Luego del debate y los enfrentamientos que surgieron la semana pasada con la restricción para los motociclistas de circular en Bogotá con un pasajero o parrillero, tres cosas quedaron sobre la mesa: primero, que habrá zonas de restricción y no será en toda la ciudad. Segundo, que la medida es inicialmente temporal (tres meses) y tercero que la ciudad se quedó en el debate del parrillero, ignorando que el tema va más allá: las motos son un problema de salud pública.

La accidentalidad en moto ha pasado de ser un problema de movilidad, a ser un problema de salud pública.

Un problema, si se tiene en cuenta las cifras de mortalidad y accidentalidad de los motociclistas. Nada más en Colombia, el ministerio de salud menciona la muerte de 3.200 personas en promedio, lo que se traduce en que casi 9 motociclistas mueren a diario en el país. Sin contar a los lesionados, que sobrepasan la cifra de 20.000.

Un problema inclusive para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los accidentes de tránsito representan más de 1,2 millones de fallecimientos a nivel mundial y alrededor de 50 millones de personas lesionadas a las que hay que sumarle, el número de días perdidos, los costos y la pérdida de funcionalidad con la que luego se tienen que enfrentar a la sociedad.

En otras palabras, la accidentalidad en moto ha pasado de ser un problema de movilidad, a ser un problema de salud donde se involucran motociclistas y peatones. La Secretaria Distrital de Movilidad, ha dicho que para 2016 murieron 585 personas por siniestros viales, entre ellas, 282 peatones y 175 motociclistas. Una realidad que no se puede tapar con un dedo y donde que la respuesta de Bogotá se ha caracterizado por ser tardía, fragmentada e insuficiente.

Tardía, porque solo hasta el 2017, Bogotá adoptó la “Visión Cero” como política pública (algo de lo que estaba en mora) para reducir en un 35 por ciento en 10 años los muertos y heridos en accidentes de tránsito, fragmentada porque los capitalinos se quedaron en el debate del parillero sin comprender que el problema de estos vehículos va más allá de ubicar a un menor o mayor de 14 años en el asiento de atrás, en el cilindraje que sea.

E insuficiente, porque ante el panorama de la ciudad y la premisa de que “la vida de los bogotanos es prioridad”, la administración debería ser más ambiciosa a la hora de abordar esta problemática, no solo desde la óptica de la criminalidad (que fue la idea con la que vendieron la propuesta del parrillero), sino desde una mirada holística que genere otro tipo de propuestas que sean capaces de atacar varios frentes.

Esta experiencia que empieza Bogotá con el parrillero, ya Cali la tiene hace 15 años y con tanto tiempo la ciudad aún registra picos altos de inseguridad.

Hace mucha falta la regulación del Estado y los aportes de la sociedad en un tema de interés público y de orden nacional donde solo en Colombia, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) mencionó para 2014, el pago aproximado de $1,1 billones en gastos médicos por asuntos relacionados con accidentes de moto y también, dijo que el 83% de víctimas atendidas con cargo al SOAT en el país para ese mismo año, corresponde a personas que presentaron accidentes en estos vehículos.