En Colombia no existe la condena de muerte por corrupción, pero la corrupción ya genera condenas de muerte para algunos colombianos. El caso de desnutrición de los niños de La Guajira es tan solo un horripilante ejemplo de ello.
Zhang Xinhua, expresidente de una empresa estatal de China ha sido condenado a muerte por desvío de fondos públicos y sobornos. Según la organización Transparencia Internacional, en 2015 Colombia y China obtuvieron un resultado de treinta y siete puntos sobre cien, donde cero equivale a países altamente corruptos y cien a países muy transparentes. Con métodos diferentes, impunidad o pena capital, Colombia y China siguen siendo muy corruptos. La solución no pasa por la muerte, tenemos suficientes.
¿Qué tiene que ver la corrupción con el proceso de paz? Mucho, porque ninguna política pública, por importante que sea, sobrevive si coexiste con el delito. Con acuerdo o sin acuerdo, no habrá país que resista una paz que conviva con el fraude y la corrupción. De hecho, hoy por hoy, es insoportable.
Tenemos un gran problema en Colombia que está libre de oposición por parte de la ciudadanía. Es una especie de corrupción tolerable que no afecta ningún tipo de moral y que permeó con la ilegalidad la actividad política. Se manifiesta con grupos de interés que están conformados por actores al margen de la ley, que pertenecieron o hacen parte del conflicto armado y cuentan con influencia en la toma de decisiones de los políticos y funcionarios públicos.
El tema de la corrupción debe ser tan importante como el tema de la paz. A pesar de los avances existentes en materia legislativa, Colombia sigue estancada y en lo profundo. El carácter clandestino de la corrupción la convierte en un fenómeno difícil de identificar, y las respuestas para combatirla se concentran mayoritariamente en los enfoques jurídicos, punibles y económicos; dejando por fuera otro tipo de soluciones como los sistemas de integridad, la ética pública y la rendición de cuentas.
La apuesta por la paz debe ser desde un gobierno plenamente abierto, con intercambio de datos, de fácil acceso y comprensión, con colombianos residentes en cualquier territorio ejerciendo una verdadera ciudadanía, utilizando las redes de forma inteligente, compartiendo información, exigiendo rendición de cuentas y poniendo millones de ojos encima sobre las actividades públicas y las procedentes de los acuerdos de paz.
La corrupción genera violencia, muerte e injusticias. El silencio provoca opacidad y negación. Se debe exigir a los políticos y funcionarios que rindan cuentas, no solo en el curso de la campañas, sino a lo largo de su desempeño e inclusive cuando hayan terminado con sus funciones públicas. Los funcionarios públicos y los partidos gobernantes están en la obligación de rendir cuentas periódicamente, mientras que los votantes debemos estar informados sobre las acciones de nuestros representantes políticos.
Al mismo tiempo, la rendición de cuentas, requiere de elecciones verdaderamente competitivas, donde existan partidos o movimientos institucionalmente fuertes capaces de ofrecer alternativas programáticas para los electores, y donde los representantes políticos puedan ser “castigados” con la no re-elección por tener un desempeño negativo o llevar a cabo políticas indeseadas.
El próximo gran debate para los colombianos será el plebiscito por la paz, y antes de estar debatiendo posiciones a favor o en contra del proceso de paz, deberíamos estar “tomando partido” entre lo malo y lo peor de la corrupción.