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Colombia ha vivido un conflicto violento durante varias décadas. A pesar de las diferentes oportunidades en que el Estado ha intentado frenar las olas de destrucción en vidas humanas, tierra y territorios, no ha sido posible acabar con el fenómeno de la guerra y las violencias se han multiplicado.
Lo que se conoce popularmente como el período de “La violencia”, y que comienza con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, dejo un número aún desconocido de desplazados, desaparecidos, madres solteras, hijos sin padres, y sobrevivientes horrorizados de unas prácticas de violencia inimaginables: mutilaciones, desmembramientos, empalados, etc.
La literatura y el cine se quedaron cortos para poder narrar lo que había pasado en catorce años de total ley del más fuerte en varias regiones del país, en donde el Estado no pudo controlar a pájaros y chulavitas, y a los cachiporros, como fueron conocidos los bandos enfrentados en el campo, en el nombre de los partidos tradicionales: conservadores y liberales.
La violencia descrita magistralmente por Monseñor Guzman, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna -en su libro informe “La violencia en Colombia: estudio de un proceso social”-; nos invitaba a pensar que la violencia extrema de la que éramos testigos no era una simple ola de locura colectiva como se ha querido siempre mostrar este proceso, al contrario, evidenciaba las luchas no resueltas en el campo por la tierra, las violentas relaciones de trabajo entre hacendados y campesinos, y la falta de participación y oportunidades para la Colombia social.
La policía se politizó convirtiéndose en un brazo armado de un partido en particular: el conservador, y las fuerzas militares, imbuidas en la guerra contra el comunismo, también aportaron buena cuota de esa violencia para la contención de un problema que era más social que militar: escuelas, puestos de salud, distritos de riego, etc. Para la década del sesenta, lejos de apaciguarse la violencia, resurgieron grupos insurgentes y el ciclo mortal tomó nuevos aires.
A esa violencia de carácter más político, se sumó luego la violencia delincuencial y paramilitar del narcotráfico que, desde finales de los setenta, despliega una guerra sucia contra líderes de todo tipo y a punta de masacres termina haciendo emerger de manera sistemática el desplazamiento forzado en Colombia.
La variedad de actores armados, la incapacidad del Estado para resolver el conflicto y la guerra, el combustible del narcotráfico, y tristemente la perversidad de la violencia, son elementos que han venido caracterizando nuestros ciclos de violencia como los señala la antropóloga Maria Victoria Uribe, en textos como “Matar, rematar, contramatar” y “Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia”.
El número de personas afectadas por todo este repertorio de violencia extrema se cuenta en miles en Colombia. Se habla de más de 7 millones de desplazados, 9 millones de afectados por algún acto violento, 80 mil desaparecidos, 18 mil menores reclutados forzosamente, 6 mil ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, etc. Son cifras innegables que evidencian la vorágine de la guerra.
Por eso el reconocimiento de la verdad del conflicto ha sido una tarea pendiente durante estos mismos largos años, asumir responsabilidades individuales por acción y/o omisión de los hechos de la guerra, por habernos acomodado ante el televisor simplemente a mirar cada uno de los eventos violentos mientras no nos alcanzaran nosotros. Sin el compromiso social, político y ético de explicarnos la razón de estas violencias.
De los procesos de paz, que han intentado cerrar estos ciclos, nace la Ley 1448 de 2011, que reconoce a las víctimas, su derecho a la verdad y la restitución de tierras, y que en su artículo 142, establece la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
Por eso la Licenciatura en Ciencias Sociales, invita a pensar la situación de las victimas en cada uno de los territorios donde están nuestros estudiantes, sabemos que muchos de ellos hacen parte de las cifras de victimización que ya hemos señalado.
Además, desde el impulso a la Cátedra de la Paz y la Ley de Enseñanza de la Historia, quiere reconocer el papel vinculante de la memoria y la historia en la escuela, y abrir espacios, para la búsqueda de la verdad, el perdón, la reparación y la reconciliación en las aulas de clase a partir del acercamiento y comprensión de la violencia en Colombia, desde la investigación y la acción en los territorios de nuestros estudiantes.
En este sentido nos unimos a esta conmemoración e invitamos a nuestros profesores y estudiantes a reconocer la importancia de la misma para la consolidación de una sociedad más democrática y pacífica.
Por:
Doris Lised García Ortiz
Doctora en estudios sociales
Coordinadora Licenciatura en Ciencias Sociales
Líder del semillero de investigación: Educación y paz, memoria y territorio
Politécnico Grancolombiano
