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Por Reynaldo Espinosa, presidente ejecutivo de Concordia Investments.
Toda crisis social tiene su gestación, precisamente, en lo social. La crisis chilena pareciera tener su origen en demandas insatisfechas por años de su clase media y población más pobre. Un alza de menos de $150 pesos colombianos en la tarifa del metro de Santiago parece haber prendido una hoguera de consecuencias sin precedentes en la historia de Chile. Políticos, periodistas y analistas se han lanzado con explicaciones de la crisis que estamos viviendo: pensiones poco dignas, precios de medicamentos, corrupción en la policía y ejército y salario mínimo insuficiente parecen estar entre las más recurridas. Otros, de izquierda, gritan pidiendo la cabeza del Ministro del Interior y del Presidente, conjuntamente con la idea de reformar la constitución.
Las verdades después de una crisis son esencialmente subjetivas y, por lo general, tienen el tinte político de quien las enarbola.
La verdad es que Chile ha sido el único país de la región que ha reducido la pobreza del 40 por ciento de la población hace 30 años a menos del 10 por ciento en la actualidad. Hoy, el salario mínimo de Chile es de $400 dólares mensuales, comparados con los $7 dólares mensuales de Venezuela.
Chile es el país número 1 en América Latina en crecimiento económico estable y en estándares de educación e innovación, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y su ingreso per cápita está sobre los $20.000 dólares anuales, lo que lo sitúa —después de Panamá— como el país más rico de la región.
Entonces, ¿qué sucedió en el país más próspero de Latinoamérica para que esté viviendo una crisis de estas proporciones?
Yo creo que es una mezcla de varios factores; sin embargo, creería que hay dos que explican de buena manera que lo que ha ocurrido en el país austral: en primer lugar, es claro que este es el primer ajuste social al modelo capitalista que lleva cerca de 40 años de implementado en Chile, y que es el responsable de las tasas de crecimiento y bienestar (subjetivo) experimentado en las últimas décadas.
En segundo lugar, y quizás relacionado con el punto anterior, pareciera que ha habido un desacoplamiento de la antigua política chilena con la realidad de su población. Mirar hacia los países OCDE y tomar roles de liderazgo en asuntos medioambientales o regionales pasó a ser parte angular de la agenda del presidente Piñera, dejando de lado los principales asuntos sociales.
A pesar de la irrupción de políticos progresistas jóvenes, la política en Chile sigue siendo ejercida básicamente por los mismos personajes post-Pinochet nacidos en los años 50s y 60s, mientras que los votantes sí han evolucionado, con un promedio de edad que más bien refleja una generación de los 80s. Es decir, una generación de millennials, gobernados por políticos nacidos en la generación de los baby-boomers. La sociedad ha cambiado, los políticos no lo han hecho.
Las claves para gobernar son otras, los perfiles de los nuevos políticos deben ser distintos y los desafíos y necesidades de una población joven, más rica y más independiente, deben ser interpretados por quienes están más cerca de ellos.
Lo que pasa en Chile parece ser es una crisis de identidad, una crisis política de proporciones y un llamado del pueblo a sus gobernantes para hacerlos ver la realidad que no han entendido. A su vez, es una excelente oportunidad para el resto de gobiernos de la región para revisar que tan cerca están del pueblo que los eligió y de validar si sus líderes políticos están siendo espejo de las necesidades más sentidas de su población.
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