El próximo domingo todos los colombianos tenemos una cita en los puestos de votación para dar un paso adelante en la lucha contra la corrupción.
Es una cita sagrada. Es el día en que los colombianos que estén cansados de los corruptos se pueden hacer oír y actuar para decir ¡no más!, a través de la Consulta Anticorrupción.
En total hay 36’421.026 colombianos habilitados para votar. Y para que sea válida la Consulta Popular deben votar en ella por lo menos la tercera parte de ellos, es decir 12’140.342.
Si no vota esa cantidad de personas como mínimo, habrán ganado los corruptos, porque no se podrían poner en marcha los siete mandatos anticorrupción que están en las preguntas. De ahí la importancia de que los colombianos vayan a las urnas a votar SÍ o NO, pero que voten.
Para que cada una de las siete preguntas sea aprobada, el SÍ deberá tener la mitad más uno de los votos válidos que se depositen por esa pregunta.
Por ejemplo, si 10’000.000 de personas votan en la pregunta número 3, para que sea aprobada debe tener 5’000.001 votos por el SÍ.
Por eso es tan importante que todos salgan a votar. Que sea una verdadera revolución del pueblo contra los corruptos. Cada persona que se quede en casa le estará dando una oportunidad a la corrupción para que se salga con la suya. Por eso, vaya a las urnas. Vote SÍ o NO, según lo desee, pero vote.
¿Dónde votar?
En el mismo sitio en donde lo hizo en las elecciones pasadas para Presidente o Congreso. No hay necesidad de registrar la cédula. Aquí puede buscar su sitio de votación
Son siete las preguntas que se harán. Frente a cada una hay dos casillas: por el SÍ y por el NO. No está obligado a responderlas todas. Si hay una que quiere dejar en blanco, no marque.
No bajarán salario a trabajadores
La pregunta 1 busca que los congresistas y los altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 197 de la Constitución no ganen más de 25 salarios mínimos. Esos altos funcionarios mencionados en la Constitución son: Ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía, gobernador de departamento o alcaldes.
Teniendo en cuenta el salario mínimo de 2018, los congresistas pasarían de $31’249.680 (40 salarios mínimos) a 19’531.050 (25 salarios mínimos). Y los demás funcionarios mencionados no podrían ganar más de esos $19’531.050.
Los otros trabajadores del país no verán reducidos sus salarios ni se congelará el salario mínimo.
Los proyectos del Presidente
El Gobierno presentó al Congreso cuatro proyectos que van en la misma línea que algunas de las preguntas de la Consulta Anticorrupción.
En uno se exige que todos los funcionarios públicos deben hacer pública su declaración de renta al asumir el cargo y al retirarse.
Otro establece que no habrá prescripción para los delitos contra la administración y el tercero determina que un congresista no podrá permanecer en su cargo por más de tres periodos.
Una cuarta iniciativa busca que haya un documento tipo para las licitaciones en todo el país, para evitar que estas sean acomodadas.
A eso se suma el proyecto de reforma política que establece que los candidatos a corporaciones deben ser seleccionados por los partidos en unas elecciones primarias y el que determina que los delitos de secuestro y narcotráfico no son conexos con los delitos políticos.
La diferencia con los puntos de la Consulta Popular es que no abarcan las siete preguntas y no obligan al Congreso a aprobarlos. Los congresistas podrían hundir esos proyectos.
Por el contrario, si la Consulta Popular es aprobada, los congresistas estarán obligados a tramitar las reformas aprobadas de los 7 puntos de la Consulta y si no lo hacen en un año, será el Presidente quien lo haga.
Estos son los puntos de la Consulta
1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena. Además, permitirle al Estado que pueda terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado.
3. La obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar todo tipo de contratos.
4. La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan la posibilidad de decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.
5. Que los Congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares, por ejemplo, en gestiones realizadas para presentar candidatos a cargos públicos.
6. Que todos los funcionarios que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer público sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que dado el caso, se inicie de oficio las investigaciones penales correspondientes y aplicar extinción de dominio cuando haya lugar a ello.
7. Establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales.
@VargasGalvis