Uno de los temas de mayor preocupación en el manejo de esta crisis es cómo asegurar que los recursos dispuestos por el estado para la atención de empresas puedan canalizarse efectivamente a aquellas deficitarias de fondos, pero viables.
Esta crisis ha afectado con mayor o menor fuerza a diversos sectores de la economía. Industrias como hotelería, transporte (aéreo o terrestre), entretenimiento, servicios en general e industria, están viviendo un período particularmente difícil y nuestros países deben evitar a toda costa que se genere una lesión profunda en el ecosistema empresarial, dado que recuperarlo nuevamente tardará años y tendrá un impacto significativo en producción, empleo y salarios reales.
Es en este sentido que proveer liquidez a empresas es definitivamente la única vía disponible para asegurar que:
+ Recursos (por la vía de deuda y/o capital) sigan fluyendo a empresas y por tanto les permitan seguir cumpliendo con sus compromisos de pago con empleados, proveedores, bancos, entre otros, y evitar de esta forma un masivo quiebre de la cadena de pagos.
+ Se proteja la operación del negocio toda vez que estos recursos permitirán a la empresa seguir pagando sus compromisos y por tanto evitar procesos masivos de reorganización por vía concursal o procesos de liquidación.
+ Se minimicen los despidos de personal por el hecho de contar con liquidez suficiente para afrontar gastos de operación durante el período de afectación por el coronavirus.
Para efectos de definir una política efectiva, nosotros creemos que es necesario construirla sobre los siguientes pilares:
- Tamaño suficiente del programa.
- Estado como tomador de riesgo del programa.
- Amplia red geográfica de distribución de fondos.
- Políticas crediticias ad-hoc.
- Rapidez en ejecución del desembolso de préstamos.
Pilar I: Tamaño suficiente del programa
Si tomamos como referencia el programa de estímulo económico americano (coronavirus emergency relief plan) de USD 2 trillones, de los cuales aproximadamente del 50 % corresponde al dinero fiscal asignado para proveer liquidez a corporaciones, empresas, estados y municipios. Este programa de estímulo económico representa cerca del 10 % del PIB americano, por lo que el plan para proveer liquidez a empresas representa un 5 % del PIB aproximadamente.
Para nuestros países latinoamericanos, pensamos que un plan de estímulo fiscal a empresas (esto es el plan de inyección de liquidez a empresas) no debiese ser inferior al 3 % del PIB. En este sentido tanto para el caso de Chile como Colombia las medidas de estímulo fiscal a empresas debiesen estar alrededor de los USD 9 billones (USD 9,000 millones).
Pilar II: Estado como tomador del riesgo del programa
En una situación excepcional de crisis en la que las medidas van dirigidas a proveer de liquidez suficiente a la base empresarial de la economía, es necesario asegurar que los recursos del Estado alcancen la totalidad de empresas sin las distorsiones usuales de la intermediación de fondos.
Los intermediarios (como el sistema financiero, por ejemplo) asume riesgos en base a sus propias políticas crediticias. Esto quiere decir que desde el momento que los recursos son intermediados por terceros, es el mismo intermediario que asume las pérdidas de cartera en caso que uno o varios deudores no sea capaz de pagar el préstamo otorgado.
Esta situación hace que la institución financiera privada, dado sus políticas crediticias internas, decida en muchos casos no asumir el riesgo crediticio de un segmento de deudores y por tanto que los recursos no alcancen a todas las empresas viables que estén viviendo un apretón de liquidez.
Dos alternativas para lograr una adecuada canalización de recursos hacia la base empresarial son la creación de un vehículo estatal ad-hoc, que permita ejecutar préstamos o capital directamente a empresas o alternativamente esté en condiciones de comprar cartera colocada por intermediarios financieros a empresas afectadas por la crisis; la segunda es la creación de un programa de garantía estatal particular para esta crisis que entregue a los intermediarios financieros total certeza que en caso de incumplimiento del deudor, será el Estado quién honrará el pago del préstamo impago en su totalidad.
La creación de un vehículo ad-hoc como la creación de un programa de garantía estatal puede ser llevado conjuntamente, dado que la ejecución del programa de garantía estatal puede ser ejecutado por el nuevo vehículo del Estado.
Nosotros creemos que un plan de garantías estatales de primera línea, donde el intermediario pueda cobrar la garantía al primer incumplimiento de pago por la vía de una venta del préstamo (valor nominal) a un vehículo ad-hoc administrado por el estado, sería una formula interesante a explorar dado que optimiza en el tiempo la cantidad de recursos a asignar para esta tarea.
Pilar III: Asegurar una amplia red geográfica para distribución de fondos
Cualquier plan para proveer liquidez a empresas debe considerar que los recursos deben alcanzar todo el territorio nacional dado que microempresas, PyMEs y corporaciones en general están operando en todos los rincones del territorio.
Para estos efectos, la banca tiene un rol crucial dado que asegura una amplia red de distribución a lo largo y ancho del territorio nacional. En pueblos, ciudades o territorios donde un banco privado no esté presente, se hará necesario que la distribución de recursos se organice a través de una o varias entidades del Estado.
Pilar IV: Políticas crediticias ad-hoc
El objetivo último de este programa es canalizar recursos hacia empresas viables y en montos que permitan financiar su déficit de caja esperado para los próximos 3-6 meses. Es muy relevante que los requisitos para acceder a este financiamiento sean extremadamente simples y sencillos de entender con tal de acortar tiempos para entrega de información y evaluación crediticia.
De igual forma, un programa de esta naturaleza no debe sujetarse a requerimientos de garantías por parte del deudor dado que no todas las empresas van a estar en condiciones de entregar nuevas garantías y el propósito de este programa es asegurar la existencia de empresas viables en el tiempo.
Dado que los recursos son escasos, es sumamente importante limitar el uso de los fondos exclusivamente para el financiamiento de un déficit de caja operativo/financiero. Esto quiere decir que los recursos no serán para el financiamiento de planes de inversión, ni para nuevos proyectos, ni para pago de dividendos o retiros de socios.
Los plazos de pago de pago del préstamo deben estar estructurados con un período de gracia para capital, que asegure que los vencimientos del crédito comiencen a producirse una vez que se logre la normalización en el flujo de caja de la empresa.
Finalmente, las tasas de interés deben estar por debajo de los estándares de mercado consistente con el objetivo económico-social que tiene este programa.
Pilar V: Rapidez en ejecución de desembolsos
Este programa también debe considerar que los recursos se necesitan en el menor plazo posible para atender las necesidades de empresas que hoy están viviendo un problema de liquidez. En este sentido, es absolutamente necesario diseñar mecanismos sencillos y eficientes tanto para la evaluación del crédito, su aprobación y posterior desembolso.
El proceso incluso podría ser apoyado digitalmente, tal que las empresas puedan solicitar el crédito por una aplicación (o página web) de manera que sea canalizado a una u otra institución financiera, la cual se obligue a responder dentro de ciertos estándares de tiempo.
El estado debiese supervigilar el proceso completo, utilizando la actual infraestructura existente a través de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile) o la Superintendencia Financiera (Colombia).
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