.J. Ronny Abraham y el juez ad-hoc Colt coinciden, a pesar de sus especulaciones, en que los elementos candentes del caso aparecen en el 2007. Esa fue la oportunidad que Colombia tuvo «para enderezar las cargas». 

El 11 de noviembre de 2008, casi un año después, es la fecha que se le otorga a Colombia para que cierre su posición frente a los más recientes desarrollos de las exigencias de Nicaragua. Ésta hace sus objeciones finales contra la posición de Colombia el 18 de septiembre de 2009 y otra vez la CIJ le da a Colombia casi un año para que cierre el proceso con la respuesta a Nicaragua y la actualización final de su posición. En estas dos oportunidades cruciales del caso Uribe no dijo ni pio ni agregó absolutamente nada que beneficiara a Colombia.

La representación de Colombia elegida por la Cancillería (a cargo de Carolina Barco)  con la microgerencia de Uribe se constituyó de: El coronel (r) Julio Londoño Paredes embajador y agente principal, 3 abogados y advocadores (australiano, estadounidense y argentino), 1 consejero general (colombiano nombrado por Santos), 6 consejeros legales, 3 consejeros técnicos, 1 asistente administrativo (¿?). Compárese con la calidad y énfasis del equipo nicaragüense: 5 abogados y advocadores, 6 abogados, 4 abogados adjuntos, 2 consejeros científicos y técnicos, 2 asistentes técnicos. Y equipo que incluye un destacado número de expertos europeos.

Al presidente Juan Manuel Santos únicamente le corresponde las audiencias públicas, orales y escritas, que tomaron efecto entre abril y junio de 2012 y que debían ratificar y coincidir con la posición de Colombia sentada por el presidente Uribe desde 2004. Cualquier contradicción jugaría a favor de Nicaragua.

El gobierno en vez de ponerle atención a las locuras de Uribe, que en esta materia no sabe dónde está parado,  y a los gritos de desacato de quienes saben de derecho internacional en la misma dimensión que Uribe respeta a la ley, debería mejor poner su energía en educar al pueblo colombiano, que con justicia lo merece, y bajarle el tono a esa bulla de  malsano patrioterismo y oportunismo demagógico que nos hace quedar en ridículo y como si todavía estuviéramos en la república bananera de Uribe.

Una entrevista de contenido semejante al presente es la realizada a Bernardo Vela por Cecilia Orozco Tascón titulada El fallo de La Haya es de aplicación inmediata.

Al público en general le recomiendo leer la nota de Jorge Orlando Melo sobre el Nacionalismo Depresivo. Tiene mucha razón cuando muestra que en el fondo pudo ser peor.

A un uribista, Rudolf Hommes, que se sale un poco del fanatismo ciego y el reduccionismo de sus copartidarios, y con razón muestra la posición que deberían asumir la gente del archipiélago y el resto de colombianos en Tregua unilateral y Corte Internacional.

También la sensatez, una cualidad de colección en Colombia, de Sandra Borda en De Cortes, fallos, normas y colombianidad.

Como a Javier Urrea Cuellar con Dolor de Patria enfermizo y a MafeCarrascal con Duele el mar pero no la tierra que muestran la otra cara del patriotismo tan desconocida en Colombia.

Y no se puede dejar de lado la verdad dicha con ese ingenioso humor de Luis Noé Ochoa en El fallo: acatar, acatar y acatar.

• Agregado 5

Miércoles 28 de noviembre, 2012:

Salirse del Pacto de Bogotá fuera de ser una paradoja, o colombianada más, es una decisión miope hacia el futuro geopolítico de la región. El Pacto de Bogotá es uno de los más sofisticados instrumentos para la solución pacífica de conflictos entre estados que se haya elaborado en el continente americano. Salirse de un Pacto del que se ha sido sede simplemente para protestar, porque no tiene otro efecto inmediato, una decisión desfavorable es de una ingenuidad internacional deplorable.

Los avances del Pacto de Bogotá están a tono con las más civilizadas conductas de política mundial de un globo terráqueo que pasó de ser continental a ser políticamente global. La existencia del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) cubre los continentes de Europa, Asia y América en una posición económica enfocada a una economía y un mercado global.

