Levantó los brazos en señal de victoria, los bajó, empezó a mecer su cuerpo de un lado al otro, se abrazó con una familiar que lo esperaba a la salida de La Picota, volvió a mirar a las decenas de periodistas que lo esperaban, abrió y cerró sus brazos y sonrió, con paz en su espíritu, con inmensa felicidad, disfrutando cada instante; y luego se volvió a fundir en un abrazo con su familiar.

Así salió de la cárcel La Picota la noche del 10 de septiembre del 2014 Ariel Josué Martínez, el hombre que estuvo a un paso de ser extraditado acusado de un millonario lavado de activos, cuando en verdad es un sencillo carpintero, quien no posee esos millones de pesos que dijeron que tenía, sino que lo único que lleva sobre sí es su honestidad, su amor por sus cuatro hijos, por su esposa, y su moral sin tacha.

La poderosa mano de unos hombres de los Estados Unidos que dicen hacer justicia, lo mantuvo en la cárcel desde el 18 de marzo, cuando cerca de 30 hombres del CTI y el Ejército irrumpieron en su taller, en donde tiene como equipo de sonido un radio colgado de un cable y por ‘computador’ un cuaderno en el que lleva las cuentas de su carpintería.

Se lo llevaron, como a un peligroso mafioso y luego lo mostraron a la prensa, custodiado por dos hombres del CTI y dos del Gaula, como si se les fuera a volar con esa cara de bonachón que no le valió de mucho porque detrás de todo ello estaban las autoridades de los Estados Unidos.

La ‘justicia’ colombiana lo envió a la cárcel La Picota, al pabellón de extraditados, en donde los verdaderos capos lo miraban y se preguntaban qué estaba haciendo ese hombre ahí.

Uno de esos verdaderos extraditables dijo en una ocasión que tal vez le habían clonado la cédula. Pero nadie podía creer que ese carpintero, que decía una y otra vez que no sabía siquiera prender un computador, fuera ese lavador de dólares del narcotráfico.

La extradición

Él soñó con que la justicia colombiana lo escuchara. Pero a la final, la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición y el presidente, Juan Manuel Santos, la firmó. Valía más lo que les dijera el Departamento de Estado de los Estados Unidos que las pruebas que el carpintero quería presentar.

Ni la Corte, ni el Presidente, tuvieron en cuenta las marchas organizadas por José Samuel García, presbítero del Seminario Mayor de San Vicente del Caguán, las súplicas del pueblo, los testimonios de quienes juraban la inocencia de don Ariel Josué y la gran sospecha de que se habría cometido un error.

Los medios de comunicación lo advirtieron, pero no fueron escuchados. La esposa de don Ariel, Betty Pérez, escribió un comentario en una noticia de la W el 20 de marzo. Decía: “Les pido a las autoridades que investiguen bien con lo que están haciendo con mi esposo Ariel Josué Martínez Rodríguez, porque él es completamente inocente de lo que le acusan. Este hombre es más claro que el agua. Me da tristeza de ver cómo capturan a una persona humilde y enfermo, alejándolo de su hijos. Un dolor incurable más en su vida, como cuando le mataron a su padre y sus tíos. Ojalá Dios los perdone”.

Y Héctor Rodríguez, uno de sus primos, escribió: “Soy primo de Ariel Josué Martínez Rodríguez y doy fe de la honestidad de Ariel y del sufrimiento que ha pasado después de la muerte de su padre. Esa es la justicia de Colombia, con sus falsos positivos”.

Rodrigo Martínez, hermano de Ariel, explicó en una ocasión que se enteraron de que su hermano tiene un homónimo, pero que al que buscan tiene 23 años y su hermano, 40.

Y su hermano mayor, Paulo Martínez, contó cómo les tocó salir de su tierra porque mataron a su padre y que el Estado los indemnizó con 2 millones de pesos, con lo que Ariel llegó a San Vicente del Caguán y puso su taller de carpintería, en donde ha trabajado por más de una década.

¿Investigación de seis meses?

De acuerdo con un boletín de la Fiscalía, del 20 de marzo, “cuatro personas requeridas por la justicia estadounidense fueron capturadas por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en una acción realizada en las ciudades de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Bogotá”.

Entre los capturados mencionó a Ariel y agregó que cayeron en la operación Stock black, “realizada desde hace seis años por funcionarios del CTI” (seis años para coger al que no era. ¡Qué eficiencia!).

Agregó que a los cuatro los pide en extradición la Corte del Distrito Sur de la Florida “para que respondan por los delitos de lavado de activos y concierto para lavar activos. Según la investigación, los cuatro capturados hacían parte de una organización internacional conformada por expertos del sector financiero y bursátil que realizaron operación de lavado de activos utilizando sus cargos directivos en las entidades financieras colombianas”.

La familia de Ariel insistía en que él ni siquiera tenía una cuenta y que no sabía ni manejar un computador.

Pero la Fiscalía, en ese boletín, decía que esas personas “lograron presentar como legales ingresos producto del narcotráfico por un valor de 12 mil millones de pesos creando empresas de fachada, utilizando nombres de personas fallecidas con el fin de elaborar contratos de licitación de obras públicas en el sur del país para la construcción y refacción de vías que jamás existieron y así presentar el dinero como inversión extranjera”.

¿Ariel manejando miles de millones de pesos? ¡Imposible!, dijeron los que lo conocían.
Pero Dios sabe cómo mover sus hilos, e hizo que el ministerio de Justicia dudara y que el Fiscal le enviara una carta a las autoridades estadounidenses para que revisaran si se trataba de la misma persona.

En efecto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció el error, retiró el pedido de extradición y dijo que lo van a indemnizar.

¿Indemnizar? ¿Cómo? ¿Cómo le van a devolver casi seis meses de vida que perdió tras las rejas? ¿Cómo van a aliviar el dolor de su familia? ¿El de él mismo?

Es por eso que el propio Departamento de Estado, el Presidente Juan Manuel Santos, los magistrados de la Corte, el CTI, el Gaula y todos aquellos que participaron de esta ignominia, además de indemnizarlo, deben pedirle perdón públicamente a don Ariel.

Y aparte de la indemnización de Estados Unidos, don Ariel debe demandar al Estado colombiano. No porque necesite más dinero. Por el honor que le mancillaron. Los colombianos queremos ver eso.

¿Usted qué piensa?

Twitter: VargasGalvis