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El precio de los combustibles en Colombia: factores y dinámicas que influyen en su alza
El precio de los combustibles en Colombia ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente por su impacto en la economía y el bolsillo de los colombianos. Comprender cómo se define y qué factores inciden en su variación es clave para interpretar las dinámicas que llevan a los ajustes en los costos de la gasolina y el diésel. En este artículo, exploramos los principales componentes del precio de los combustibles y los factores internacionales que influyen en su incremento.
¿Cómo se define el precio de los combustibles en Colombia?
El precio de los combustibles en Colombia se establece a partir de varios rubros que reflejan los costos desde la refinería hasta las estaciones de servicio. Los cinco principales componentes son: -Ingreso al productor (57 %): Este es el pago que se le hace a las refinerías por el combustible. Su variación está determinada por el Ministerio de Minas y Energía, tomando en cuenta el precio internacional del petróleo y la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que refleja la cotización del dólar en el país. -Impuestos (23 %): Representan casi una cuarta parte del precio del combustible y son administrados por el Ministerio de Hacienda. Su ajuste depende de la Ley Estatutaria y del manejo del presupuesto nacional. Estos impuestos incluyen tributos nacionales que se aplican al combustible por su impacto en el medio ambiente y otros costos fiscales. -Transporte (6 %): Este costo se refiere al transporte del combustible, ya sea por tuberías o carreteras, desde las refinerías hasta las estaciones de servicio. -Almacenamiento (5 %): El combustible requiere espacios de almacenamiento en el trayecto desde las refinerías hasta los puntos de distribución, lo que agrega otro pequeño porcentaje al costo final. -Distribución en estaciones de servicio (9 %): Este rubro cubre los costos operativos de las estaciones de servicio que suministran el combustible al consumidor final. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) regula estos precios, actualizándolos una vez al año en función de la inflación establecida por el Banco de la República.
¿Qué factores que inciden en el alza de los combustibles?
El ingreso al productor es el componente más significativo, representando el 57 % del costo total del combustible. Este rubro está directamente vinculado al precio internacional del petróleo y a la fluctuación del dólar, dos variables que han experimentado grandes cambios en los últimos años.
En el pasado, el precio del petróleo y el valor del dólar tendían a tener una correlación inversa: cuando el precio del crudo subía, el dólar solía bajar, y viceversa. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta dinámica ha cambiado. Las tensiones geopolíticas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, junto con la recesión económica en Estados Unidos, han provocado que tanto el precio del petróleo como el del dólar aumenten simultáneamente. Esto ha llevado a una presión significativa sobre los precios de los combustibles en Colombia.
El papel del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)
Para mitigar los efectos de estas fluctuaciones internacionales, el gobierno colombiano creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo tiene la función de estabilizar los precios internos del combustible, compensando las variaciones internacionales para evitar que los aumentos se reflejen directamente en los precios que pagan los consumidores.
El FEPC actúa como un amortiguador: cuando los precios internacionales del petróleo suben, el fondo absorbe parte de ese incremento para evitar que los consumidores enfrenten un alza drástica. Por otro lado, cuando los precios internacionales bajan, el gobierno puede aprovechar para ajustar los precios internos y recuperar parte de los recursos del fondo.
No obstante, el FEPC ha enfrentado desafíos recientes. Tras la pandemia, el aumento en la demanda de combustibles y el incremento en el valor del dólar provocaron un fuerte desbalance en el fondo, generando una situación de desfinanciación. Esto ha limitado la capacidad del FEPC para seguir amortiguando las variaciones, lo que ha llevado a un aumento gradual en los precios internos de los combustibles en los últimos meses.
El precio de los combustibles en Colombia está influenciado por diversos factores, tanto internos como internacionales. La dependencia del país de los hidrocarburos y la fluctuación del dólar, sumada a los recientes cambios en la geopolítica global, han alterado significativamente el panorama de los precios. A pesar de los esfuerzos del gobierno, mediante mecanismos como el FEPC, los colombianos han experimentado aumentos en los precios del combustible, y se espera que esta tendencia continúe mientras los precios internacionales sigan siendo inestables.
Para los consumidores, es importante entender estos factores y cómo inciden en la economía diaria, lo que ayudará a contextualizar los futuros ajustes en el precio de la gasolina y el diésel en el país.
¿Es bueno o malo subsidiar el ACPM a largo plazo?
En Colombia, el ACPM (o diésel) es uno de los combustibles más utilizados, especialmente en el transporte de carga y público. Subsidiarlo ha sido una política común para evitar que los precios elevados afecten directamente a la población y a la economía. Sin embargo, como toda decisión económica, los subsidios al ACPM tienen ventajas y desventajas que deben evaluarse en el largo plazo. ¿Es realmente conveniente continuar con estos subsidios? ¿Cuáles son las implicaciones para la economía, el medio ambiente y la equidad social?
