Los colombianos hemos sufrido durante años los flagelos de la violencia y el terror que grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y la delincuencia común han sembrado en la historia nacional. Hemos sido juzgados nacional e internacionalmente por dicha violencia y nos convirtió en uno de esos países considerados “inhabitables” en la comunidad internacional. Se nos llegó a considerar hasta un estado fallido, clasificación dada solo a aquellos donde la anarquía, la corrupción y la ausencia de estado, autoridad y ley prevalecen.
Pero también estos últimos años los colombianos hemos visto como se ha empezado a recuperar lo que es nuestro. Independiente de los cuestionamientos sobre los métodos, motivos o políticas implementadas, lo cierto es que el país está volviendo poco a poco a nosotros. El orden y el control se hacen presentes en regiones que antes no tenían Dios ni ley, y la esperanza de un mejor y más estable futuro se consolida en una nación antes desahuciada. Con este proceso se ha empezado a generar otro fenómeno aun más valioso: se ha empezado a destapar la verdad. La verdad de la violencia, de quienes se involucraron en ella, quienes la patrocinaron y quienes pagaron por ella.
Personas, empresas y hasta municipalidades enteras “pagaban” por su seguridad a los grupos ilegales. Algunos podrán pensar que el vacío estatal los obligó a llegar a esos extremos, otros dicen que, sin importar la razón, es un delito y debe pagarse. Esta última posición ha sido siempre la que la justicia Norteamericana ha aplicado en relación a los pagos hechos a grupos considerados terroristas por el departamento de estado, grupos como las autodefensas colombianas.
Colombia sabe claramente el caso de Chiquita y sus pagos a los paramilitares. Lo que no entendemos es como un país como los Estados Unidos, que ha criticado la impunidad alrededor del mundo y particularmente en nuestro país, que especialmente ahora persigue a quienes financien grupos terroristas y que defiende los derechos humanos como política de estado, ha permitido un desenlace tan lamentable, por decir lo menos, del caso de la justicia norteamericana en contra de Chiquita. Hasta el TLC ha sido detenido en el congreso Norteamericano por casos de impunidad en los procesos de paz con el paramilitarismo, que paradójicamente una de sus más grandes corporaciones estaba financiando.
La verdad es que este caso muestra esa doble moral, internacionalmente reconocida, de los valores y principios del modelo Americano. Por un lado el mundo entero reconoce a los Estados Unidos como el estandarte de la libertad y la democracia. El mundo ve en general a la sociedad y sistema de gobiernos americanos como un modelo a seguir. Las naciones Europeas, latinoamericanas, Asiáticas y africanas que han transitado a la democracia lo han hecho mirando hacia los Estados Unidos, y muchas veces, apoyados por ellos directa o indirectamente. Pero por otro lado, muchas de las acciones de este país alrededor del mundo parecen contradecir todo lo que de una u otra forma propone y defiende a nivel mundial. La razón es que la protección de los intereses nacionales es un elemento fundamental en la política exterior norteamericana, incluso si eso implica violar los principios defendidos en el discurso público de su política exterior. El caso de Chiquita es una muestra más de esa doble moral y de cómo el estado protege a una de sus multinacionales más influyentes en el mundo en desarrollo. Las multinacionales americanas también sirven de presencia del estado de manera indirecta, y su preservación y mantenimiento es fundamental para el estado, así sean corporaciones privadas. Esto es así porque en ese sistema las multinacionales tienen gran influencia en el poder político.
Ya lo hemos visto con Guantánamo, Abú-Ghrabi, los diferentes casos de multinacionales en América Latina, Europa y África, entre otros. Los Colombianos y el resto del mundo hemos entendido que para los Norteamericanos la democracia, la libertad, los derechos humanos son muy importantes, ellos dan ejemplo al mundo con la manera como esos valores son defendidos y protegidos en su sistema social y político, aun con gobiernos como el actual donde esos derechos parecen vulnerarse. Sin embargo existe otra realidad y es que para los americanos es más importante aun el valor de su poder y predominancia mundial a nivel político, militar y económico, y llegarán a lo que sea necesario fuera y dentro de sus fronteras para mantenerlo. La realidad es que, a pesar de todas nuestras protestas, poco posiblemente pueda cambiar, pero la verdad expuesta sobre estos hechos, como esta ocurriendo en Colombia, también ayudara a que el país más poderoso del mundo entienda, que una nación mas en el mundo le está pidiendo que sea consecuente con los principios que el mundo admira, respeta y persigue, y que ese mismo país defiende, predica y a veces hasta exige, pero que lamentablemente no siempre practica.