Ante la pregunta elemental de para qué matarnos los colombianos, surgen respuestas sin sentido que pretenden justificar la acción perpetua de la confrontación. Estratégicamente puede ser una opción taquillera que sirve para aferrarse al poder, pero históricamente la respuesta pasará como la alternativa de guerra que tiene como único libreto: la oposición a la paz. A los opositores de la paz hay que insistirles que la meta no son las próximas elecciones, sino las próximas generaciones.
Después del gesto histórico del pasado 23 de junio de 2016 donde se anunció el fin de un conflicto armado que dejó más de doscientos veinte mil muertos y más de cinco millones de desplazados, se vienen preguntas como: ¿Qué va a pasar si la Corte Constitucional no aprueba el plebiscito como mecanismo de refrendación?, ¿Qué sucederá con las condenas vigentes en la justicia ordinaria para los actores del conflicto por graves violaciones de derechos humanos? O ¿Qué garantías tendrá el proceso en las regiones donde triunfan los opositores de la paz?
Con el fin del conflicto existirá un antes y un después en la manera de repensar el país. El objetivo es romper con ciclos fatales de violencia colectiva que nos han doblegado ante espirales históricos de muerte y lucha armada. Doscientos veinte mil muertos es como llenar tres veces el estadio metropolitano de Barranquilla y matar a todos los que caben ahí. Más de cinco millones de desplazados por la violencia es como obligar a todos los habitantes de Medellín y Cali a abandonar su ciudad. Lo inconcebible es que algunos siguen bravos porque se busca detener semejante éxodo y genocidio.
La “mal apodada” resistencia civil a la colombiana manchó la génesis de la auténtica resistencia pacífica ante la opresión liderada por el mismo Gandhi o Martin Luther King. Pero en Colombia la resistencia se hace desde el resentimiento para oponerse a la paz, se dice que es pacífica pero se alimenta del odio y se invita a que se firme para continuar con la violencia. De forma increíble, todo al revés.
La impunidad existe desde hace años en Colombia y es apenas lógico pensar que en este proceso de paz no habrá justicia absoluta. Ni con dinero, verdad y garantías de no repetición se podrá recuperar lo perdido. Son las mismas víctimas las que piden acabar con el conflicto, son los mismos campesinos y soldados pobres los que no desean sumar un muerto más. Puede que la justicia transicional no resuelva todos los problemas que deja la guerra, pero seguramente hará mucho más que la justicia ordinaria.
Con la Ley de Justicia y Paz para desmovilizar al paramilitarismo colombiano, surgieron penas condenatorias en Colombia y en el exterior. Se acudió a la extradición, a penas de máximo ocho años por delitos graves, se metió gente a la cárcel, cayeron algunos políticos, otros se exiliaron y al final la violencia continuó desde las bandas criminales -bacrim-, desde la libertad de algunos líderes y desde el rebautizamiento del paramilitarismo. ¿Sirvió de algo?
Los acuerdos de paz, son solo eso: acuerdos. La paz es un proceso de construcción permanente que no llegará con una firma. Los problemas y las soluciones para Colombia empiezan en el campo y los atraviesan la desigualdad y la corrupción. El conflicto es una consecuencia de ello. El acuerdo es tan solo el inicio de una nueva historia libre de guerra donde todos tenemos que participar desde la libertad de nuestra forma de pensar.
A finales del año dos mil, el profesor Pedro Valenzuela en una clase de resolución de conflictos nos puso como ejercicio unir nueve puntos (que formaban un cuadrado) con cuatro líneas rectas. Nadie resolvió el problema porque todos buscábamos la respuesta uniendo líneas dentro del cuadrado. El profesor nos estaba diciendo que la mejor forma de resolver los conflictos es rompiendo con los esquemas y saliéndonos del cuadro.
Tal vez, el profesor nos estaba dando puntadas sobre la justicia transicional y nosotros estábamos descubriendo el retraso que le generan las mentes cuadradas a los procesos de paz.