Los recientes incendios forestales en el país develaron las graves limitaciones que tiene la Fuerza Aérea para responder ante este tipo de emergencias que están devastando la naturaleza, pero ese no es el único problema.
El general Carlos Silva, sub comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), informó recientemente a la opinión pública que las aeronaves C–130 adecuadas al sistema Modular de extinción de incendios (MAFFS II) estaba en mantenimiento y no se usaban desde 2019, lo que prendió las alarmas en medio de las conflagraciones.
Tal como lo afirma la misma institución militar en comunicaciones de agosto de 2019, esta tecnología “está especialmente diseñada para los aviones Hércules C-130, y tiene la posibilidad de descargar 3.000 galones de agua, seis veces más que los Bambi Bucket que se emplean en los helicópteros de la Institución”. Es decir, que, si hubieran estado funcionando, tendrían una mayor efectividad al apagar los incendios reduciendo el impacto de los daños.
El costo del mantenimiento le correspondía a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) debido a un convenio que establecieron con la (FAC). Por tanto, explicó el general, son ellos quienes deben asignar los recursos.
Lo insólito es que Silva reveló que se había insistido en los recursos desde el año 2022, pero les dijeron que no había plata, lo que no es nada nuevo, pues es una institución acostumbrada a planear poco.
Gracias a la denuncia hecha por la congresista Katherine Miranda, asignaron el dinero solo hasta el martes 23 de enero de 2024, momento en que ya Colombia se consumía en llamas. “¡Sabían que venía el fenómeno del niño y no hicieron Nada!”, afirmó Miranda en sus redes sociales.
Foto:(FAC)
Por otro parte, Colombia se encuentra en desventaja en materia de superioridad aérea, sus viejas y desactualizadas flotas Kfir, las cuales tienen la función de operar de frente en la lucha contra las drogas y grupos crimínales, además de defender la infraestructura crítica, empresas y recursos naturales, se acercan este año al final de su vida útil, después de 40 años en servicio.
El Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), dio a conocer recientemente un estudio donde afirman que estas aeronaves “ahora representan un gran gasto de operación y crecientes peligros para los pilotos, sin contar con que, comparativamente, se han quedado relegados ante otras fuerzas aéreas de la región”.
No olvidemos que estos cazas no solo se usan para el combate, también funcionan como un elemento disuasor ante tensiones internacionales como la de Nicaragua recientemente, y que, tras la compra de una nueva flota, hay todo un esquema de transferencia de conocimientos gracias a la regulación offset fortaleciendo la industria aeronáutica local.
Estas y otras herramientas son claves para una defensa de la soberanía nacional de un estado moderno, así como la gestión de desastres, su compra o mantenimiento no son un capricho de la Fuerza Aérea. El Gobierno Nacional debe prestar atención a los informes técnicos de las (FAC) y tomar decisiones, detener el avance en materia aeronáutica en el país es un error político que no se debe admitir, pues puede traer consecuencias graves.