En medio del actual escenario económico de Colombia, donde la reactivación del país es una prioridad, las vigencias futuras emergen como un recurso crítico para la ejecución de proyectos de gran envergadura. Sin embargo, su gestión y ejecución han sido objeto de intensos debates y análisis por parte de expertos y autoridades financieras. La reciente presentación del presupuesto general de la nación para la vigencia del 2024 ha puesto de manifiesto la importancia de comprender qué son las vigencias futuras, su impacto en la economía y la actual coyuntura que enfrenta el país en este sentido.
La gestión de las vigencias futuras en Colombia suscita un intenso debate y preocupación en la actualidad, especialmente a raíz de la socialización del plan financiero para el año 2024. La falta de desagregación de 13 billones de pesos (según el último informe de la Contraloría, 18 billones) destinados a proyectos de inversión, como el Metro de Bogotá y las vías 4G, ha generado interrogantes sobre la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad fiscal en el manejo de estos compromisos financieros.
Las vigencias futuras, como se ha mencionado, son un mecanismo mediante el cual las entidades públicas pueden comprometer recursos financieros en períodos fiscales futuros para la ejecución de proyectos o contratos que se iniciarán o prolongarán en esos mismos períodos. Este instrumento se utiliza principalmente para financiar proyectos de infraestructura de largo plazo, cuyos costos de ejecución y pago se distribuyen a lo largo de varios años. Sin embargo, su uso plantea una serie de desafíos y riesgos que deben ser abordados de manera cuidadosa y responsable.
La normativa colombiana – Ley 819 de 2003- establece los requisitos para la solicitud y aprobación de vigencias futuras, así como las responsabilidades en su ejecución. Señala que es fundamental que las entidades públicas demuestren la disponibilidad de recursos, presenten una justificación técnica y económica del proyecto y obtengan la aprobación correspondiente del Concejo o la Asamblea. Sin embargo, la aplicación de esta normativa puede ser compleja y engorrosa, lo que dificulta su adecuado cumplimiento y control.
Ahora bien, el debate en torno a las vigencias futuras se intensifica cuando los proyectos financiados con este mecanismo no tienen un avance significativo o no cumplen con los plazos establecidos. En tales casos, la entidad pública se enfrenta a la disyuntiva de si pagar o no las vigencias futuras. No hacerlo puede afectar la ejecución de los proyectos y la inversión pública, generando incertidumbre y desconfianza en los inversionistas, así como comprometiendo el presupuesto de vigencias fiscales posteriores. Por otro lado, pagarlas sin un avance significativo en el proyecto puede ser una muestra de ineficiencia en la gestión pública y aumentar el riesgo de sobrecostos, además de potencialmente financiar proyectos que no son prioritarios o que no cumplen con las expectativas de beneficio público.
Es importante destacar que la gestión de las vigencias futuras está sujeta a una serie de factores y circunstancias específicas que pueden influir en su efectividad y conveniencia. Ciertamente, varios factores pueden influir considerablemente en la gestión y los resultados de las vigencias futuras, tales como la efectividad en la planificación y ejecución de los proyectos, la habilidad de las entidades públicas para administrarlos, la disponibilidad de fondos financieros y los cambios en el contexto económico y social del país.
El caso del Metro de Bogotá y las vías 4G es un ejemplo claro de los problemas que pueden surgir cuando no se gestiona adecuadamente las vigencias futuras. El retraso en la ejecución de estos proyectos ha generado preocupación en el gobierno y la opinión pública, poniendo en tela de juicio la eficacia de este mecanismo de financiación. Si bien es cierto que los recursos están asegurados, como lo señaló el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, la falta de avances significativos en las obras plantea interrogantes sobre la viabilidad y la eficiencia de su ejecución.
Además, la falta de una adecuada planificación y gestión de las vigencias futuras puede tener consecuencias negativas a largo plazo, como el aumento del endeudamiento público, el deterioro de la calidad del gasto público y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. En este sentido, es fundamental que se promueva una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones relacionado con las vigencias futuras, con el fin de asegurar su adecuada utilización y contribuir al desarrollo económico y social del país.
A manera de resumen, si bien las vigencias futuras pueden ser un instrumento útil para financiar proyectos de largo plazo en Colombia, su gestión plantea una serie de desafíos y riesgos que deben ser abordados de manera cuidadosa y responsable. Es fundamental que las entidades públicas cumplan con los requisitos establecidos por la normativa y aseguren que los proyectos financiados con vigencias futuras se ejecuten de manera eficiente y oportuna. Sin embargo, la complejidad y las implicaciones de este mecanismo hacen necesario un debate informado y constructivo sobre su conveniencia y su impacto en la sostenibilidad fiscal y el bienestar de la población.
Por:
Alejandro Toca
Docente de Administración Pública