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La decisión de la Corte Internacional de Justicia en la Haya con respecto a la demanda interpuesta por Nicaragua buscando desconocer el tratado vigente entre Colombia y ese país, y con ello recibir la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y el mar territorial que corresponde a esta zona ha sido un baldado de agua fría para los Colombianos. Lo que los analistas han dicho hasta la saciedad después del fallo, que Colombia no debía haber aceptado el caso en el 2001 y hasta que no debíamos haber ratificado la convención de Bogotá. Todo es ya agua debajo del puente, decisiones que tendrían consecuencias, como las que vemos hoy.
Yo tengo formación en diplomacia y mi inclinación es absoluta hacia el respeto del derecho internacional, sobretodo cuando países se someten voluntariamente a él, como fue el caso de Colombia. El primer sentimiento es que el país se merece lo que ocurrió, porque a través de la historia ha parecido no importarnos defender nuestra soberanía. Ocurrió con Panamá, Brasil, Venezuela y ahora Nicaragua. Donde está el valor que el estado le pone a la integridad territorial del país? A nuestros diplomáticos y presidentes pareciera que les da temor ejercer soberanía y enfrentar con firmeza cualquier reto a nuestros derechos e intereses nacionales y legítimos en la comunidad internacional.
Ahora bien, de manera pragmática y dejando atrás el sentimiento, si el derecho internacional produce decisiones irracionales como la que la CIJ acaba de tomar, no tiene sentido que haya instancias inapelables y Colombia en este caso tiene que buscar, por medios diplomáticos, una revaluación de esta decisión y, si esos medios no tienen eco, entonces lamentablemente el país debe evaluar si esta decisión de la corte debe ser ignorada
Nicaragua sabía muy bien que estaba buscando con este proceso. Era evidente que la petición de la soberanía sobre San Andrés o los cayos era algo casi improbable, pero sabían de la posibilidad que la corte otorgara derechos marítimos basados en la convención del mar, adoptada por Nicaragua, pero no por Colombia. Lo que sucede es que cuando cierto numero de países ratifican una convención, se convierte en algo válido para todos los miembros de la comunidad internacional, así que la corte consideró que es una “condición natural”, una “costumbre” de las relaciones entre los países aplicar la convención del mar. Nicaragua no tenía nada que perder y el proceso salió exactamente como ellos lo esperaban.
Ante estos hechos la diplomacia Colombiana, y no me refiero a la actual, sino históricamente a nuestro cuerpo diplomático, ha sido bastante ingenua, por decir lo menos, en lo referente al manejo de nuestro territorio y los conflictos limítrofes que tenemos en la región. Esa tradición de ser un miembro respetuoso de la comunidad internacional nos ha costado cara cuando la comunidad internacional usa los instrumentos que el país promete respetar para quebrantar nuestra soberanía, nuestra riqueza y nuestros derechos. Eso ha ocurrido otras tantas veces en nuestra historia y acaba de ocurrir ayer.
Colombia va a tener que actuar de manera diferente en este caso. Inicialmente hay que abrir una puerta diplomática para definir como esas áreas se pueden compartir para su explotación y preservación, como los enclaves creados por la decisión de la CIJ pueden abrirse al resto de la zona territorial Colombiana y buscar mecanismo que permitan revisar la delimitación absurda propuesta por la corte, que permita a Nicaragua un avance en sus pretensiones pero que evite el quebrantamiento de la soberanía Colombiana, ejercida por mas de un siglo en la zona. Colombia debe poner sus intereses nacionales, de manera justa y equitativa,por encima de los del sistema internacional. Una posible opción para que ambas partes logren un acuerdo es conocida como “intercambio de tierras”, en este caso, de mar territorial. Colombia y Nicaragua podrían negociar un tratado donde algunas de las pretensiones territoriales de Nicaragua se den pero de manera mas acorde con la situación geográfica, unificando los territorios insulares y todo el mar entre ellos, y otorgando otras zonas a Nicaragua que compensen parcialmente esos cambios.
Gráficamente, lo que la Corte definió así:
Que a través de negociaciones diplomáticas, quede algo así:
La posibilidad de que esto ocurra es muy poca, pues Nicaragua se sentirá en derecho de ejercer soberanía sobre todo el territorio otorgado por el fallo, pero es una vía diplomática que se puede explorar, incluyendo acuerdos de explotación y cooperación en las zonas otorgadas a Nicaragua.
La segunda opción es desconocer el fallo y ejercer soberanía por la vía armada de ser necesario. Hay muchos precedentes de desacato a la corte, pero muy pocos donde ambas partes hayan previamente aceptado la jurisdicción de la corte, como en el caso de Colombia. Esto traería serias consecuencias diplomáticas para el país y abriría la puerta para que Nicaragua lleve el conflicto a instancias superiores, incluso el consejo de seguridad de la ONU. LA superioridad Colombiana en un eventual conflicto político o militar es incuestionable, pero el posible daño a la posición de Colombia en el concierto internacional es algo que no se puede medir ahora, pero que es prácticamente inevitable en caso de que el país decida ignorar el fallo y ejercer soberanía con sus fuerzas armadas.
La realidad es que el país no puede dejar lo que ocurrió tal y como esta. Todas las opciones deben estar en la mesa, agotando las vías diplomáticas y de concertación, pero dejando abierta la puerta para que el gobierno defienda los intereses de la nación y su pueblo, cuando estos se ven afectados de manera injusta por la comunidad internacional. A veces un país paga los errores de su diplomacia y la falta de fortaleza para defender su soberanía, sus recursos y su integridad territorial. Pero esos errores ya no tienen solución. A lo que hay que buscarle solución es a lo que ocurrió ayer, un capitulo triste en la historia del desmembramiento de la nación, el fin de la soberanía en un territorio que ha sido tan Colombiano como cualquier otro rincón de Colombia y que hoy, por cuenta del oportunismo de un vecino y la interpretación de las leyes internacionales por parte de un tribunal, parecemos dejarlo ir. Así parezca que Colombia lo merezca por defender tan pobremente su territorio, su integridad y su soberanía, esto no se puede permitir.
