Mientras caminaba por las calles del centro de Ocaña (Norte de Santander), que mezcla una suerte de arquitectura colonial, republicana y moderna, me encontré con la bella plaza principal. En un momento del recorrido, me detuve por unos instantes al observar algo que captó mucho mi atención y me transportó décadas atrás. Un grupo de personas lucía camisetas blancas estampadas con el nombre de Fabián Arias, quien fue secuestrado el pasado 02 de octubre en ese municipio mientras salía de su casa en horas de la noche. El mensaje en la camiseta era claro: «LIBÉRENLO YA», acompañado de una fotografía de su rostro.
Esta conmovedora escena me transportó a los años más difíciles del conflicto armado y recordé el informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), cuyo título inspira esta columna de opinión. Aunque el secuestro no es algo nuevo en el país ni exclusivo de este Gobierno, resulta inquietante su incremento en medio de las negociaciones de la política de paz total. En medio de la falta de un claro desescalamiento del conflicto, algunas organizaciones armadas que participan en diálogos en las diferentes líneas establecidas por el Gobierno mantienen la amenaza de la violencia como una herramienta de negociación en la mesa. Especialmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dentro de poco iniciará el quinto ciclo de diálogos en México con el Gobierno, en el cual se pretende abordar como tema principal la suspensión definitiva de la práctica del secuestro.
El secuestro, como parte de la economía criminal que incluye desde la extorsión hasta el control territorial por parte de las estructuras armadas, crea un clima de temor e inestabilidad en las regiones afectadas. Siguiendo las ideas de Heródoto (1982), podemos remontarnos al inicio de las hostilidades entre persas, fenicios, egipcios y griegos, marcado principalmente por el secuestro de mujeres. A diferencia de la extorsión, el rapto y la privación de la libertad buscaban provocar ofensas y generar conflictos, resaltando así la conexión intrínseca entre el secuestro y la lógica de la guerra. En este contexto, el secuestro no solo busca obtener beneficios materiales, sino también desestabilizar y provocar tensiones en el entorno afectado, entrelazándose con los objetivos estratégicos y tácticos de la guerra, perpetuando así un ciclo de violencia que va más allá de la obtención de recursos económicos.
El secuestro vuelve a amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos, a pesar de la promesa del presidente Petro de reducir la violencia. Constituye una forma extrema de agresión que refleja un incremento en la percepción de riesgo por parte de los habitantes en sus proyectos de vida, como lo han evidenciado casos recientes que han cobrado relevancia mediática. El secuestro del padre de la estrella futbolística Lucho Díaz, Mane Díaz, a manos del ELN, expuso la situación a nivel internacional, generando presión sobre las negociaciones y llevando al cambio (entre otras cosas) del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, por el jefe de la delegación de Gobierno ante el ELN, Otty Patiño.
El drama del secuestro en Colombia persiste
Aunque la liberación del padre de Luis Díaz representa un alivio momentáneo, el drama del secuestro en Colombia persiste. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y octubre de este año se reportaron 219 casos de secuestro en el país, en comparación con los 122 del 2022, marcando un repunte del 80% en este delito. De este conjunto de casos, se presume que 32 secuestros fueron perpetrados por el ELN. Entre ellos se encuentra el secuestro de cinco funcionarios en el sur de Bolívar en junio pasado, quienes permanecieron 17 días en poder del grupo armado. Asimismo, cinco pescadores fueron secuestrados en mayo en Magdalena y liberados después de 19 días en Barrancabermeja.
En el Valle del Cauca, el 10 de junio pasado, Diego Cardona fue secuestrado en su finca en el municipio de Restrepo. Los secuestradores exigían una suma que rondaba los $2 mil millones por su liberación.
Los datos indican una disminución en los casos de secuestro desde 2013 hasta 2019. Esta tendencia a la baja sugiere que el ciclo de negociación de los acuerdos de La Habana con la antigua guerrilla de las FARC podría haber tenido un impacto positivo en la reducción de este delito. Sin embargo, se observa un fuerte repunte entre 2022 y octubre de 2023, coincidiendo con la posesión del presidente Gustavo Petro. Esta victimización parece consolidarse de manera regular en zonas rurales, señalando una relación entre los grupos armados y el control territorial, así como su interés en obtener más recursos.
Precisamente, las declaraciones sobre la financiación del secuestro por parte del ELN le generaron críticas al Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. «Ya no es excusa el secuestro. No podemos aceptarlo como excusa, pero tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, pues hay que buscar la solución de qué van a vivir», señaló.
Fuente: (Elaboración propia con información extraída del Ministerio de la Defensa y del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, 2013-2023.)
Este aumento en octubre de 2023 plantea interrogantes sobre los factores subyacentes que podrían estar contribuyendo a esta variación, como las violaciones al cese bilateral establecido entre el Gobierno y el ELN, además de la participación de estructuras de crimen organizado y de crimen urbano, como se evidenció en en el secuestro de Mane Díaz. Otro episodio que captó la atención mediática fue el secuestro de la sargento de Ejército Karina Ramírez, sus dos hijos y su mascota. Sucedió a manos del ELN cuando la mujer, vestida de civil, se desplazaba en su vehículo particular por las carreteras del departamento de Arauca, en una zona fronteriza con Venezuela.
Fuente (Elaboración propia con información extraída del Ministerio de la Defensa, 2022-2023)
Cabe destacar que algunos departamentos muestran tasas consistentemente bajas o nulas de secuestro, mientras que otros experimentan fluctuaciones. En particular, departamentos como Arauca, Chocó, Cauca y Norte de Santander exhiben tasas relativamente altas de secuestros a lo largo de los años evaluados, evidenciando regiones donde la persistencia del conflicto armado es más pronunciada, asociada a la presencia de cultivos ilícitos y conexión con rutas del narcotráfico. La variabilidad en estas tasas entre los departamentos resalta la importancia de considerar las dinámicas regionales específicas al abordar el problema del secuestro.
En este contexto, el secuestro se presenta como una opción de guerra en medio de una situación de cese al fuego y de hostilidades o en un escenario donde, aunque la paz esté en riesgo, la guerra no haya sido declarada oficialmente. A diferencia de los enfrentamientos bélicos entre las diferentes estructuras armadas que muestran su poder militar en el marco de los acercamientos y negociaciones con el Gobierno, la detención, el secuestro de personas en tiempos de guerra constituye infracciones a las regulaciones definidas por los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. Se espera que, en medio de los diálogos de paz y los esfuerzos presentados en la mesa, las acciones no sean totalmente arbitrarias, como ha venido sucediendo.
Fuente: (Elaboración propia con datos de DNP, MinDefensa y DANE, 2018-2021)
Actualmente, en el Bajo Cauca, hay disputas entre el frente Darío Ramírez del ELN y el Clan del Golfo, mientras que, en el Chocó, el ELN compite con el Clan del Golfo. En Arauca, existe confrontación entre el frente décimo del Estado Mayor Central (EMC) y la estructura Domingo Laín del ELN. Por otro lado, en el Catatumbo y Antioquia, se observa coexistencia, coordinaciones y alianzas entre el Estado Mayor Central y el ELN contra el Clan del Golfo. Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 01 en julio de 2018 y en su proceso investigativo ha logrado identificar a más de 20 mil víctimas de secuestro con nombre y cédula. La apertura de este caso se dio a partir de los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, “Inventario de casos relacionados con el conflicto armado” y «Retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC-EP».
Pdta: En honor a todas las víctimas del secuestro y a sus familias, con la esperanza de que este tipo de actos no vuelvan a repetirse.