Está muy bien que el gobierno reconozca que cuatro de los niños que murieron por desnutrición en La Guajira habían sido cobijados por el Icbf, pero muy mal que no tenga en la picota pública a los culpables.
¿Quién responde por ello? ¿A quiénes hay que mandar a la cárcel? ¿Quién investiga y qué investiga? No solo por los cuatro menores muertos, sino por los 93 que han dejado de existir por física hambre desde el 2014 hasta la fecha.
El Gobierno tiene una inmensa responsabilidad en lo que allí ocurrió y se ‘despertó’ tarde para hacerle frente a la situación. Ante la muerte del primer niño todo el Estado se debió haber volcado hacia ese departamento, a proteger a los niños, a alimentarlos, a salvarles la vida.
De acuerdo con el viceministro de salud, Fernando Ruiz, en el 2014 murieron 48 niños por desnutrición y en el 2015, 38. A esto debemos agregar los siete menores que han muerto en las siete primeras semanas del 2016.
Son 93 vidas inocentes que dejaron de existir por la mano de los corruptos y por la negligencia de unos gobiernos locales, regionales y nacionales y de todas las instituciones del Estado que debían haber actuado para que ni uno solo de los menores perdiera la vida.
En este momento se necesitan dos acciones de emergencia: la humanitaria, que debe llevar de inmediato todo lo que necesitan esos niños y las madres gestantes (ya se han llevado varias toneladas de alimentos y agua); y otra de fondo, que garantice en el futuro que eso nunca va a volver a suceder.
Es cierto que los indígenas Wayúu han dejado de registrar muchos niños. Pero si eso ya se sabía, ¿por qué no se fue a las rancherías a buscarlos, como ahora se está haciendo?
El ICBF dice que hay 89.000 personas en 1.500 rancherías de La Guajira. 15.000 de ellas son menores de edad y 898 sufrían desnutrición cuando el instituto llegó hasta ellos.
La directora del ICBF, Cristina Plazas, dice que los corruptos se han robado el dinero destinado a los pequeños en La Guajira. «Se han robado los recursos de los niños en La Guajira, había una mafia horrible en nuestros programas», le dijo a CM&.
Explicó que se hacían contrataciones indebidas, cobraban comisiones por contratos y, lo peor, disminuían la alimentación que daban a los niños y no se la entregaban a todos.
Necesitamos saber quiénes son, cómo se llaman sus empresas, qué cargos tenían, los nombres propios de todos ellos, que deben pagar más que unos cuantos años en la cárcel. Deben devolverles a los niños lo que se robaron y para eso se requiere de la acción seria de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación.
¿Dónde estaban la Procuraduría y la Contraloría del departamento cuando eso estaba pasando en La Guajira? Esos funcionarios regionales deben ser investigados.
¿Por qué se murieron los niños que estaban cobijados por el Icbf? Los funcionarios de esa regional, si tuvieron algo que ver con ello, así sea por negligencia, deben responder esta pregunta ante los jueces.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez, le echa la culpa al Gobierno y dice que el Ministerio Público emitió un informe en el 2012 en el que advertía de problemas en el suministro de alimentos en el departamento. Pero, ¿qué pasó en los otros cuatro años? ¿Qué hizo la Procuraduría?
Y la Contraloría, ¿Cuántas investigaciones ha hecho? ¿Cuántos juicios fiscales ha adelantado? ¿Ya recuperó por lo menos un peso de lo que se robaron los corruptos?
Por supuesto que el Gobierno de Santos y los anteriores tienen culpa en esto. Pero también la tienen todos los demás organismos del Estado que vieron lo que estaba pasando y no actuaron para evitar la indignante tragedia de unos niños muertos por física hambre.
¡Qué indignación!, ¡Qué tristeza tan inmensa!
@VargasGalvis