En la pintoresca América de los populistas «sin filtro», de hombres francos y «honestos», de vengadores de las clases oprimidas, de perseguidores de la ideología de género y cazadores de «bad hombres”; vale la pena recordar un juicio en el que se probó que la responsabilidad de un jefe de Estado es integral, desde el discurso de odio hasta los abusos de poder cometidos por terceros.

Hace diez años concluyó el juicio más importante en la historia de la rama judicial peruana desde el tránsito a la democracia. El 7 de abril de 2009 Alberto Fujimori, presidente de la nación del 90 al 2000 fue condenado por crímenes de lesa humanidad. La justicia logró determinar su participación en dos masacres y dos secuestros, todos llevados a cabo en el marco de su política de combate al terrorismo.

Aunque sus ideas siguen vivas y el partido Fuerza Popular -cofundado por su hija Keiko- actualmente detenta la mayoría en el parlamento, nadie hoy puede negar ni los crímenes, ni el profundo daño que dejaron, a las instituciones, a las leyes y a la cultura política del Perú, diez años de ejercicio indiscriminado del poder ejecutivo.

La pregunta del millón: legalmente hablando, ¿cómo se prueba el abuso de poder de un presidente?

Autoría intelectual, material o ¿mediata?

Para la justicia peruana Fujimori fue autor mediato de dichos crímenes, eso quiere decir que mediante el control de un aparato de poder, el entonces presidente generó directrices que derivaron en acciones criminales y resultados particulares para su propio beneficio en las que además, otras personas fueron instrumentalizadas para operar fuera del marco legal.

Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos fueron los que “sin tirar del gatillo, dominaron igualmente el disparo” así lo explica el diario el Comercio de Perú al recordar el veredicto de un juicio que duró alrededor de un año y tres meses y llevó a cabo 161 sesiones públicas. Los dos exfuncionarios eran responsables del cargo que ocupaban, de las directrices de política emitidas y de su discurso ideológico.

La tesis de la autoría mediata por medio de aparatos organizados de poder hace parte de la nueva concepción de los Estados nación, y de la ley, que heredamos de las dos guerras mundiales. El penalista alemán Klaus Roxin concibió la autoría mediata en 1963 para tipificar la responsabilidad penal de Adolf Eichmann, coronel de la organización paramilitar nazi que planificó el exterminio final de la minoría judía en Europa, una joya de funcionario público.

Ver: Sobreviviente de Auschwitz recuerda el Juicio a Eichmann y los crímenes del Holocausto

La lección más importante que vale la pena recordar hoy, especialmente en países donde la autoridad del Estado es o ha sido ejercida con extrema violencia y abusos -amparados por la idea del enemigo interno-, (digamos Colombia, Venezuela, Nicaragua y Honduras, entre otros) es que la justicia sí puede perseguir a un jefe de Estado por presidir un aparato de poder que emita ordenes contrarias a la ley. La responsabilidad del crimen trasciende la cadena de mando, así el presidente no haya dado la orden directamente.

 

Ahora bien, estos “aparatos de poder” no sólo los detenta el Estado. Antes que Fujimori -en 2006- el comandante del grupo guerrillero Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, otra joya, ya había sido condenado como autor mediato, en el marco de la organización criminal que lideró, por la masacre de 69 campesinos en 1983.

Las cicatrices y lo que herdamos.

Además de los recordados crímenes de Fujimori, más de 12 de lesa humanidad, sus diez años al mando del aparato de poder peruano dejó un país fragmentado y polarizado, con partidos políticos efímeros y muchos burócratas de aquella época que, vestidos de otros colores ideológicos, han seguido haciendo política fujimorista, política clientelar.

En la región, el fujimorato nos dejó la nueva Carta Democrática Interamericana de 2001, que por primera vez habilitó a la OEA para implementar sanciones rápidamente en caso de golpe de Estado, redefinido a raíz de la experiencia peruana.

Y aunque el debate sobre las teorías de la responsabilidad penal continúe y los expertos no lleguen a un acuerdo sobre el rol de aquel que da la orden, del que se beneficia de esa orden y de quienes la reciben y ejecutan; lo que sí está claro es que quien controla o preside un aparato de poder, tiene una responsabilidad enorme con la coexistencia, la tolerancia y la paz de una sociedad.

Una última lección: Los jefes de Estado también son responsables por gobernar en Estado de opinión. Aunque medir la responsabilidad de las declaraciones, el discurso político, los comentarios y hasta la comunicación no verbal es difícil, esta clarísimo que tienen un efecto determinante en la opinión pública.

Yo, igual que ustedes, ya me puedo imaginar a más de uno de estos caudillos de izquierda y derecha respondiendo por el ambiente de zozobra, intolerancia y violencia física que construyeron desde sus cargos públicos con comentarios, trinos, discursos y órdenes que seguramente un día llegaremos a conocer en su totalidad.