Ramiro Vargas Díaz, director del Consultorio Jurídico y docente del Politécnico Grancolombiano.
La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo que el covid-19 es una pandemia, y nosotros desde el 20 estamos confinados con medidas estrictas de aislamiento, que se han venido relajando hasta el punto de que hoy en día, con base en el Decreto 1076 del pasado 28 de julio, que contempla 46 excepciones, podemos decir que ya no lo estamos, y todo depende ahora del autocuidado, de la autorresponsabilidad. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha desnudado al país, ha generado estragos en varios sectores y ha evidenciado lo que todos sabíamos pero que no queríamos ver en su real dimensión; y es la gran desigualdad social que existe y que actualmente somos un país que funciona a medias. Producto de esta crisis y su impacto sobre el empleo los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres no van a seguir siendo pobres sino más pobres.
Hay sectores que no les afecta esta crisis en el buen sentido de la palabra, el sector financiero, para el cual el 2019 terminó siendo un excelente año, ya que sus utilidades alcanzaron más de $ 21,5 billones, y este año con seguridad no será la excepción, terminará también con ganancias toda vez que durante esta crisis se han mostrado insensibles, insolidarios para con todos los colombianos, perdiendo así los bancos una oportunidad de oro para haberse reivindicado con todos, aunque todavía tienen tiempo para hacerlo. Y los otros son los pensionados y la gran mayoría de los funcionarios públicos, quienes tampoco se han visto afectados en sus ingresos.
Por el contrario, el resto de colombianos sí y más cuando se tiene una tasa de informalidad del 60 por ciento. Así que mucha gente vive de lo que puede hacer en el día a día para sostener a sus familias. A esto se le añade el desempleo, que es del 19,8, es decir, 4.5 millones de personas están desempleadas, y si estas son las cifras oficiales, significa que son mucho más en realidad las personas sin empleo. Ahora con relación a otro sector, el de nuestros futuros profesionales, el panorama también es preocupante. El reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) revela que la salud mental de los estudiantes universitarios en el país ha sufrido un serio impacto a causa del confinamiento, afectando de manera directa aspectos como su autoestima, la manera como se relacionan con los demás, así como su rendimiento académico.
Al menos un 55 por ciento de ellos señalan que se encuentran más irritables o tristes que antes del aislamiento, el 48 por ciento ha experimentado fuertes sentimientos de soledad y lo que debe ser un llamado de atención, una alerta para todos, es que el 38 por ciento manifiesta problemas para encontrarle sentido a la vida y el 34 por ciento reconoce un deterioro en su autoestima.
Ahora qué decir de otro sector, el de los arrendatarios, en el que, según un informe de la revista semana, 5.6 millones de hogares tienen la condición de arrendatarios en donde el 92 por ciento que pagan alquiler lo hacen mediante contratos directos, en un mercado no formal concentrado en estratos uno, dos y tres del que no se tiene cifras ni monitoreo y que el Gobierno Nacional, con la expedición del Decreto 579 del 15 de abril, les mandó el salvavidas de suspender las acciones de desalojo, entre otras decisiones, hasta el pasado 30 de junio con el objetivo de controlar un preocupante conflicto social, conflicto que está aplazado más no controlado, porque mientras no haya ingresos los arrendatarios no podrán pagar sus arriendos.
Estos son solo algunos de los estragos causados. Y digo país a medias porque de los tres poderes públicos el judicial, con grandes esfuerzos y haciendo uso de los medios tecnológicos, está haciendo lo que puede para funcionar de la mejor manera. Sin duda un esfuerzo y trabajo que hay que reconocerle a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina B. Por otro lado, el legislativo, luego de discusiones inocuas, está funcionando de manera virtual, contrario a otros países que sí lo están haciendo de manera presencial, como por ejemplo Uruguay, Turquía y Bélgica, entre otros.
Mientras millones de colombianos de escasos recursos no tienen alternativa distinta que salir a trabajar todos los días, nuestros congresistas no, ¿qué los hará tan especiales? Y el ejecutivo, que en el marco del estado de emergencia está gobernando a punta de decretos, a la fecha ha expedido más de 193.
Esta situación, que muchos han denominado como catastrófica y para la cual ningún país estaba preparado, mucho menos el nuestro, ha llevado a que el gerente del banco de la república manifieste en términos económicos que «el pasado fue bueno, el presente es terrible, y el futuro es incertidumbre e impredecible, pero puede ser de gran recuperación». Yo confío en que así será.
No nos podemos permitir que nos invada, ni en lo individual ni en lo colectivo, un sentimiento de frustración, de derrota. Por el contrario, como país tenemos que entender la complejidad de la actual situación y los problemas que en el futuro inmediato, producto de la pandemia, se tendrán que afrontar.
Es ahora más que nunca que se debe cumplir el mandato constitucional de los poderes públicos. Los diferentes órganos del Estado, que tienen funciones separadas, deben colaborar armónicamente para que con el sector privado, el empresariado, la academia, los sindicatos y la sociedad civil se trabaje en fórmulas, en propuestas novedosas, en alternativas que revolucionen el mercado laboral y así lograr propósitos comunes para evitar a toda costa la próxima pandemia, que es sin lugar a dudas la desocupación laboral.