El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) atraviesa por una coyuntura crítica, presentando un desfase financiero de 21,4 billones de pesos en 2023, cifra que integró un dato histórico acumulado de 103,9 billones al cierre de ese mismo año. Lo anterior, consecuencia directa del congelamiento del precio de la gasolina y el ACPM (diésel) durante más de cuatro años, lo que ha creado una brecha significativa entre los precios internacionales y nacionales del combustible. Esta situación no solo ha impactado negativamente el presupuesto nacional, sino que también ha generado presiones económicas y sociales apremiantes.
El déficit del FEPC ha exigido una reasignación constante de recursos adicionales del presupuesto nacional para cubrir sus obligaciones, una situación insostenible a largo plazo. Ante esto, ha surgido una presión creciente para aumentar el precio del diésel, con el objetivo de reducir y aliviar la carga fiscal. Sin embargo, un aumento en el precio del combustible podría tener un impacto negativo en la economía y en el costo de vida de los colombianos, lo que ha buscado evitar el gobierno actual.
En este contexto, el gobierno ha implementado diversas iniciativas para enfrentar la situación, como el desmonte gradual del subsidio a la gasolina, la solicitud de un incidente de impacto fiscal ante la Corte Constitucional (desestimado por esta), y el diálogo con el sector de transporte de carga para poner fin al subsidio al diésel (una tarea compleja). Adicionalmente, se ha propuesto un aumento del cupo de endeudamiento, que actualmente se encuentra en trámite en el Senado y que, de aprobarse, podría mejorar las condiciones y expectativas de crecimiento del país.
Un elemento crucial en esta estrategia es la expedición del Decreto 0763, que adiciona un artículo al Decreto 1068 de 2015, introduciendo un mecanismo diferencial de estabilización de precios para los grandes consumidores y aquellos consumidores finales que consuman un promedio anual de más de 20,000 galones mensuales. Esta modificación, busca ajustar el mercado interno de combustibles a los precios de paridad internacional, asegurando que los precios internos no sean inferiores al precio internacional de referencia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha indicado que la reforma propuesta permitirá un ahorro significativo de $50 mil millones mensuales, lo que equivale a $600 mil millones anuales. Este ahorro tiene varias implicaciones y merece un análisis detallado en el contexto de los grandes consumidores de ACPM (Aceite Combustible para Motores).
El ahorro anual proyectado de $600 mil millones representa una inyección considerable de recursos que pueden ser redirigidos hacia otros sectores prioritarios del país, a saber:
- Reducción del Déficit Fiscal: En un contexto donde la hacienda pública es una preocupación constante, estos ahorros pueden contribuir a mejorar la estabilidad fiscal y reducir la dependencia de la deuda pública.
- Inversión en infraestructura y servicios públicos: Los recursos ahorrados podrían ser reinvertidos en proyectos de infraestructura, educación, salud, y otros servicios públicos esenciales, promoviendo la tan nombrada reactivación económica.
Por tanto, este mecanismo diferencial de estabilización de precios tiene varias implicaciones significativas, como que al fijar el ingreso al productor como mínimo al precio de paridad internacional, se asegura que los precios de los combustibles sean más predecibles y estables. Esto permite a las empresas planificar mejor sus presupuestos y operaciones a largo plazo, manteniendo su competitividad en el mercado internacional.
Sin embargo, aunque los precios estables pueden ayudar en la planificación, si los precios internacionales son elevados, los grandes consumidores podrían enfrentar mayores costos operativos, lo que podría impactar sus márgenes de beneficio. Esto es especialmente relevante en industrias donde los combustibles representan una parte significativa de los costos totales.
La exclusión de las empresas generadoras de energía en Zonas No Interconectadas (ZNI) y los sistemas de transporte masivo de pasajeros del mecanismo diferencial es una medida clave para proteger a estos sectores de las fluctuaciones adversas en los precios de los combustibles. Esto asegura la estabilidad de los servicios esenciales y evita incrementos significativos en las tarifas de transporte para los usuarios, manteniendo la accesibilidad del transporte público.
Por otra parte, el establecimiento del ingreso al productor al precio de paridad internacional tiene el potencial de contribuir puntualmente a la estabilidad fiscal del FEPC. Al reducir la necesidad de subsidios y alinear los precios internos con los precios internacionales, se disminuye la presión financiera sobre el Tesoro Nacional, resultando en una menor necesidad de transferencias desde el presupuesto nacional al FEPC.
Además, al asegurar que los precios de los combustibles para los grandes consumidores estén alineados con los precios internacionales, se evita que estos se vean perjudicados por precios internos significativamente más altos o bajos. Esto ayuda a mantener la competitividad de las empresas en el mercado internacional, evitando desventajas competitivas y asegurando un entorno de negocio más equitativo.
Finalmente, a pesar de los beneficios potenciales, es crucial que las autoridades realicen evaluaciones periódicas para medir el impacto de esta regulación y ajustarla si es necesario. Los grandes consumidores deberán estar atentos a las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles, ya que estos influirán directamente en sus costos operativos. Además, la implementación del mecanismo diferencial requiere un nivel de complejidad administrativa, ya que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía deben establecer actos administrativos y regulaciones específicas.
El nuevo mecanismo de estabilización de precios tiene el potencial de brindar una mayor estabilidad y previsibilidad en los costos de combustibles para los grandes consumidores, mejorando su capacidad de planificación y competitividad en el mercado global. Sin embargo, también implica un riesgo de mayores costos operativos si los precios internacionales son elevados, lo que requiere una gestión cuidadosa y monitoreo continuo por parte de las empresas y las autoridades.
La situación actual del FEPC y las medidas adoptadas para abordar su déficit representan un desafío importante para el gobierno y la economía colombiana. La clave será encontrar un equilibrio entre la necesidad de reducir el déficit fiscal y la protección de los intereses económicos y sociales de los ciudadanos.
Por:
Alejandro Toca
Docente
Administración Pública