A favor del subsidio
Uno de los principales argumentos en defensa de los subsidios al ACPM es que protegen a sectores estratégicos de la economía. Según datos del Ministerio de Minas y Energía, Colombia consume aproximadamente 14 millones de galones de ACPM diariamente, de los cuales una gran parte es utilizada por el transporte de carga. Un aumento en los precios del ACPM podría generar un alza en los costos logísticos, lo que afectaría el precio final de los productos y tendría un impacto inflacionario significativo. En junio de 2023, la inflación anual en Colombia alcanzó el 12,13%, y un aumento adicional del combustible podría exacerbar este fenómeno, especialmente en un país donde el transporte representa alrededor del 15% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Subsidiar el ACPM actúa como un amortiguador, protegiendo a los consumidores de las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo. De hecho, en 2023, los subsidios a los combustibles representaron una inversión estatal aproximada de 17 billones de pesos, lo que ayudó a mantener los precios del ACPM artificialmente bajos, en torno a $9.065 por galón, mientras que en otros países de la región los precios superaban los $12.000.
En contra del subsidio
Sin embargo, los subsidios al ACPM no son gratuitos. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que financia estos subsidios, alcanzó los 42 billones de pesos en 2023. Este dinero representa un costo enorme para las finanzas públicas, que podría haberse utilizado en sectores críticos como la salud, la educación o la infraestructura. Continuar subsidiando el ACPM perpetúa esta presión fiscal, lo que podría limitar la capacidad del Estado para invertir en proyectos que generen crecimiento económico sostenible.
Además, el subsidio al ACPM tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. El diésel es uno de los combustibles más contaminantes, y su uso intensivo contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en 2022, las emisiones de CO₂ relacionadas con el consumo de diésel en Colombia fueron de aproximadamente 27 millones de toneladas. Esto complica los esfuerzos del país por cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, que buscan reducir las emisiones en un 51% para 2030.
Impactos en la equidad social
Desde una perspectiva de equidad, los subsidios al ACPM también generan críticas. Aunque los sectores de bajos ingresos se benefician indirectamente de un transporte más barato, la mayor parte del beneficio se concentra en los transportadores y grandes empresas que consumen diésel en grandes cantidades. Esto representa una distribución desigual de los recursos públicos, favoreciendo a sectores con mayor capacidad económica.
Además, mantener un sistema de subsidios generalizados desincentiva la innovación en energías limpias y alternativas. En lugar de promover la adopción de vehículos eléctricos o tecnologías más eficientes, el subsidio perpetúa el uso de combustibles fósiles, lo que retarda la transición hacia una economía más verde.
¿Es posible una transición?
Eliminar los subsidios al ACPM de manera inmediata no es viable sin generar un impacto negativo. Si el precio del ACPM subiera bruscamente para reflejar su costo real, que podría ser cercano a los $13.000 por galón sin subsidios, se afectaría gravemente el transporte y la cadena de suministros, lo que repercutiría en el costo de vida de todos los colombianos. Por ello, la transición debe ser gradual y acompañada de incentivos para la adopción de energías limpias. En ciudades como Medellín, por ejemplo, ya se están implementando buses eléctricos en el sistema de transporte público, una iniciativa que podría expandirse a nivel nacional con el apoyo adecuado.
A largo plazo, los recursos destinados a los subsidios, que en 2023 superaron los 17 billones de pesos, podrían redirigirse hacia la modernización del transporte, la promoción de energías renovables y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Esto no solo ayudaría a mejorar la calidad del aire, sino que también permitiría a Colombia cumplir con sus objetivos climáticos de manera más efectiva.
Para cerrar
Aunque eliminar los subsidios al ACPM es una decisión difícil, no pueden mantenerse a largo plazo. Los costos y perjuicios asociados a esta política superan claramente los beneficios. En 2023, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles alcanzó los 42 billones de pesos, una carga insostenible para las finanzas públicas. Estos recursos podrían destinarse a sectores esenciales como la educación, la salud o la infraestructura. Además, los efectos ambientales de seguir promoviendo el uso de ACPM, con sus 27 millones de toneladas de CO₂ emitidas en 2022, son contrarios a los compromisos que el país ha adquirido en la lucha contra el cambio climático.
Aunque los subsidios buscan proteger a sectores estratégicos, en la práctica benefician desproporcionadamente a grandes consumidores, como el transporte de carga, en lugar de a la población más vulnerable. Esto perpetúa una distribución desigual de los recursos, debilitando los esfuerzos por lograr una mayor equidad social.
Por ello, aunque no es una decisión sencilla, es la correcta. Mantener los subsidios socava el objetivo de una economía más equitativa y sostenible. El camino hacia el crecimiento económico sostenible debe pasar por una transición gradual, fomentando el uso de energías limpias y modernizando los sectores más dependientes del diésel. Es necesario reorientar las prioridades del país hacia un futuro más responsable con el medio ambiente y más justo para todos.
Autores:
- José Harvey Riveros Hernández. Estudiante de Administración Pública del Politécnico Grancolombiano.
- Rodrigo Atehortua Santamaría. Profesor de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano.
