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Surgió la protesta ciudadana en Paraguay. La falta de medicamentos para atender a los pacientes hospitalizados por el covid y los reiterados casos de corrupción han encendido la mecha. Que se vayan todos, fuera corruptos, “Marito” inútil. La protesta es fundamentalmente una demanda por mayor eficiencia en la gestión pública y para poner fin a la corrupción. La bandera que se ve por la calle es la bandera nacional y los manifestantes, en su mayoría jóvenes, interpretan su accionar como una protesta ciudadana.

Las marchas y manifestaciones entran en su sexto día, mientras el presidente intenta calmar los ánimos haciendo un cambio de ministros. Paralelamente, el país anuncia un pico inédito de casos de contagio por covid, declarando una alerta roja. Con escasísimo acceso a vacunas, Paraguay figura entre los países latinoamericanos con el más bajo porcentaje de personas vacunadas. Fue una vergüenza nacional que se anunciase como logro la llegada de 4.500 vacunas Sputnik. Los memes no pararon.

El fenómeno de la protesta ciudadana no es nuevo, la región latinoamericana la ha experimentado y la sigue experimentando de manera recurrente. El caso chileno fue uno de los más sonados en 2019, y tuvo características similares a lo que había sucedido en Brasil en el 2014. Hay, obviamente, distintos tipos de protestas ciudadanas. Aquellas que tienen fines muy concretos, como la protesta por el fraude electoral en Bielorusia, o por el golpe de estado en Myanmar, y otras, que se disparan por un tema muy puntual, pero que se transforman en una expresión de hartazgo con un mal sistémico menos identificable en términos concretos. El caso paraguayo actual tiene algo de este segundo tipo, se dispara por la falta de medicamentos y equipos para atender la pandemia, pero expresa una profunda insatisfacción con males que corroen el sistema desde hace años, la corrupción y la ineficiencia. En ese sentido, se parece bastante al caso del Líbano, que no tenía una marca ideológica muy precisa, sino que clamaba por un gobierno que cumpliese con su función, pidiendo un recambio total de dirigencia.

“Que se vayan todos” es una de las consignas del movimiento ciudadano y ello ha conducido a que la oposición promueva el juicio político al presidente y a su vicepresidente. En un momento dado se especuló con la posibilidad de que la facción del partido de gobierno liderada por el expresidente Horacio Cartes pueda plegarse a la demanda de juicio político, pero finalmente ha primado la idea de la unidad del Partido Colorado y las vías para un juicio político están, por el momento, fuera del alcance por falta de votos en el Congreso.

Este tipo de consigna, como la de que se vayan todos, articulada en clave de lo que no se quiere, tiene un fuerte impacto, pero también conlleva dificultades. La removida del gabinete que hace el presidente Mario Abdo Benitez ya es una respuesta, aunque ha sido descalificada como insuficiente. Los gobiernos que se enfrentan a movimientos de este tipo se enfrentan a la dificultad de tener que responder a un ánimo colectivo muy profundo que no tiene un pliego de reivindicaciones fijo y concreto, sino que va cambiando y evolucionando a medida que la movilización crece y articula diferentes sectores. El presidente Sebastián Piñera lo experimentó muy de cerca, ensayando diferentes respuestas que pensó eran las que se hacían eco de la protesta, pero que a cada paso probaban ser incompletas.

De lado del movimiento ciudadano también corren riesgos. Mantener el ímpetu ciudadano no está garantizado y tarde o temprano empieza a decaer la fuerza del movimiento. La expresión ciudadana que ha surgido en Paraguay ya comenzó a dar cuenta de ello y se ha decidido conformar una mesa de coordinación, donde los jóvenes que lideran este movimiento de indignados y autoconvocados planean estructurar mejor la demanda y la continuidad de la protesta. Así sabremos mejor de quién es la voz de este movimiento, Por el momento, lo que se ve en las calles son jóvenes urbanos, de clase media. El rostro más popular y trabajador está ausente, pero es probable que muchos de ellos se sientan identificados, no lo sabemos a ciencia cierta.

El gobierno ha querido descalificar (como hacen casi todos los detentores del poder ante un movimiento de este tipo) a los jóvenes como una masa manipulada por dirigentes político-partidarios que siguen consignas internacionales como las del Grupo de Puebla. Por su parte, sectores de la oposición político-partidaria han querido interpretar el movimiento con sus propias consignas, cayendo en generalizaciones harto cuestionables. Hablan de que “la gente ha hablado”, ya hizo su juicio civil, resta el juicio político. El juicio político, de hecho, garantiza muy poco. Si se hace un juicio al presidente y sube el vicepresidente, la corrupción y la ineficiencia seguirán tal cual. No está claro desde el punto de vista constitucional si se puede enjuiciar a presidente y vicepresidente en forma simultánea. Si un juicio ocurre antes de agosto se tendrían que llenar las vacancias mediante elecciones, y eso pondría a la gestión pública en pausa, cuando la crisis de la pandemia requiere respuestas rápidas. Por otro lado, no hay garantías de que los que ganen las elecciones estén en sintonía con el movimiento ciudadano actual. Los indignados harían mejor en construir una alternativa política para el 2023 que abrir la caja de pandora de elecciones ya.

Todo indica que los puntales del sistema político actual están llegando a un punto de quiebre y que la pandemia, como en muchos otros casos, ha puesto en evidencia sus falencias. El Partido Colorado ha sido el partido predominante en la vida política del país por años, décadas. Reposa en su capacidad clientelista de articular apoyos mediante la concesión de ventajas y prebendas gracias al control del aparato estatal, y al mismo tiempo mantiene un discurso nacional-populista conservador que es capaz de conjugar un esquema económico neoliberal con políticas sociales residuales y una narrativa de valores tradicionales. No es soprendente que un esquema como ese no haya podido generar un sistema de salud, ni una educacion pública a la altura de la circunstancias y  ello hizo que el castillo de naipes, ideado por el sistema, comience a derrumbarse.

En el fondo estamos ante el tema de construir un Estado burocrático-racional y meritocrático. Es una agenda que lleva años de rezago en el pais. Un proceso de modernización del Estado aún pendiente.  Así, por lo menos, se plantea la problemática desde un punto de vista más analítico. y dentro de ese marco, una  interrogante  relevante en el caso paraguayo es si existen  las capacidades para hacer esa construcción en el corto y mediano plazo. En ese sentido,  uno de los puntos esenciales es el estado de los talentos humanos existentes. La ineficiencia y la corrupción van de alguna manera de la mano con una educación de mala calidad.  La educación universitaria en Paraguay sigue siendo una de las más pobres de la región, agravada por una comercialización de la educación terciaria que francamente asusta. El incremento de “universidades” e “institutos” que otorgan títulos de dudosa calidad hace que el pool de méritos a los que se puede recurrir es pequeño, y, sin duda, la reforma del Estado que busca y quiere la ciudadanía tendría que traer a colación este factor clave.

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PERFIL
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Politólogo. Profesor de Politica Social en FLACSO-Paraguay. Consultor en planificación estratégica. Exdirector regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Magister de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México. . Correo caballerocarrizosa@gmail.com

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