Primero hay que entender qué es lo que quieren decir los amigos del NO al plebiscito cuando dicen que nos convertiremos en otra Venezuela.

El régimen que promovió e hizo realidad Hugo Chávez, con la ayuda de Cuba y otros países, fue posible porque los venezolanos lo apoyaron. Lo eligieron y lo reeligieron. Poco a poco se dio la transformación de una Venezuela democrática a una que practicaba un tipo de ‘socialismo’ que heredó Nicolás Maduro y que hizo metástasis.

Colombia es absolutamente distinta. Es una democracia, con institucionalidad y separación de poderes, que no podría, de ninguna manera, convertirse en un régimen chavista. No es lógico pensar que de un momento a otro, porque se desmovilizaron las Farc, los colombianos se van ir a las urnas a elegirlos y a cambiar el modelo político del país.

Temen algunos que Colombia se convierta en un Castro-Chavismo, pero la verdad es que no existe tal Castro-Chavismo. Lo que hubo fue un apoyo de Castro al gobierno de Chávez. Pero no hay una corriente ideológica Castro-Chavista que alguien pueda imponer en un país democrático como Colombia.

Lo que sí hay en el país vecino es una grave crisis política, económica e institucional, a tal punto que no se consiguen alimentos ni medicamentos, la inseguridad se ha disparado a niveles insospechados y el propio venezolano clama ahora un cambio con urgencia.

Venezuela tiene la inflación más alta del mundo: a junio alcanzaba 487,6 por ciento en los últimos 12 meses; mientras que Colombia, a agosto de 2016, alcanzaba solo el 8,10 por ciento, tomando también los últimos 12 meses.

Entonces, Colombia está muy lejos de llegar a eso. Con su economía sólida, un régimen democrático, unos poderes independientes, el respaldo de la comunidad internacional y sobre todo con la convicción y la inteligencia de cada colombiano y colombiana, jamás podría existir en Colombia un desgastado ‘socialismo’ al estilo Chávez, y menos por el hecho de que se vayan a desmovilizar menos de dos decenas de miles de guerrilleros.

El Acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno y las Farc (que se puede ver en www.mesadeconversaciones.com) está muy, pero muy lejos de contemplar siquiera un modelo político o económico como el de Venezuela.

Todo lo contrario: es un tratado de reconstrucción del campo, de dignificación de las víctimas, de apertura democrática, de seguridad jurídica, que respeta y hace partícipes a los órganos del poder como las Cortes, el Consejo de Estado, el Congreso, el propio Ejecutivo.

En el Congreso

Tampoco debemos tenerles miedo a las Farc en el Congreso, por el hecho de que el movimiento político que creen va a tener cinco curules en la Cámara (hoy existen 166 escaños); y cinco en el Senado (hoy existen 102). Es claro que estarán en una gran minoría. Y que ni con coaliciones podrán imponerse sobre los demás partidos.

Habrá 16 curules más para organizaciones sociales. Tendremos que mirar a qué organizaciones sociales y comunitarias se las van a adjudicar. Pero incluso si estas se unieran con el partido que funden las Farc, no tendrían la fuerza suficiente para cambiar las instituciones al punto de convertir a Colombia en un territorio socialista.

Para que Colombia se convirtiera en una Venezuela con el nacimiento del partido político de las Farc se necesitaría que este controlara el Congreso, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Presidencia de la República, las gobernaciones y alcaldías, la Fiscalía, la Procuraduría… Y todos sabemos que eso no va a pasar. 

Si es por las vallas que dicen Timochenko Presidente, nos podemos preocupar menos, porque, por ejemplo, la de Santa Marta la mandó poner un congresista del Centro Democrático para asustar a los votantes, para que salgan corriendo a las urnas a marcar No, para cerrarle el paso al supuesto candidato presidencial que, a todas estas, ha dicho que no tiene ni las más mínimas ganas de ser presidente de la República.

Le preocupaba a un bloguero que las Farc utilizaran todo su dinero para convertirse en un partido potente, pero aquí tenemos que ver dos cosas: por un lado el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ya anunció que se lanza a la caza de todos los dineros de las Farc; y por el otro, el Gobierno notificó a las Farc que si se utilizan dineros ilícitos en la financiación del partido que ellos creen, este perderá de inmediato su personería jurídica.

Y los propios guerrilleros saben que si utilizan esos dineros ilícitos y los cogen haciéndolo, serán juzgados sin dilación por la justicia ordinaria, como también lo advirtió el Fiscal.

Así es que no temamos. No vamos a ser otra Venezuela. Ni económica, ni políticamente.

@VargasGalvis