El glifosato en Colombia ha sido catalogado como la fórmula mágica para dejar de ser el primer productor de hoja de coca y cocaína del mundo. Un sueño que arrancó en 1994 mediante la aspersión aérea con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG) cuando por el mismo año, el Consejo Nacional de Estupefacientes reglamentó su uso.

En numerosas ocasiones se ha demostrado el impacto contra la salud y el ambiente de este herbicida y, a pesar de ello, su uso fue generalizado en todo el país, hasta octubre de 2015 cuando se prohibió la aspersión por un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que le dio la calificación de “probablemente cancerígeno para humanos” y por un fallo de la Corte Constitucional cuyo llamado fue restringir su uso ante los posibles riesgos.

Hasta ese momento, el Ministerio de Salud, en cabeza de Alejandro Gaviria, abrazó esta decisión por la evidencia disponible. Para esa época, la revista científica The Lancet Oncology publicó los resultados de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (AIRC) donde se concluía que la exposición a este herbicida podría estar relacionada con la aparición de Linfoma no Hodgkiniano en humanos. Inclusive señaló que en los experimentos hechos en animales se aumentó la probabilidad de enfermedades como carcinoma tubular renal, tumores en piel y adenoma pancreático.

Tres años después, el escenario es otro. Se decidió desde la administración de Juan Manuel Santos ante la alerta de la Casa Blanca, quien reveló un aumento del 11% de cultivos ilícitos en Colombia durante 2017,  retomar el uso del glifosato, añadiendo en esta oportunidad el uso de drones para su distribución. ¿Acaso no era el glifosato posible cancerígeno?

El problema ahora no es el glifosato sino la técnica con la que se distribuye

Con estudios científicos a favor o en contra y nada concluyentes, el discurso ha cambiado. Inclusive en la administración Duque. Ahora se habla del herbicida como algo exitoso, ya que por medio de drones la aspersión llega a más hectáreas con menos recursos. Se ha dicho que es mucho más barato, porque con el método tradicional la erradicación costaba $6.000.000 y con el uso de drones solo costaría $600.000 y un solo dron tendría la capacidad de erradicar tres hectáreas en un día.

Es decir que el problema ahora no es el glifosato sino la técnica con la que se distribuye.

El glifosato de ahora:

La postura del nuevo jefe de cartera de salud, Juan Pablo Uribe, en el debate de control político en la comisión segunda del Senado va precisamente en la línea de la técnica. Ha dicho el ministro: “aquí no hay un potencial impacto sobre comunidades u otros civiles u otras personas que son el objeto de interés de la defensa de la salud pública, como sí se da en otras técnicas”.

En el discurso de Uribe, el glifosato es reconocido como de bajo riesgo y sin un potencial impacto. Prácticamente “saludable” porque también señala que los riesgos son mitigables.

A esto hay que sumar las declaraciones del nuevo embajador de Colombia en los EEUU, Francisco Santos, quien ha pedido a la Corte Constitucional entender que el herbicida debe regresar porque es la única solución. Ha dicho: “no hay otro producto que sea efectivo como el glifosato”.

Dar un giro de 360° sobre el concepto de este herbicida en Colombia es dar la espalda por un lado a investigadores de salud pública a quienes ofende que se afirme que por el solo hecho de no tener estudios experimentales en humanos sobre lo nocivo del glifosato, se diga que es seguro o “saludable” y se defienda su uso. También es dar la espalda a la realidad. Existen casos haciendo fila en los tribunales de EEUU (California por ejemplo) donde trabajadores reclaman que por culpa de la exposición por años al glifosato, hoy padecen enfermedades como  cáncer terminal. Basta con recordar el caso del jardinero Dewayne Johnson a quien Monsanto deberá indemnizar con 289 millones de dólares. Noticia que el mundo conoció hace tan solo 30 días.

Ahora bien, ¿dónde queda el principio de precaución? Si bien es cierto, la lectura del gobierno colombiano a 2018 es que el glifosato es un problema más de forma que de fondo, no se puede desconocer que el mundo, a pesar de la alerta de la OMS con el herbicida, no tiene consenso entre lo bueno o lo malo de su uso (cada quien tira por su lado). Entonces por qué no pararse en el punto medio y explorar otras posibilidades. Bolivia podría ser un consejero en este tema. Este país ha logrado reducir y tener control de sus cultivos de coca sin disparar un tiro y sin recurrir a las fumigaciones.

Un tema con tanto de largo, como de ancho y donde le queda al Ministerio de Salud como mínimo la tarea de fortalecer la capacidad del sistema de salud de cubrir los riesgos a los que se exponen  trabajadores que vayan a manipular este herbicida. Vincular a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y brindar un plan robusto de prevención. Así mismo vincular al ministerio de trabajo y tener claridad de que este químico debe ser incluido en la tabla de enfermedades laborales que apuntan al cuidado de la salud colectiva.

“No tendremos el peligro de que la aspersión cause daños” dijo Juan Manuel Santos en su momento. Amanecerá y veremos.

 

Por: Alexander Tique Aguilar.

En Twitter: @AlexanderTiqueA