Guerrilleros en Buenos Aires (Cauca). Foto tomada por Juan Pablo Rueda/El Tiempo.

 

A los exguerrilleros de las Farc no se les dará un sueldo de $1’800.000, como creen muchos, sino una mensualidad equivalente al 90 por ciento del Salario Mínimo Legal, desde el momento en que se desmovilicen y durante dos años.

Tomando el actual Salario Mínimo Legal, la suma que se le daría a cada uno sería de 620.508 pesos con 60 centavos mensuales.

Lo que recibirán en dinero los exguerrilleros está establecido en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las Farc, en las páginas 67 y 68. Se puede consultar en www.mesadeconversaciones.com o en www.acuerdodepaz.gov.co

El texto dice que el dinero se les dará a partir de la terminación de las Zonas Transitorias, que será a los 180 días de la firma del Acuerdo Final, prevista para el 26 de septiembre, y se les dejará de dar en el momento en que el exguerrillero tenga un vínculo contractual que le genere ingresos. Si no ocurre esto último, el dinero lo recibirán hasta por los dos años.

Si el exguerrillero acredita que continúa en la ruta educativa establecida para la reincorporación continuará teniendo una asignación mensual “de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente”.

El Acuerdo final de La Habana también determina que cada integrante de las Farc en proceso de reincorporación tendrá derecho, por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos.

De manera adicional, cada exguerrillero de las Farc recibirá por una sola vez la suma de 2 millones de pesos, denominada ‘de normalización’.

El Gobierno garantizará los pagos de seguridad social en salud y pensiones de los exguerrilleros que no estén vinculados a actividades remuneradas, durante dos años.

También se hará un censo socioeconómico para identificar planes o programas que garanticen a los excombatientes “educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos; de vivienda; de cultura, recreación y deporte; de protección y recuperación del medio ambiente; de acompañamiento sicosocial; de reunificación de núcleos familiares y de familias extensas y personas adultas mayores, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las Farc en proceso de reincorporación”.

¿Y los campesinos?

Los campesinos van a ser grandes beneficiados por el Acuerdo Final de La Habana, que plantea toda una reforma que denominan rural y que es un verdadero revolcón agrario.

Entre otros puntos, que se pueden ver desde la página 8 y hasta la 29, hay una serie de beneficios para los campesinos y las campesinas, las mujeres cabeza de hogar y organizaciones sociales y comunitarias.

Por ejemplo, el Acuerdo plantea formalizar las tierras de los campesinos que las tienen y no poseen sus títulos, incluirlos en planes de vivienda (gratis, con subsidio y a través de créditos), darles asistencia técnica para sus cultivos, capacitación, con planes de adecuación de tierras y recuperación de suelos.

También se establece que se les dará ayuda para proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción.

Se les otorgará un subsidio integral para la compra de tierras en las zonas priorizadas y se abrirá una línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras, con medidas especiales para las mujeres rurales.

El punto 1.1.3 del acuerdo dice que “los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral y el crédito especial, serán trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada”.

Y agrega: “También podrán ser beneficiarias asociaciones de trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria”.

El Acuerdo señala que el Gobierno pondrá en marcha medidas para apoyar la generación de ingresos, la superación de la pobreza y fomentar la economía solidaria y el cooperativismo de los campesinos que ocupan predios categorizados como mini o microfundio.

Otro aparte del acuerdo dice que el Gobierno “formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia”.

Para garantizar los derechos de las personas que sean dueñas o poseedoras de las tierras, el Gobierno formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural.

Vías, salud y educación

Otros puntos del Acuerdo Final, en materia agraria, son:

Habrá un Plan Nacional de Vías Terciarias. Se trata de construir aquellas que necesitan las comunidades para sacar sus productos a los mercados. Para ello deberá tenerse la participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras.

Se creará el Plan Nacional de Salud Rural para fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio.
Habrá modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque diferencial.

Se construirán, reconstruirán, mejorarán y adecuarán las instituciones educativas rurales y se garantizará la permanencia y disponibilidad de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información.

Habrá un Plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural y un Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.

En el punto 1.3.3.3 se determina que “además de los subsidios que el Gobierno otorgará a la economía campesina, familiar y comunitaria, mediante los planes y programas de distribución de tierras, asistencia técnica, vivienda, infraestructura y, en general, de todos los bienes y servicios sociales que constituyen el acceso integral, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores y productoras con menores ingresos, que cuente con una perspectiva de género que permita a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento”

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

La provisión de recursos de capital semilla no reembolsables que permitan el arranque exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiarias de distribución de tierras.

La promoción de fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones de pequeños productores y productoras y de los medianos productores y productoras con menores ingresos.

Créditos y seguro de cosecha

Se adoptará un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario.

La provisión “de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina, familiar y comunitaria, y actividades complementarias, y con subsidios progresivos para los medianos productores y productoras con menores ingresos, orientados a apoyar el derecho a la alimentación, la reconversión productiva y la generación de valor agregado. Las líneas de crédito subsidiadas para la compra de tierra se otorgarán exclusivamente a los pequeños productores y productoras”.

Se promoverán seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria de la economía campesina, familiar y comunitaria en todas sus modalidades.

Se fomentará una cultura de manejo de todo tipo de riesgos.

Se informará y acompañará de manera prioritaria a los pequeños productores y productoras rurales en el uso de los mecanismos de normalización de cartera, que les permita retomar la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria en sus predios para proteger su subsistencia.

Se garantizará la financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de la economía campesina, familiar y comunitaria que atiendan las particularidades y las necesidades de la región.

Habrá un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado.

El acuerdo también dice: “La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y demás planes establecidos en el presente acuerdo”.

@VargasGalvis