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¿Es la universidad un ente que aporta a la consolidación de sociedades justas e inclusivas? Las instituciones de educación superior aportan desde los tres ejes que fundamentan su misionalidad ante la sociedad: academia, investigación y extensión. Desde la academia, promoviendo espacios de clase donde prime la reflexión sobre los problemas del país y un sentido de solidaridad y respeto por la diferencia. Desde la investigación, con proyectos en los territorios en donde se pueda recoger el caleidoscopio de concepciones de justicia, y con ello contribuir a una visión que no esté solo apegada al discurso legalista, sino a la vida cotidiana de las comunidades. Desde la extensión social, con la apertura de oficinas de inclusión, fortalecimiento de programas de bienestar sociales y promoción de eventos, seminarios en los que se articulen con instituciones estatales, poder judicial y organizaciones de la sociedad civil.
Existen tres desafíos clave:
- Recuperar la confianza en las instituciones judiciales. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el DNP reveló que el 85% de los colombianos creen poco y nada en la Justicia, y que un 70% opina que los procesos judiciales son lentos y demorados, lo que lleva a una sensación de impunidad y aun peor de solución de controversias y conflictos con mecanismos parainstitucionales, lo que nos lleva al segundo punto.
- Neutralizar las estructuras de gobernanza criminal, caracterizadas por la capacidad de organizaciones al margen de la ley para resolver conflictos e impartir justicia. Desde el 2014, Fescol a través del Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza, había planteado la necesidad de implementar acciones proactivas en torno a esta problemática, y cómo deterioraba la democracia, en la medida que las poblaciones interiorizaban la participación de ilegales como mediadores de la comunidad. Esta situación se ha incrementado en el contexto del posacuerdo, dónde la misma sociedad ha reclamado que la ausencia de estructuras ilegales ha deparado en escenarios de escalamiento de conflictos sociales y desorden en la regulación de la vida cotidiana.
- Despolitizar y desmediatizar la justicia. En el tiempo reciento los funcionarios judiciales han intentado copar las portadas de los medios de comunicación, realizando declaraciones que intentan controvertir decisiones de poder ejecutivo. Por supuesto, la respuesta del ejecutivo ha generado más daños, pues de manera constante se ve más una pelea de egos y de cálculos electorales que un diálogo que apunte a un trabajo en conjunto. Los investigadores Estanislao Escalante y Fernanda Maldonado realizaron al respecto un interesante trabajo para la Universidad Externado en el que corroboran cómo la exposición en radio, prensa y televisión de los jueves o funcionarios judiciales, afectan e inciden en el debido proceso y la presunción de la inocencia.
Tres acciones se deben concretar atendiendo a dinámicas, institucionales, territoriales y culturales:
- Institucional: es urgente renovar protocolos de coordinación y cooperación interinstitucional, entre los operadores de justicia (policías, fiscales, jueces, instituciones), y así evitar las luchas por visibilizarse como único responsable/culpable de acciones a favor o en contra del acceso efectivo/lento de la justicia. Al respecto, se debe implementar con más decisión metodologías de aprendizaje compartido como las Lecciones Aprendidas, y de las cuales el Banco Interamericano de Desarrollo tiene orientaciones precisas y prácticas.
- Territoriales: los escenarios de posacuerdo y paz territorial abrieron paso a nuevas dinámicas de la criminalidad y sensación de vacío de justicia en los territorios. En esta dirección, se hace urgente no solo hacer presencia con institucionales y burocracia estatal, sino fortalecer mecanismos de justicia comunitaria, casas de la justicia, jueces de paz, conciliación en equidad y resolución pacífica de conflictos, con capacitaciones y apoyo permanente a los lideres comunitarios que lideran estos procesos. La experiencia de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia ha demostrado un proceso de más de dos décadas en las que se ha aportado en la cualificación y redimensionamientos del concepto de justicia en el ciudadano de a pie.
- Culturales: la recuperación de la confianza en la justicia depende de una estrategia de comunicación que atienda momentos de crisis, evite la declaración inoportuna en medios de comunicación y divulgue de manera permanente los diversos mecanismos que tienen los ciudadanos para promover la justicia. Por otro lado, es prioritario que los nombramientos de altos funcionarios de la administración judicial estén protegidos de intereses políticos y querellas ideológicas, que están ocasionan do los denominados choques de trenes o las especulaciones de “golpes blandos” a la estructura democrática y del Estado de Derecho. Y para finalizar, no perder de vista la necesidad de dialogar con experiencias internacionales en la administración de justicia, y perspectivas comparadas, como se ha evidenciado con el liderazgo del El Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Por: Jaime Andrés Wilches, doctor en comunicación, docente del Politécnico Grancolombiano
