La justicia colombiana: Un peligro para la sociedad

Pues este personaje pasea feliz y tranquilo por las calles
de Bogotá. Va de compras al Andino y cena en los mejores restaurantes. En una
de sus salidas nocturnas a divertirse fue fotografiado por la periodista de la
Luciérnaga, Claudia Morales.

Si a Emilio Tapia lo encuestaran para saber si Colombia es
el país más feliz del mundo, presuntamente diría:

 «Yo robo, compro
políticos, pago comisiones, me hago millonario a punta de negocios ilícitos,
mientras personas mueren esperando atención en los hospitales. Y con todo eso,
no voy a la cárcel. ¿Cómo no voy a decir que vivo en el país más feliz del
mundo?»

Resulta que este delincuente, estafador y ladrón devolverá
algún dinerito que se robó, delatará a sus socios en el escándalo de la
contratación pública en Bogotá, aceptará algunos cargos en su contra y el juez
lo condenará a algunos pocos meses de cárcel.

¿Saben lo que eso significa? Que no pisará ni un día una
cárcel de verdad. Estará en su casa, con todas las comodidades y lujos, producto
de sus negocios ilícitos.

Y está libre porque la lumbrera judicial declaró que este
criminal no es un peligro para la sociedad, por lo que si anda suelto por las
destrozadas calles bogotanas no representará amenaza alguna.

Es más peligroso
para la sociedad un perro callejero que este personaje, según el juez.

¿Qué es ser un peligro para la sociedad?

Esta pregunta últimamente ha rondado los juzgados
colombianos. No soy abogado y no sé si este concepto esté plasmado en algún
libro de los muchos que debe leer un estudiante de Derecho durante su carrera.

Me aterra pensar que delincuentes como Emilio Tapia, Julio
Gómez o demás contratistas que saquearon a Bogotá no sean considerados por la
justicia como un peligro para la sociedad.

Este personaje en su fachada de prestante empresario
orquestó una empresa criminal, ilegal y mafiosa para saquear los recursos del
distrito. En su prontuario criminal compró senadores, alcaldes, concejales y
otros funcionarios públicos para obtener jugosos contratos.  En el caso del Concejo de Bogotá, aún hay
concejales involucrados siguen tranquilos legislando sin que nada pase.

Sus acciones generan muertes de manera indirecta por
inseguridad, desnutrición, violencia intrafamiliar, abuso infantil, entre otros
delitos que son resultado, en parte, de la falta de presupuesto para el desarrollo
de programas de prevención y atención.

Era tal su avaricia y sus tentáculos que muchos contratos le
fueron adjudicados a dedo por las cómplices que tenía en la nómina del
Distrito.

Pero según el juez, esto no representa un peligro para la
sociedad. Gracias a las artimañas de Tapia  muchas obras de Bogotá nunca se terminaron, lo
que derivó en deteriorar la calidad de vida de miles de bogotanos.  Muchísimo dinero público fue robado. El
dinero de nuestros impuestos que claramente podría estar tapando los déficits
de hospitales, educación y seguridad que tiene Bogotá. Para el juez esto son
nimiedades.

¿Cómo un profesional graduado en Derecho puede generar
semejante concepto?  ¿Será que este juez,
en plenas capacidades, no asimila que cualquier acción de corrupción, por
pequeña que sea, genera una bola de nieve que va creciendo y creciendo en
detrimento de la calidad de vida de toda una sociedad?

Lo más grave no es la condena pírrica y miserable que
obtendrá Tapia. Lo más grave es el mensaje que deja a los miles de empresarios,
políticos, jueces y otros funcionarios públicos corruptos que pululan en este
país: Usted robe tranquilo que luego negociamos con la Fiscalía para que la
saque ‘baratica’.

Y ni hablar del mensaje que deja en la sociedad. ¿Valdrá la
pena irse a una universidad, estudiar cinco años, hacer un postgrado y luego
emplearse por un millón de pesos? ¿No será mejor hacer un ‘torcido’ que me deje
100 millones de pesos?

La justicia en Colombia sufre una enfermedad terminal, por
un virus que la infestó hace años y no se ven vacunas en el corto plazo.
Algunos paliativos, pero nada que acabe de raíz su enfermedad.

¿Qué estará pensando Mario Peña Hernández? Aquel bandido que
intentó meterle a un tendero un billete de 50 mil pesos falso y un juez lo
sentenció a tres años de cárcel por tráfico de moneda falsa.

¿Sabrá que Emilio Tapia y demás contratistas se robaron
miles de billetes de 50 mil verdaderos, se sentaron plácidamente a charlar con
la Fiscalía para negociar  sus penas y
luego irán a sus casas tranquilos sin entrar un sólo minuto a una cárcel?

 

¡Qué lejos estamos!

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LuisÉ Quintero
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