Basta con hacer lectura de la radiografía del actual sistema de salud para diagnosticar el cáncer en el que estamos inmersos los colombianos bajo el modelo de Ley 100 de 1993 y la pregunta es ¿dónde ha estado la Superintendencia Nacional de Salud?

Para nadie es un secreto que el país atraviesa por un momento de crisis en el sector salud, no solo por el acceso a servicio por parte de los pacientes, sino también por el pésimo balance en el flujo de recursos que reportan hospitales y clínicas ante demoras en pagos de las EPS -por mencionar algunos-. No en vano la salud, en encuestas como la de la firma Invamer muestran como a más de 20% de los encuestados les afana en lo que respecta a calidad y cobertura.

Este sondeo, dejó en evidencia que uno de cada cinco colombianos (20,9%) consideró este como uno de los temas más urgentes que tendría que atender el próximo presidente de los colombianos y no es para menos, ya que la percepción general es que la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna como lo reza al pie de la letra la misión de la Superintendencia de Salud es solo carreta.

Carreta, porque de ser cierto como todo en la vida, a lo que más damos importancia los seres humanos es a los hechos más que a las palabras y en eso se raja la Superintendencia que ha permitido que por ejemplo el circulo vicioso Saludcoop, Cafesalud y Medimás siga girando dejando a los pacientes a la deriva con una táctica muy particular: el silencio. El silencio ante la protección de la salud, un derecho fundamental en Colombia. Eso es gravísimo. No tiene explicación.

Ante las excusas y crisis de una EPS y otra, esta Superintendencia pasa muy “agachada”, silenciosa y aunque presenta a la opinión publica discursos tajantes su voluntad reflejada en hechos es de papel.

Hablemos de Medimás para citar un ejemplo reciente, donde tuvo que ser necesario el pronunciamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para conocer lo que ya venían destapando medios de comunicación sobre la violación de derechos a pacientes con el nacimiento de esta nueva aseguradora por falta de citas médicas con especialistas,  demoras en realización de procedimientos quirúrgicos, no entrega oportuna de medicamentos, falla en el sistema de referencia y contra referencia de pacientes, fallas en el proceso de autorizaciones, interrupción de servicios por motivo de contratos, entre otros. ¿dónde estaba la Superintendencia de Salud? ¿cuáles fueron los balances constantes de la operación de esta EPS que llevó a cabo el superintendente?  Y peor aún, después del daño a los pacientes ¿quién responde? ¿la Superintendencia de Salud?

Tal parece que la única inspección, control y vigilancia de este ente bajo la administración del Dr. Norman Julio Muñoz ha sido con lupas de papel y sanciones pegadas con babas en las paredes de algunas aseguradoras de salud. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Superintendencia Nacional de Salud? ¿qué se esconde? Se trata de un nublado panorama que lleva inclusive a cuestionarse si el lugar que ocupa el actual director es una cuota política de algún partido o si tiene algún tipo de conveniencias con grupos de salud o si en ultimas también existe corrupción.

Lo cierto es que ante las excusas y crisis de una EPS y otra, esta Superintendencia pasa muy “agachada”, silenciosa y aunque presenta a la opinión publica discursos tajantes su voluntad reflejada en hechos es de papel. A tal punto que hoy se puede afirmar que “toda la crisis de salud ha sido vigilada por la Supersalud” y partiendo de esto quedaría difícil creernos el cuento de la visión corporativa de que en 2019 la Superintendencia Nacional de Salud será reconocida nacional e internacionalmente como una entidad líder del sistema de inspección, vigilancia,  control, juez y conciliador del sector salud, protegiendo los derechos de los usuarios, dándole sostenibilidad y confiabilidad al sistema y sus organizaciones. Difícil de creer.

¿Se requerirá investigaciones o sanciones por parte del ministerio público ante esta situación? Ojalá el humo que sale de la Superintendencia también lo vea el Dr. Fernando Carrillo y en algún momento se pueda retomar la confianza en las instituciones que tanto necesitan finalmente los pacientes para que la salud sea verdaderamente un derecho en el papel y en la realidad. Es ultimas una salud con Superintendente.