Colombia se encuentra en medio de un debate álgido que ha generado preguntas como: ¿están los colombianos que no poseen un automóvil subsidiando a aquellos que sí lo tienen debido a los impuestos y subsidios a los combustibles? Esta es una cuestión que ha generado opiniones encontradas y reflexiones sobre la equidad en la distribución de los recursos en el país. Veamos ambos lados de la moneda.
Quienes defienden la idea de que todos los colombianos, independientemente de si tienen un automóvil, contribuyen al subsidio de los combustibles, tienen un punto válido. Los recursos para mantener bajos los precios de los combustibles provienen de los impuestos generales recaudados de la población en su conjunto. Esto significa que quienes no tienen automóvil también contribuyen a financiar estos subsidios. Es importante destacar que este sistema se ha utilizado como una política social y de redistribución del ingreso para proteger a los consumidores de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y apoyar a los sectores más vulnerables que dependen de estos combustibles.
Por otro lado, algunos argumentan que este sistema puede beneficiar desproporcionadamente a los propietarios de automóviles, lo que podría no estar alineado con los objetivos reales de redistribución del ingreso y apoyo a los más necesitados. Existe una preocupación válida de que los subsidios a los combustibles puedan favorecer principalmente a quienes pueden darse el lujo de poseer y mantener un automóvil, en lugar de abordar las necesidades más apremiantes de los sectores vulnerables.
La administración de Gustavo Petro ha reconocido este desafío y ha tomado medidas para abordar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Estas medidas incluyen aumentos graduales en los precios de los combustibles y reformas al FEPC. Si estas acciones tienen éxito, podríamos ver una redistribución más equitativa de los recursos y una reducción de la carga sobre aquellos que no poseen un automóvil.
Sin embargo, la decisión del gobierno de no aumentar los precios de los combustibles en octubre de 2023, a pesar de la tendencia gradual al alza, podría tener implicaciones en el futuro. Esta medida podría generar un déficit adicional en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y, por lo tanto, aumentar la carga fiscal para el gobierno y los contribuyentes. Además, podría crear desafíos adicionales para reducir el déficit del FEPC a largo plazo y mantener la estabilidad de los precios de los combustibles. La sostenibilidad de esta política dependerá de la evolución de los precios internacionales del petróleo y de las medidas futuras del gobierno.
Finalmente, la discusión sobre si los colombianos sin automóvil están subsidiando a los conductores es un debate profundo que involucra cuestiones de equidad, política fiscal y distribución de recursos. Es un recordatorio de que las políticas económicas y sociales deben ser revisadas y ajustadas para garantizar que reflejen adecuadamente las necesidades y circunstancias cambiantes de la población. Es un tema que merece una discusión abierta y fundamentada para llegar a soluciones que beneficien a todos los colombianos.
Por:
Alejandro Toca
Docente de Administración Pública