Colombia no puede negociar con Irán, para poner un ejemplo de su
limitación mercantil y política, y ha participado de la guerra de Corea
sin que Colombia haya ganado ningún beneficio económico o político sobre
ninguna de las hoy dos Coreas.

China no necesita tener cuarteles en ningún país extranjero para posar de policía o defender sus mercados. Este enfoque de la economía y de la relación internacional está acorde con una necesaria política pacífica global.

Mientras promisorios países, como los del BRIC, buscan la relación intercontinental y el empleo de avanzados  métodos pacíficos que protejan su desarrollo, Colombia camina hacia atrás, rechazando el único tratado internacional de Soluciones Pacíficas del que haya hecho parte.

El perjuicio creado por Uribe a Colombia el 21 de julio de 2003, aumentado por su negligencia e ignorancia en las audiencias de junio de 2007 y empeorado del todo con su sello definitivo de la derrota de Colombia, después de la sentencia parcial del 13 de diciembre de 2007, son irreparables y no se pueden tapar cometiendo el error de salirse del Pacto de Bogotá.

Venezuela ha demostrado una gran habilidad para comerciar con cualquier país del mundo así sea Estados Unidos o Irán y en consecuencia tiene la capacidad de reemplazar parte de su mercado con Colombia. Venezuela no necesita usar la fuerza para reclamar sus derechos a territorio firme que le correspondan a su Golfo de Venezuela de la misma forma que Estados Unidos tampoco necesitó la fuerza para extraer a Panamá de Colombia y usufructuar el Canal de Panamá.

En el mundo global de hoy hay armas más poderosas que las de fuego.

Ahora Colombia no puede demandar a ningún país ante la CIJ y en mira de las circunstancias inconvenientes que se puedan presentar lo único que podría salvar a Colombia sería la Corte Internacional de Justicia al tiempo que puede, y el Pacto de Bogotá lo estimula, plantear y lograr todos los acuerdos bilaterales que se le de la gana.

El problema con Nicaragua no es la CIJ sino la incapacidad colombiana de negociar, su inhabilidad de comunicarse, su impreparación para enfrentar situaciones completamente adversas. La incapacidad interna de negociar una paz con las FARC, que por tarde debió hacerse en la primera década del conflicto, demuestra que Colombia no tiene visión ni ha desarrollado la capacidad de negociar y trágicamente ha tenido que recurrir al enfrentamiento para tapar su minusvalidez.

No se puede sobrevivir en una sociedad global sin una hábil y excelente capacidad negociadora.

Para satisfacer un enfermo patrioterismo, orgullo pueril y alcahuetear la ignorancia política internacional de Colombia se ha denunciado inoficiosamente, pues no cambia nada, al Pacto de Bogotá. 130 otros acuerdos ponen a Colombia bajo la jurisdicción de la CIJ, otros ataques legales internacionales podrían precipitarse contra Colombia en menos de un año en condiciones legales desfavorables para Colombia y la desconfianza de países en la incertidumbre legal de hacer negocios con Colombia aumentará costos de seguros que tienen efecto muy importante en la competitividad financiera internacional. A la fama colombiana de narcotráfico se suma hoy el esfuerzo de desacato a la ley por parte del estado. ¡Qué coincidencia!

Santos ha cometido su primero y grande error en política internacional. Miembros de la OEA y la ONU comienzan a perder confianza en un país que no participa de los Tratados que son cimiento para el bienestar y la convivencia de los miembros de estas organizaciones internacionales. Colombia se define como el país que prefiere salirse de sus obligaciones contraídas si estas implican que tenga que acatar la ley.
Las circunstancias y el contenido de la renuncia al Pacto de Bogotá son todos desfavorables para Colombia. No existe una sola justificación válida ni sostenible.
Colombia ha iniciado su propio aislamiento, perdiendo el liderazgo que tanto unos y otros estaban comenzando a brindarle. Muchas cosas pueden pasar, desde nuevos conflictos hasta enfrentamientos, pero lo único seguro es que serán más costosos para Colombia.

Como si esto fuera poco, salirse del Pacto de Bogotá no garantiza en ningún momento que Colombia gane, de ahora en adelante por arte de magia, cualquier litigio internacional en el que esté envuelta.

Recomiendo Adiós al Pacto de Bogotá y adiós al liderazgo regional de Sandra Borda que expone el error del gobierno colombiano al abandonar este Pacto.

 

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